La 'Operación Kitchen' vuelve a poner el foco sobre la regulación y el control de los fondos reservados

La investigación del caso Villarejo sigue poniendo al descubierto nuevos detalles sobre el funcionamiento de la denominada policía política. El Ministerio del Interior gastó entre 2012 y 2015, con Jorge Fernández Díaz al frente del departamento, medio millón de euros de fondos reservados para financiar Kitchen, una operación ideada supuestamente para proteger al PP en el caso de su caja B. El dinero público fue destinado, entre otras cosas, a los dispositivos para la colocación de cámaras y micrófonos en el domicilio donde el extesorero Luis Bárcenas guardaba documentación, a los sobornos de su exchófer o a los seguimientos a su familia y otras personas de su entorno, aunque los investigadores sospechan que también se pudo pagar con esos fondos al falso cura que secuestró a punta de pistola a la esposa y el hijo del extesorero conservador. La documentación secreta, a la que ha tenido acceso la Cadena Ser, acredita también que la disposición de ese dinero fue aprobada por el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, imputado desde hace dos semanas en el marco de la séptima pieza del caso Villarejo, en la que se investigan todos los detalles de Kitchen.

El número dos de Interior durante la época de Fernández Díaz no ha tardado en desmentir las informaciones publicadas. Así, en un comunicado, Martínez ha señalado que los hechos que se le atribuyen son “radicalmente falsos” y que la indiciaria implicación de su persona “constituye una grave lesión del derecho al honor” si no existe “un fundamento sólido para tales insinuaciones”. A pesar de ello, las informaciones publicadas han marcado buena parte del debate político. La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha asegurado justo antes del acto de apertura solemne de la actual legislatura que abrirá una ronda de contactos con el resto de grupos parlamentarios para exigir al PP que asuma su “responsabilidad política”. “Creíamos que Adriana Lastra iba a anunciar la apertura de una ronda de contactos para dirimir responsabilidades políticas por los ERE, que supuso un desfalco para los más desfavorecidos de 700 millones de euros”, han respondido desde la formación conservadora.

La utilización y control de este dinero está regulada por ley desde el año 1995 –hasta entonces sólo regía una circular de los años sesenta–. Aprobada con el visto bueno de casi la totalidad de la Cámara Baja en un contexto de continuas noticias sobre el uso irregular de estos fondos, la norma 11/1995 establece que dicha partida incluida en los Presupuestos Generales debe destinarse a “sufragar” todos aquellos desembolsos “que se estimen necesarios para la defensa y la seguridad del Estado”. “Dichos gastos se caracterizan respecto a los demás gastos públicos por la prohibición de publicidad y por estar dotados de un especial sistema de justificación y control”, continúa la ley, que establece también que “toda la información relativa a los créditos” destinados a desembolsos reservados, así como la correspondiente a su utilización efectiva, “tendrán la calificación de secreto, de acuerdo con las leyes vigentes en materia de secretos oficiales”. En las cuentas de 2018, las últimas aprobadas, la partida de dinero público dedicada a estos menesteres se situó en los 27,86 millones de euros.

La Comisión de Gastos Reservados

La Ley, además, establece en su artículo 4 que sólo podrán consignarse créditos destinados a gastos reservados en los ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia e Interior y Defensa, correspondiendo “exclusivamente” a los titulares de dichos departamentos “determinar la finalidad y destino de estos fondos y las autoridades competentes para ordenar su realización”. Además, estos ministros deben informar “periódicamente” al presidente del Gobierno “sobre la utilización de los créditos para gastos reservados que se hayan consignado”. Un dinero que, además, está sujeto al escrutinio del Congreso de los Diputados a través de la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, ante la que tendrán que rendir cuentas semestralmente los ministros con tales partidas asignadas. “Las sesiones serán en todo caso secretas y sus miembros vendrán obligados a no divulgar las informaciones obtenidas”, establece la norma, que también contempla la posibilidad de elaborar un informe anual destinado al Tribunal de Cuentas y al líder del Ejecutivo.

Este órgano de la Cámara Baja está encabezado por la presidenta del Congreso y varios diputados, que necesitan el respaldo de al menos tres quintos del hemiciclo en votación secreta mediante papeleta en urna. Según explica a infoLibre un exmiembro de la Comisión de Gastos Reservados, suelen formar parte los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. Diputados a los que, recalca, no se les suele ofrecer en las reuniones “datos muy pormenorizados”. “Se nos explicaban las cantidades y las materias a las que se dedicaban, pero de forma muy genérica. El control era, por tanto, muy superficial”, asegura este exdiputado, que también recuerda que se les permitía “tomar notas” pero no revelar detalles sobre lo que se había tratado en el encuentro. Sólo durante la XII Legislatura, la última larga hasta la fecha –2016 a 2019–, se abordaron en la Comisión de Gastos Reservados cuestiones como la supuesta existencia de información elaborada por el CNI sobre Pablo Iglesias, el ataque informático WannaCry, los audios de Corinna o la Operación Kitchen.

