El movimiento laico recela de la cita con el papa y pone los acuerdos Estado-Santa Sede en el punto de mira de sus exigencias

El movimiento laicista pone en el punto de mira los acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1976-1979, esos cuyo contenido aún aparece en los fundamentos de derecho de las sentencias del Constitucional y el Supremo que apuntalan la posición singular de la Iglesia en España. No hay discrepancias. Ese es, según los defensores de la estricta separación Iglesia-Estado, el principal tema que habría que abordar en un trato de tú a tú con el Vaticano. No obstante, tampoco hay autoengaño: la cuestión previsiblemente no entrará en agenda del encuentro de este sábado en el Vaticano. A las puertas de la primera reunión del presidente Pedro Sánchez con el papa Francisco, este sábado en el Vaticano, infoLibre reúne cuatro puntos de vista de activistas del laicismo. Sus expectativas son bajas.

“En nuestro país, incluso en la democracia, la Iglesia católica ha intentado tutelar durante años los derechos civiles en muchos aspectos (aborto, matrimonio igualitario, escuela laica) y los gobiernos, de todo signo, han buscado siempre el beneplácito del catolicismo y ello pese al avance imparable de la secularización social”, escribe el presidente de Europa Laica, Antonio Gómez Movellán. Y añade: “En nuestro país, tenemos en verdad un Estado con una religión semioficial que es financiada públicamente y que goza de privilegios propios de una religión oficial, particularmente en el sistema educativo, donde la segregación por motivos religiosos es el principal factor, después de la renta, según la OCDE, de la amplificación de la desigualdad social”.

Gómez Movellán desconfía de la reunión entre el presidente y el papa. “El viaje sorpresivo del presidente del Gobierno Sánchez al Vaticano busca, en primer lugar, arropar su propia figura con el aura de la espiritualidad papal, además de mantener, en esa visita, una especie de agenda oculta o por lo menos ocultada a la opinión pública, donde se pretende sacrificar la hoja de ruta del laicismo en el altar de la estabilidad gubernamental”, señala. Y apunta dónde debería Sánchez poner el énfasis, a su juicio: “Lo más necesario y urgente, para una hoja progresista en la secularización estatal, sería la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, que constituyen el marco jurídico de los privilegios del catolicismo en España, pero parece que no es tema de discusión en la agenda oculta de la visita de Pedro Sánchez a ese oscuro y extraño Estado que es el Vaticano”.

La filóloga Asunción Villaverde, activista por la separación Iglesia-Estado, coincide en lo esencial. Lo principal, dice, es “la derogación de los acuerdos del 76 y 79, porque es el marco en el que se envuelven todos los privilegios: económicos y educativos, legislativos...”. “Lo primero exigir la autofinanciación de la Iglesia católica”, dice. Villaverde señala el punto 5 del artículo II del pacto económico, que dice así: "La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades". “Muy hábilmente”, añade, “no puso fecha". "Han pasado 41 años. Aún seguimos esperando, supongo que in aeternum”, protesta.

A su juicio , tampoco se sostiene el mantenimiento de la casilla de la equis de la declaración de la renta, que “está pensada para colaborar en el sostenimiento de la curia y sin embargo se utiliza para pagar la propaganda de la ruinosa televisión Trece”, protesta.

Aunque es realista sobre las opciones de meter en agenda estos temas, sigue apuntando alto. A la Constitución, en concreto. “Es injustificable que un Estado que se declara aconfesional tenga un artículo en la Constitución que sea contradictorio, con lo cual se incumple constantemente. ¿Qué aconfesionalidad es esa que incluso nombra una religión específicamente en su artículo de la Constitución?”.

