Los partidos superaban los 180 millones de deudas en 2017, con PSOE, PP y PNV a la cabeza

Los partidos políticos acumulaban mas de 183 millones en deudas al inicio de 2017 siendo el PSOE, el PP y el PNV las tres organizaciones más endeudadas, según el último informe del Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso Europa Press, sobre la contabilidad de las formaciones políticas, que también recoge que BNG, ICV, En Marea y UPyD presentaban ese año balances negativos, al igual que dos fundaciones próximas al PSOE.

En concreto, el Informe de Fiscalización de los Estados Contables de los partidos y las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos cifra en 180,47 millones de euros la deuda de los partidos con entidades de crédito, la mayoría de los cuales corresponden a hipotecas (92,55 millones).

Pero también tenían 40,30 millones en deudas con garantía no hipotecaria y debían 47,62 millones de naturaleza electoral. Y a esto hay que sumar las deudas con prestamistas particulares, que ascendieron a 3,13 millones, con lo que al cierre de aquel ejercicio la deuda total de las formaciones políticas representaba un 37,85% de su balance.

Las formaciones con mayor nivel de deuda eran el PSOE (70,11 millones, un 56% de su balance), el PP (36,21 millones, un 35%) y el PNV (17,59 millones, el 14%).

Justo detrás, aparecían el PSC (12,26 millones, 56,39%) Izquierda Unida (11,91 millones, 56,11%) , Iniciativa per Catalunya-Verds (11,62 millones, 117,32%), Convergència Democrática de Catalunya (11,26 millones, 74,17%), Ciudadanos (6,13 millones, 32,81%), el BNG (1,54 millones, 98,36%) y Podemos (1,29 millones, 7,88%), aunque, en su caso no tenía deudas bancarias sino únicamente con terceros.

ICV: Patrimonio neto de 2,56 millones

El informe del Tribunal de Cuentas también concluye que cuatro formaciones cerraron 2016 con un balance negativo en sus cuentas. Se trata de ICV, En Marea, el BNG y Unión, Progreso y Democracia (UPyD).

La que tenía una peor situación financiera era ICV, que ya presentaba desequilibrio patrimonial en ejercicios anteriores y que cerró 2016 con un patrimonio neto negativo de 2,56 millones.

En el caso de En Marea esta cifra llegaba a los 437.486,97 euros, el BNG sumaba un patrimonio neto negativo de 48.089,14 euros, mientras que el de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ascendía a 12.537,47 euros, "incorporado al mismo el resultado negativo del ejercicio por importe de 195.100,72 euros".

Fundación Pablo Iglesias e ideas para el progreso

También registraban un balance negativo tres de las 49 fundaciones vinculadas a partidos políticos fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, destacando por su importancia cuantitativa la Fundación Pablo Iglesias y la Fundación Ideas para el Progreso, ambas cercanas al PSOE.

La Pablo Iglesias, que ahora preside el secretario de Coordinación Territorial y de las Relaciones entre el PSOE y el Gobierno, Santos Cerdán, contaba con un patrimonio neto negativo de 1,53 millones de euros. En 2017 había recibido aportaciones y donaciones por 357.550 euros y 623.240 euros en subvenciones.

De su lado, la ya extinta fundación Ideas para el Progreso, cerró 2016 con un balance negativo de 343.276,83 euros, sólo había recibido 2.000 euros de aportaciones y ninguna subvención.

El informe del fiscalizador también recoge un patrimonio neto negativo de 459.896 euros de la también ya inexistente Fundación Nafar Hedabideak, vinculada a Aralar, formación que se integró en EH Bildu.

Por su parte, la sociedad Fundación Elkartu, S.A., propiedad de Eusko Alkartasuna cerró aquel ejercicio con un negativo de 647.304,36 euros y ya entonces se entraba incursa en causa de disolución.

Los partidos declararon al Tribunal de Cuentas casi 400.000 euros como gasto electoral de las europeas, pero no lo eran

El Tribunal de Cuentas ha detectado que los partidos políticos hicieron pasar por gastos electorales de las europeas de 2019 casi 400.000 de euros que no eran tal y que, por lo tanto, decidió no tener en cuenta para el reparto de subvenciones electorales.

