Los obispos presionan a Rajoy para que adapte aún más la ley Wert a sus intereses

De las palabras pronunciadas este jueves por el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino, se deduce que a los obispos no les convence la reforma educativa del Gobierno. Y eso que la llamada ley Wert incluye viejas reivindicaciones de la jerarquía católica como que la calificación de la asignatura de Religión cuente para hacer media y para acceder a becas –esto no ocurría desde 1990– y que ésta tenga una alternativa fuerte. O que desaparezca Educación para la Ciudadanía, materia que se implantó en 2006 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que es considerada por los obispos como un instrumento que utiliza el Estado para adoctrinar ideológica y moralmente a los alumnos. 

La jerarquía católica dice ahora que el proyecto de reforma educativa que se está tramitando en el Congreso "vulnera" los acuerdos con la Santa Sede, pues, según está redactada, la asignatura de Religión no será de oferta obligatoria en Bachillerato. En este sentido, Martínez Camino señaló que "puede haber centros que no oferten la asignatura de Religión" cuando los Acuerdos establecen que esta materia "tiene que ser de oferta obligatoria por los centros y de elección voluntaria por los alumnos en primaria y secundaria". No obstante, dejó claro que los obispos no piensan quedarse se brazos cruzados y que ya están "en conversaciones" para que se "mejore". Consultado por infoLibre, el Ministerio de Educación no ha ofrecido hasta el momento ningún tipo de valoración. 

En el proyecto de ley, Religión se incluye en Bachillerato como una asignatura específica optativa más dentro de un bloque de más de diez del que los alumnos están obligados a cursar un mínimo de dos y máximo de tres. Mientras, en la ESO y en Primaria se introduce en los grupos de asignaturas específicas obligatorias con elección entre ésta y Valores Éticos o Valores Culturales y Sociales.

Si se observan los datos oficiales del Ministerio de Educación no resulta extraño ese empeño de la Iglesia por dar más presencia a la asignatura de Religión y por dotarla de una alternativa fuerte que le haga menos competencia a la hora de elegir entre ambas, si bien con la LOMCE ya no será necesario porque se podrán cursar las dos en las etapas obligatorias. En los últimos diez años la matrícula de esta materia ha bajado diez puntos. En el curso 2000/2001 cursaron Religión el 83,32% de los alumnos de Primaria, el 63,71% de los de Secundaria y el 47,68% de los de Bachillerato. Diez años después, en el curso 2010/2011, ese porcentaje bajó al 72,62, al 53,21 y al 38,16, respectivamente. En los estudios de Bachillerato en la escuela pública el porcentaje cae al 23,34%. También es llamativo el descenso que se produce en Primaria una vez que los alumnos hacen la primera comunión. 

Asimismo, en la redacción que el Gobierno remitió al Congreso se detalla que "la enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español". Y ese Acuerdo señala que "los planes educativos" en Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP –en el texto, que data de 1979, se les nombra con sus equivalentes en la época– "incluirán la enseñanza de la Religión Católica en todos los centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Por respeto a la libertad de conciencia, dicha enseñanza no tendrá carácter obligatorio para los alumnos. Se garantiza, sin embargo, el derecho a recibirla". 

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La escuela es un espacio cómodo para garantizar la influencia social y la evangelización. Los obispos lo saben y, por ello, no han escatimado en esfuerzos para, bajo Gobiernos de uno y otro signo, mantener su poder en las aulas. La puntilla la ha puesto el actual ministro de Educación, José Ignacio Wert, que con su polémica reforma educativa ha satisfecho varias de las principales reivindicaciones de la Conferencia Episcopal. Además de lo mencionado anteriormente, el proyecto de ley también blinda los conciertos a los centros que segregan por sexo, gestionados por entidades ultracatólicas, aunque estos tendrán justificar que su modelo es tan aceptable como el mixto. Y prevé que las autonomías tengan en cuenta la “demanda social” a la hora de programar la oferta de plazas en la etapa obligatoria, lo que se traduce en que esta prerrogativa primará sobre la voluntad de la Administración de proteger a la escuela pública y abre la puerta a la renovación automática de los conciertos. 

Los conciertos con centros de la Iglesia católica se pusieron en marcha en 1985, cuando el Gobierno de Felipe González implantó la doble red sostenida por el Estado para universalizar la educación básica. Hubo entonces concesiones a la enseñanza privada católica y se institucionalizó la concertada. Sectores laicistas criticaron al PSOE por sus posiciones demasiados laxas con la Iglesia. Cinco años después, en 1990, con González todavía como jefe del Ejecutivo, se puso en marcha la LOGSE. Bajo esta ley, la asignatura de Religión quedó establecida como optativa para el alumno, pero obligatoria para el centro. Era –en realidad lo sigue siendo hasta que entre vigor la nueva reforma– evaluable, aunque no contaba para la media ni tenía una alternativa fuerte como venían reclamando los obispos.

Los portavoces eclesiásticos, en una información recogida por Europa Press en febrero de 2012, aseguraron que hay 1,3 millones de alumnos en colegios concertados de titularidad de la Iglesia católica. Además, según datos del Anuario de la laicidad 2012 de la Fundació Ferrer i Guàrdia, 7 de cada 10 alumnos que cursan sus estudios en un centro concertado lo hacen en un centro religioso. Colectivos como Europa Laica cifran en 4.000 los millones de euros de dinero público que, cada año, se destinan a los conciertos de la escuela católica.