La investigación judicial alrededor de este último asunto, además, ha permitido conocer los detalles de la orden que regula el gasto de los fondos reservados dentro de Interior. Según esta normativa, a la que tuvo acceso Vozpópuli, el dinero se ingresa en la cuenta corriente que el ministerio tiene abierta en el Banco de España. Cada cierto tiempo, se podrá hacer “una propuesta de disposición de fondo” al ministro, el cual dará “la orden de pago oportuna”. No obstante, el texto recoge la posibilidad de que el titular de la cartera pueda “delegar en la Secretaría de Estado de Interior”. Las cantidades, que se retiran en metálico, se ingresan “en la caja del ministro o en la caja de la Secretaría de Estado” para poder ser repartidas posteriormente en función de las solicitudes que haya hecho, por ejemplo, la Policía Nacional o la Guardia Civil. Eso sí, para poder efectuar dicha distribución “se exigirá la justificación de la aplicación dada a los fondos recibidos en la anterior entrega”. Información que se debe reflejar desde un punto de vista “orgánico, funcional y por operaciones sobre los empleos dados”.

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Durante la XII Legislatura, Unidos Podemos planteó sin éxito en el Congreso la posibilidad de reformar la norma de 1995 que regula el uso y control de este dinero público a fin de cumplir con “la exigencia del conjunto de la ciudadanía respecto a la transparencia” y homologar “la legislación española con la de los principales países democráticos en materia de clasificación y desclasificación”. La proposición de Ley registrada por el diputado Joan Mena planteaba que la información sobre estos desembolsos pasase a ser pública “una vez transcurridos 10 años desde su clasificación como gasto reservado”, un límite temporal que “excepcionalmente” podría ser ampliado por otra década cuando se acreditase que la divulgación de esta información pudiera “ocasionar un problema efectivo a la seguridad y a la defensa nacional”. Además, la reforma también contemplaba la inclusión de un apartado en el artículo 7 de la Ley 11/1995 para establecer que la Comisión de Gastos Reservados tiene que ser constituida “transcurridos treinta días hábiles” desde la sesión de investidura.

En la exposición de motivos de la proposición de Ley, el grupo de Unidos Podemos recordaba el “uso inadecuado por parte de diferentes gobiernos de este tipo de gastos”. En octubre de 2004, por ejemplo, la Sala de lo Penal del Supremo confirmó la condena de siete años de cárcel para el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, seis años para el ex director general de la Policía José María Rodríguez Colorado y cuatro años para el ex director de Seguridad del Estado Julián Sancristóbal por el caso Fondos Reservados. El Alto Tribunal consideró acreditada en su sentencia una malversación de 645 millones de pesetas –3,8 millones de euros– procedentes de estas partidas asignadas al Ministerio del Interior. La Audiencia Provincial de Madrid, cuyo fallo confirmó el Supremo, estimó probado que el que fuera secretario de Estado de Seguridad durante el Gobierno de Felipe González se lucró personalmente “en cantidades importantísimas” y sustrajo “mucho más dinero a favor de otros”, entre los que se encontraban el resto de condenados y el ex director de la Guardia Civil Luis Roldán.

Cinco años más tarde, en 2009, el Alto Tribunal dio otro nuevo varapalo a Vera confirmando una condena de año y medio de prisión por malversación de caudales públicos en el conocido como caso Maletines. La sentencia previa, de la Audiencia de Madrid, consideró probado que el ex secretario de Estado de Seguridad ordenó el pago de dinero con cargo a los fondos reservados de Interior a las mujeres de los expolicías José Amedo y Michel Domínguez para compensar la disminución de ingresos que supuso la entrada de los dos exagentes a la cárcel en 1988 por el caso GAL. Según la resolución judicial, la suma de dichos abonos mensuales, que tenían como objeto garantizar el silencio de Amedo y Domínguez, ascendió a 29,7 millones de pesetas –unos 180.000 euros–, a los que se sumaban otros 176 millones de pesetas –1,05 millones de euros– entregados en Suiza a las mujeres de los policías y otras 903.000 pesetas –unos 5.400 euros– con las que se sufragaron dos operaciones quirúrgicas de las esposas de los exagentes.