Los 'pisos nicho' levantan una oleada de críticas y dudas sobre su legalidad

Barcelona ha recibido con estupor un nuevo proyecto que promete paliar, o al menos suavizar, la situación límite respecto a la vivienda que experimenta la ciudad. Lleva por nombre Haibu y su significado, colmena en japonés, es ya una declaración de intenciones. Los ya conocidos como pisos nicho tratan de hacer malabarismos legales para afianzarse en la urbe bajo un manto de indignación social e institucional. La idea consiste en habitáculos de 1,2 metros de alto por 2,2 metros de largo, que formarán parte de un espacio común compuesto por baño, cocina y sala de estar. El sistema residencial incluye, por 200 euros mensuales, suministros básicos de agua, electricidad, limpieza, internet y mantenimiento.

Sindicatos y expertos en derechos sociales han alertado ya sobre lo peligroso de la iniciativa y la dificultad de que supere las barreras legales que existen en la comunidad. Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona ya ha asegurado que ni tiene constancia del proyecto ni éste "tiene cabida en Barcelona" porque "es obvio que no cumple de ninguna forma los requisitos mínimos de habitabilidad que se exigen para poder vivir con dignidad y en unas condiciones adecuadas".

Un portavoz autorizado de la compañía, consultado por infoLibre, asegura que la intención de su empresa es asentarse en la ciudad como una alternativa habitacional para las personas con rentas reducidas. "Estamos trabajando a nivel de normativas y nos hemos puesto en contacto con muchos departamentos y técnicos para ver cómo encaja", indican las mismas fuentes, quienes reconocen que "la normativa es muy compleja y hay que definirlo todo bien". El primer paso de la compañía es dar con la fórmula precisa para articularse "a nivel asociativo o como cooperativa", citan.

El proyecto nace "para unir a un grupo de gente que por sí misma no puede acceder a la vivienda" y a quienes "ningún propietario les va a alquilar nada". Las fuentes consultadas mencionan un caso concreto, que inspiró y accionó la idea, de un "chico que cobraba 400 euros y estaba viviendo en un cajero automático". El proyecto, dicen, busca unir a personas en su misma situación y "ayudarles, intentar que se organicen como asociación o cooperativa y puedan acceder a un local para poder vivir".

Las instalaciones las selecciona la compañía. "Son locales que no salen a mercado, locales cerrados que podrían estar ocupándose para viviendas", dice el mismo portavoz, quien además señala que el primero está ya siendo reformado. La idea, insiste, es "ayudar a los residentes de la colmena para que monten su propio proyecto como comunidad". Todos ellos se constituirían como grupo y de hecho "no tendrían contrato de alquiler". ¿Dónde encajan entonces los 200 euros mensuales que requiere la oferta? "Es el coste del proyecto en sí, hemos dividido todos los gastos y nos sale esta cifra", aclaran las mismas fuentes.

Respecto a las dimensiones de los habitáculos, que no han tardado en ser calificadas de infrahumanas, la empresa aclara que ese espacio "no es la vivienda, sino la cama". Presume, incluso, de que la instalación ofertada es "lo más privada posible" para que "alguien que venga cansado de su trabajo tenga su espacio". En conjunto, se tratará de un "local diáfano donde puedan vivir catorce personas". Personas que, no obstante, deben reunir unos requisitos y acatar "normas de convivencia" impuestas por la propiedad. Los inquilinos tendrán que tener entre 25 y 45 años, contar con unos ingresos mínimos de 450 euros al mes y estar libres de antecedentes penales. Además, entre algunas de las reglas que mencionan los impulsores se encuentra la prohibición de mantener relaciones sexuales en el interior de los habitáculos o la imposibilidad de modificar, cambiar y mover los mismos.

Dudas de habitabilidad

Irene Escorihuela, jurista y miembro del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, estima que tanto la Ley de vivienda de Cataluña de 2007 como el Decreto de Habitabilidad impiden que el proyecto salga adelante. "En criterios de vivienda no puede ser calificado como tal y no podría poner la cédula de habitabilidad porque no cumple con los mínimos", explica en conversación con este diario. Ellos, considera, "plantean una vivienda para los que viven en la ciudad, parece claramente un alquiler mensual", de modo que "como uso residencial parece complicado" que salga adelante.