Así consta en el Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones al Parlamento Europeo de 26 de mayo de 2019 recientemente aprobado por el órgano que preside María José de la Fuente y de la Calle.

De hecho, el fiscalizador destaca este intento de colar como electorales gastos que no se no se corresponden con esa categoría como una de las "principales deficiencias" respecto del cumplimiento de las restricciones legales en materia de gastos electorales. En concreto, el tribunal descontó a efectos de cómputo para las subvenciones 398.727 euros en total.

De las ocho formaciones analizadas, sólo una, Coalición por Europa Solidaria que integraban entre otras, PNV, CC, Compromiso por Galicia (CxG) y Geroa Bai, no incurrió en gastos irregulares.

Por contra, la que más dinero declaró, sin serlo, como gastos electorales fue Ciudadanos, con 104.800,49, cantidad a la que hay que añadir otros 26.817 euros que gastaron en asuntos expresamente prohibidos por la ley. En total 131.617,49 euros en "gastos irregulares".

Unidas Podemos Cambiar Europa también incurrió en esta práctica intentando hace pasar como gastos de los comicios 46.456 euros. Además, el tribunal registra como irregulares otros 9.690,89 euros de gastos consignados fuera de plazo, con lo que en total suman 56.147,15.

A la zaga le va Vox, con un total de 52.660,85 gastos irregulares: 19.725, 42 por tener justificación insuficiente o directamente no tenerla y 32.935,43 euros de naturaleza no electoral.

Recorte de la subvención a Junts

Por su parte, Lliures per Europa (coalición de Convergència, el PDeCAT y Junts per Catalunya) acumuló 49.553,35 gastos irregulares (556,17 euros de "gastos prohibidos expresamente por la ley" y 48.997,18 euros que no encajaban en la etiqueta de electorales). Asimismo, se han identificado gastos electorales de cuyo pago no se tiene constancia, por 14.753 euros.

Además, la coalición recibió aportaciones privadas no identificadas por 8.859,11 euros, por lo que el Tribunal ha pedido que se recorte su subvención electoral en 886 euros, el equivalente a un 10% del importe de los recursos utilizados en la campaña electoral cuya procedencia no haya quedado suficientemente acreditada.

Los gastos irregulares del PSOE ascendieron a 25.769,55 euros, los del PP a 8.256,53 y los de Ahora Repúblicas a 6.050 euros, en todos los casos correspondientes a gastos de naturaleza no electoral.

En total, las ocho formaciones cuya contabilidad para aquellos comicios ha analizado el tribunal declararon recursos por un total de 24,40 millones de euros, de los que un 33% procedía de endeudamiento bancario, un 36% de adelantos de subvenciones electorales, un 30% de aportaciones de la propia formación política y el resto de aportaciones privadas.

Los gastos regulares que han sido considerados justificados, tras efectuarse las correspondientes comprobaciones y ajustes, sumaron 26,11 millones de euros, de los que 12,85 millones corresponden a operaciones electorales ordinarias y 13,26 millones al envío directo y personal de propaganda electoral.

Otros incumplimientos

Se reflejan, igualmente, en el informe otros incumplimientos legales en el proceso electoral tales como la existencia de fondos no ingresados en cuentas electorales, la concurrencia de deudas pendientes de pago con proveedores o acreedores y la realización de pagos una vez superado el límite temporal para disponer de los saldos de las cuentas electorales.

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En todo caso, el fiscalizador recuerda que el control que lleva a cabo en relación con los ingresos y gastos resultantes de los procesos electorales no finaliza con la fiscalización específica de las contabilidades electorales ya que la actividad económico-financiera derivada de aquellos queda integrada en las correspondientes cuentas anuales consolidadas de los partidos políticos, que son objeto de fiscalización con carácter anual.

En este sentido, avisa de que, con ocasión de esta fiscalización de las contabilidades anuales, pueden deducirse responsabilidades generadas con motivo de procesos electorales respecto de ingresos y gastos que no hubieran sido declarados, en su momento, por la formación política, siendo exigibles dichas responsabilidades ante el órgano competente según su naturaleza: la Junta Electoral Central, el Tribunal de Cuentas o los órganos de la jurisdicción penal.