El pago de una deuda millonaria a unas monjas vaciará las arcas de un pueblo de Valencia

El pago de una expropiación de terrenos a las monjas de la Congregación del Sagrado Corazón trae de cabeza al Ayuntamiento de Godella (Valencia). Tras más de dos décadas de litigios, el Consistorio tendrá que hacer frente al pago de una deuda que en 1990 se situaba en algo más de 180.000 euros y hoy asciende a los 16 millones. Una cuantía que casi duplica el contenido de las arcas municipales y que supondrá la quiebra de un ayuntamiento de más de 11.000 habitantes, que ven amenazada la prestación de sus servicios básicos.

Una sentencia del Tribunal Supremo, favorable a la expropiación, ha situado en una posición ventajosa a la orden religiosa, que exige el pago total de la deuda sin dejar apenas margen para la negociación. Una actitud inflexible contra la que se han estrellado todas y cada una de las propuestas del Consistorio para alcanzar un acuerdo. El gobierno municipal espera sumido en la incertidumbre la respuesta al último plan económico financiero que hizo llegar a la congregación el pasado 30 de enero: una oferta que prevé la entrega de terrenos municipales por valor de tres millones de euros y el pago de 200.000 euros anuales, revisables cada tres años. Se trata casi del último cartucho en la recámara del Ayuntamiento, que teme obtener una nueva respuesta negativa.

“¿Cómo salir de este atolladero?”, se pregunta el alcalde, José Manuel San Félix, de Izquierda Unida. “Posibilidades económicas este Ayuntamiento no tiene. Estamos condenados a alcanzar un acuerdo”. Es la respuesta casi desesperada de un regidor a quien le ha tocado afrontar la recta final de una disputa que se ha prolongado casi 25 años y a la que hicieron frente otros dos gobiernos municipales. Hasta ahora, la voluntad negociadora de los anteriores alcaldes de distinto signo político (PP y PSOE) se ha topado una y otra vez con la férrea posición de las religiosas, que se han negado incluso a la devolución de los terrenos expropiados.

La Ley del Suelo del Gobierno de Aznar, un factor determinante

“También se les propuso la reversión del terreno”, explicó a infoLibre San Félix. Por esa resolución del conflicto peleó la congregación en los primeros años del proceso, llegando a presentar un recurso ante la Justicia. Una firme postura para conservar su propiedad que cambió con la llegada de la La Ley del Suelo que en 1998 aprobó el Gobierno de José María Aznar. Con la nueva norma, los terrenos dispararon su valor, desde los 180.000 euros iniciales hasta los casi 12 millones fijados por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Una cifra que, contando intereses, supera los 16 millones de euros.

¿Cómo llegaron a esta situación?

En 1990, la Ley del Suelo vigente obligó al Ayuntamiento de Godella a redactar un Plan General de Ordenación Urbana que reservaba cinco metros cuadrados de zonas verdes por habitante. Para cumplir con la norma, el gobierno municipal eligió el Parque de la Dehesa, propiedad de la Congregación del Sagrado Corazón, con una extensión de 30.000 metros cuadrados y que fue valorado en aproximadamente 31 millones de pesetas (180.000 euros).

La orden religiosa se opuso desde el primer momento a la expropiación y peleó durante 10 años en todas las instancias judiciales, hasta que en el año 2000 el Tribunal Supremo dio la razón al Ayuntamiento. El parque era legal, estaba bien ubicado y respondía a los requisitos exigidos por la ley.

Pero la nueva Ley del Suelo de 1998había convertido en urbanizable la propiedad de las religiosas y dispado el valor del metro cuadrado. También permitió a la Congregación del Sagrado Corazón abrir un nuevo proceso judicial en el que reclamaban el pago de 36 millones de euros por el terreno, ahora tasado a precio de mercado. Se zanjó en el año 2012 con la sentencia del Tribunal Supremo que falló en favor de la expropiación por un importe de 12 millones de euros.

Movilizaciones y protestas ciudadanas

“El Tribunal Supremo ha fallado en favor de la expropiación por esa cantidad, pero una cosa es que sea legal y otra que sea justo”, explica a infoLibre José Albert, vecino y portavoz de la Asamblea Ciudadana de Godella. Un movimiento vecinal que se afana en lograr que la congregación y el Ayuntamiento se reúnan para alcanzar un acuerdo que minimice los daños para el pueblo.

Por su parte, la Asamblea Ciudadana logró reunirse con la congregación en una ocasión. Sin embargo, el resultado de la cita fue infructuoso. Según relata Albert a este diario, “en ese contacto no hubo ninguna propuesta por parte de la congregación para solucionar el problema”, y a pesar de que las monjas expresaron su disposición al diálogo, la asamblea todavía espera de las religiosas algo más que una declaración de intenciones.

Tras la decisión del Supremo, que ha puesto frente a los ojos de la sociedad godellense la gravedad de un problema que repercutirá inevitablemente en la prestación de los servicios más básicos, se han sucedido manifestaciones en la calle y protestas en las redes sociales. Y a las movilizaciones les ha acompañado la polémica. Convocadas frente a la puerta del Colegio del Sagrado Corazón, suscitaron las críticas de la Asociación de Madres y Padres (AMPA), que tachó a los manifestantes de violentos y agresivos. Una acusación que la asamblea rechaza: "Violencia, ninguna. Al contrario, la Policía nos protegió contra la ira de algunos padres enfadados porque estábamos cortando el tráfico. Nuestro objetivo nunca han sino ni padres ni alumnos" declara este periódico José Albert, quien confirma que las manifestaciones continuarán celebrándose una vez al mes.

“Quien va a pagar es el ciudadano”

Pese a las previsibles consecuencias que tendrá sobre los habitantes de Godella el pago de la deuda millonaria, son todavía pocos los vecinos que se han sumado a las iniciativas de la Asamblea Ciudadana. "Hay cierta inconsciencia por parte de la población, que no sabe lo que se le viene encima. Hay gente no se da cuenta de que al final, quien va a pagar es el ciudadano que quiere tener unos servicios", reprocha José Albert. En este sentido, el concejal de Participación Ciudadana, Sostenibilidad y Tráfico, José Valenzuela, advierte de que, aunque el Ayuntamiento tiene la intención de acatar la sentencia del Tribunal Supremo, el pago de la deuda supondrá “el hundimiento total de la hacienda municipal”.

Por su parte, el alcalde José Manuel San Félix reconoce cierta inacción de los anteriores gobiernos del PP y PSOE, que “no atendieron al tema y aceptaron las condiciones como les venían dadas”. Esa forma de proceder, según San Félix, ha llevado a la situación a la que actualmente se enfrenta Godella: “En algún momento se podía haber solucionado el tema y ahora no nos encontraríamos donde nos encontramos".

Con el pronunciamiento irrevocable de la Justicia, a los vecinos de Godella les espera pagar el coste de una deuda millonaria derivada de uno de los últimos coletazos de la Ley del Suelo de Aznar. Una cruz con la que habrán de cargar de no mediar un gesto misericordioso de la Orden del Sagrado Corazón de Jesús que su Ayuntamiento espera.

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