Primero de los acuerdos del Estado con la Santa Sede de 1976-1979, firmados por el cardenal Jean Marie Villot y Marcelino Oreja, entonces ministro de Exteriores. IL

¿Algo más? Sí. El catálogo más habitual de reivindicaciones laicistas, que incluye eliminar el artículo del Código Penal que protege los sentimientos religiosos y retirar la asignatura de religión de la escuela pública. Y hacerlo, recalca, sin caer en el “multiconfesionalismo”. “Por ejemplo, en Cataluña se ha propuesto incluir la oferta de la asignatura de religión islámica en los centros escolares”, denuncia. Cierra con las inmatriculaciones. “Han sido demasiados años de expolio. Desde 1946, la Iglesia se ha ido apropiando de numerosos bienes. Puede que la cifra supere los 100.000. De todo tipo: templos dedicados al culto, parques, pisos, fincas, locales, cementerios.. Todo ello con el oscurantismo propio de la Iglesia”.

Tampoco Villaverde espera gran cosa de la reunión, ni de las negociaciones con la Iglesia. “Mucho me temo que el Gobierno y la Iglesia católica hayan llegado ya a un acuerdo con la nueva ley de educación, porque contempla que la asignatura de Religión siga en el horario lectivo”, afirma. En inmatriculaciones espera que al final se llegue alguna solución de compromiso. “La Iglesia cederá alguno de los bienes inmatriculados indebidamente, pero a cambio de que no se publique el listado completo de inmatriculaciones”, pronostica. Es lo que temen las organizaciones contra las inmatriculaciones, como ha expuesto reiteradamente la coordinadora de las mismas.

Juanjo Picó, histórico de Europa Laica, tiene el mismo objeto en el punto de mira. “Los acuerdos con la Santa Sede son la piedra angular de los privilegios de la Iglesia. Sin quitarlos, es imposible. Son la clave”, señala. ¿Cree que hay posibilidades? “En absoluto”, responde. “No está en el programa de gobierno”, resume. A su juicio, falta voluntad política. “No hay firmeza. En todo caso, se exigirá algo con las inmatriculaciones, ya veremos. Yo temo una salida en falso”, señala Picó, que en un segundo nivel –más realista– de reivindicación pide “sacar la religión del horario lectivo”. De lo que sí se muestra convencido Picó es de que el Gobierno aguantará su agenda legislativa, incluida la Ley de Eutanasia. Lo que teme es que ello sea comprado con privilegios, como a su juicio ocurrió con la subida del 0,5239% al 0,7% de la aportación a la Iglesia por cada equis marcada, que habría servido para compensar a la Iglesia por la ley que regulaba el matrimonio entre personas del mismo sexo.

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"Fotos y buenas palabras"

“Temo que como siempre se quede todo en fotos y buenas palabras. El PSOE ha llevado y ocultado en sus programas electorales la derogación del Concordato, mucho me temo que esto no se va abordar”, señala Carles Mulet, senador de Compromís, insistente en el traslado a las instituciones de iniciativas laicistas. Su planteamiento es de máximos. Hay que cuestionar “el propio papel de la Iglesia en todos aquellos ámbitos que no le corresponden en un Estado en teoría aconfesional, la derogación del Concordato [en referencia a los acuerdos de 1976-1979] que da privilegios a la Iglesia respecto a otras confesiones, las injerencias en materia educativa, biotética...”.

También hay que replantear la política sobre el patrimonio de la Iglesia, afirma Mulet. “No se puede por una parte inmatricular frenéticamente patrimonio civil a nombre de la iglesia, que está exenta de tributos, por otra ser insolvente para el mantenimiento de ese patrimonio y tener que recurrir a fondos públicos para su mantenimiento”. Mulet también incide en que la Iglesia tiene una “asignatura pendiente con memoria histórica”, ya que “la mayoría de placas e inscripciones franquistas perviven en edificios religiosos”. Son muchos, dice, los privilegios “injustificables” de la Iglesia, como que “del erario público se pagan capellanes para centro sanitarios públicos, profesores de Religión católica en los centros educativos, casilla en la declaración de renta, exenciones fiscales incluso para inmuebles de uso no religioso..”.