Según el artículo 22 de la Ley catalana del derecho a la vivienda, la calidad del parque inmobiliario atiende al conjunto de características y prestaciones que una vivienda debe tener para cumplir "eficientemente su función social, las cuales deben adaptarse a los estándares de seguridad y confort adecuados en cada momento". La misma norma señala que todas la viviendas "deben cumplir las condiciones de calidad relativas a la funcionalidad, seguridad, salubridad y sostenibilidad". Todas estas condiciones, añade el texto, "pueden concretarse por reglamento en la normativa de habitabilidad".

La normativa de habitabilidad, por su parte, detalla los requisitos que debe cumplir una vivienda para ser considerada tal. En su artículo cuarto, concreta el estándar de superficie por persona y el umbral máximo de ocupación de las viviendas. En el caso de una persona por habitación, las dimensiones de la misma serán de al menos cinco metros cuadrados; ocho metros cuadrados en el supuesto de dos personas por habitación y finalmente doce metros cuadrados si son tres personas por habitación.

La normativa aporta más detalles respecto a las viviendas de nueva y antigua construcción. Estipula, en cuanto a las viviendas nuevas, que "la habitación mínima será de seis metros cuadrados y no se admitirán superficies inferiores". En viviendas de tres habitaciones o más, "al menos en una de las habitaciones se tendrá que poder inscribir un cuadrado de 2,6 metros de lado", mientras que en el resto de habitaciones, y en las viviendas de hasta dos, "se tiene que poder inscribir un cuadrado de 2 metros de lado", que en ningún caso podrá ser invadido "por el batiente de las puertas ni por el espacio destinado a almacenamiento". En cuanto a las viviendas preexistentes, construidas antes de 1984, la normativa también establece que "las habitaciones tendrán que tener una superficie útil no inferior a cinco metros cuadrados y admitirán la inscripción de un cuadrado que haga en planta 1,80 por 1,80 metros".

También exige aspectos como "un equipo de cocina que esté formado, como mínimo, por un fregadero y un aparato de cocción", que deberán estar acompañados por un "sistema específico de extracción mecánica". El proyecto Haibu ofrece un espacio de cocina respecto al que únicamente se menciona "una encimera con armarios y varios microondas".

  Situación límite

Para Irene Escorihuela, la propuesta es "sintomática de la situación en la que se encuentra la ciudad", y una muestra de "hasta qué punto el mercado de la vivienda ofrece soluciones indignas". Este tipo de iniciativas, advierte, "no deben proliferar porque realmente es un piso nicho, no cumple con ningún estándar de vivienda digna". A su entender, la solución al problema habitacional requiere "mucha más vivienda pública y reglamentar el mercado, no puede ser una jungla en la que se ofrezcan pisos nicho".

Jaime Palomera, doctor en Antropología Económica y Vivienda, también portavoz del Sindicat de Llogaters, comparte el mismo diagnóstico. A su juicio, la iniciativa no es más que "una broma de mal gusto" que parte de "alguien que se presenta como un emprendedor y está intentando hacer negocio de la crisis y la miseria". En este sentido, reflexiona, los autores del proyecto no son más que "oportunistas" que están proponiendo "infravivienda, zulos animados e impulsados por personas que lo que están haciendo es intentar lucrarse a partir de un problema crítico".

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No obstante, Palomera advierte: "Nos fijamos en esto por lo llamativo e insultante que llega a ser, pero es mucho más llamativo lo que están haciendo los fondos de inversión". Son, a su entender, los actores protagonistas de una "situación de emergencia habitacional que afecta a la clase obrera y a la clase media". Lo demás, opina, sirve únicamente para distraer las miradas: "Esto es una broma de mal gusto que lo que hace es desviar la atención".

El activista subraya que la raíz de la burbuja del alquiler está en que el Gobierno "permite a los fondos buitre depredar el mercado inmobiliario y permite que la vivienda sea tratada no como un hogar, sino como un producto financiero". La solución, opina, "no pasa por bromas de este tipo, sino por regular el mercado".

Cuando Palomera habla de regular el mercado se refiere a poner en marcha "medidas reales para ordenar el mercado de vivienda". En primer lugar, apela a regular los precios de alquiler, "que tienen que ser proporcionales a los ingresos de la ciudadanía", y los contratos, "que tienen que ser estables". Apela también a "conseguir que la vivienda vacía, más de tres millones en España, pase a ser vivienda pública". Finalmente, sentencia, resulta clave "eliminar los impuestos especiales que tienen las socimis, que gracias a no pagar el Impuesto de Sociedades tienen entidades de inversión que compran pisos, edificios y barrios enteros, suben los alquileres de forma automática e inician un proceso de expulsión o asfixia".