El PP no quiere para RTVE lo que ya hace en sus televisiones autonómicas

El Gobierno de Pedro Sánchez ha movido ficha ante la situación de parálisis que se vive en el Consejo de Administración de RTVE y ha decidido cambian las mayorías parlamentarias necesarias para elegir a los integrantes del consejo de administración, pese a que en su momento el propio Sánchez había defendido que los dos grandes partidos tenían que pactar la composición del ente público. El actual Consejo fue elegido, como marca la ley, por dos tercios de la cámara correspondiente, saliendo seis consejeros del Congreso y cuatro del Senado. Ahora, sin embargo, 11 de ellos serán elegidos en el Congreso y cuatro en el Senado.

Un cambio que ha granjeado críticas por parte de los trabajadores del ente público y del principal partido de la oposición. En la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, acusó al Ejecutivo de crear una "TeleSánchez" mediante "un decretazo" que, a su juicio, implica "otro retroceso democrático en nuestro país" y aseguró que la intención del PSOE es "intentar mangonear RTVE hasta cuando salgan del Gobierno". Fuentes de la dirección de la formación rechazan el cambio de modelo pero no cierran la puerta a nombrar a los candidatos del Senado e incluso algunas voces apuntan a que el cambio de modelo les beneficiará cuando la derecha tenga mayoría en el Congreso.

El debate sobre la radio y la televisión pública estatal al que el PP alude constantemente —a través de quejas y preguntas parlamentarias por la contratación del humorista David Broncano para adquirir La Revuelta y de la periodista Silvia Intxaurrondo como presentadora de La Hora de la 1—contrasta con el silencio que, por regla general, ampara el férreo control que la mayoría de los gobiernos autonómicos ejercen sobre sus propios medios. En España se financian con fondos públicos una docena empresas dedicadas a la emisión de canales de televisión y de radio de titularidad públicas en los que el PP ha aplicado el rodillo.

Los conservadores también criticaron la elección de Concepción Cascajosa como presidenta interina de RTVE por ser militante del PSOE aunque la política de situar a personas afines al frente de los medios públicos no es extraña al PP. Todo lo contrario. Ha sido y sigue siendo su práctica habitual allí donde tiene oportunidad de decidir quién dirige la radio y la televisión públicas, sea las del Estado —TVE y RNE— o las autonómicas. Aunque en eso no actúa de forma muy diferente a los demás partidos, incluidos el PSOE, el PNV, Esquerra Republicana o Coalición Canaria.

El máximo responsable de Canal Sur estuvo en el equipo de Juanma Moreno

La actual ley de la radio y televisión pública en Andalucía data de 2007 y establece un Consejo de Administración de quince miembros que, tras la reforma de hace 11 años, se elige por una mayoría del Parlamento andaluz de tres quintos —la Cámara también decide, por el mismo procedimiento, cuál de sus integrantes se convierte en presidente; antes era una decisión del Gobierno autonómico—. El mandato es de seis años, para desvincularlo de las legislaturas políticas, que no pueden durar más de cuatro. La última renovación fue en 2022 tras un acuerdo a tres bandas: de los nueve asientos, cinco los eligió el PP, tres el PSOE y uno Vox.

Actualmente Juan De Dios Moreno es el máximo responsable de la Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), aterrizó en el cargo el 9 de julio de 2019 directamente desde el equipo de gobierno de Juanma Moreno (PP) en la Junta. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, con experiencia en prensa escrita y consultoría de comunicación, fue también profesor de periodismo, pero llegó a la RTVA desde la dirección general de Comunicación Social de Moreno. En una comparecencia de De Dios el pasado año en el Parlamento andaluz, los representantes de los trabajadores de Canal Sur protestaron por las injerencias en el ente público tras la llegada de Álvaro Zancajo como director de Informativos —fue cesado en diciembre de 2020 por las graves denuncias de manipulación interpuestas por los propios trabajadores y sindicato— y su sucesora, Carmen Torres.

Controlar Telemadrid: la primera norma de Ayuso tras acabar con Ciudadanos en 2021

Una de las primeras medidas de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso tras acabar con Ciudadanos en las elecciones de 2021 fue rebajar la barrera para la elección del director general del ente público hasta la mayoría absoluta, de forma que el PP no se viera obligado a buscar consensos entre los grupos del bloque progresista. Los conservadores justificaron la modificación normativa en la necesidad de "evitar bloqueos por parte de las minorías. Previamente el PP había aprobado, con la abstención de Vox, la reforma de la ley que rige el funcionamiento de Telemadrid. El cambio normativo era principalmente un torpedo directo contra el entonces director, José Pablo López, al que el propio PP designó pero forzado por la formación naranja.

Desde julio de 2021, su director es José Antonio Sánchez, un cargo que ya había ocupado entre 2011 y 2014. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y su carrera profesional estuvo muy vinculada a Luis María Anson. Nunca ha ocultado sus preferencias políticas: “Yo voto al PP. Voto al PP y seguiré haciéndolo”, reveló en junio de 2015. Fue director general de RTVE de 2002 a 2004, uno de los períodos más oscuros de la cadena pública, en la que contribuyó a impulsar el bulo de que los atentados del 11M habían sido cometidos por ETA y no por un grupo yihadista. Mariano Rajoy le devolvió a ese puesto en 2014, aunque tuvo que abandonarlo en 2018, con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Apenas dos meses antes, durante una comparecencia en la comisión mixta del Congreso y el Senado, reconoció estar “en los papeles de Bárcenas".

Alfonso Rueda sigue la estela de Feijóo con el control absoluto de la RTVG

Hace solo unos meses, ya con Alfonso Rueda al frente de la Xunta de Galicia, el PP acordó derogar de la ley reguladora de los medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia aprobada hace casi trece años, una norma modélica que nunca llegó a aplicarse porque hubiese puesto fin al férreo control que el propio Alberto Núñez Feijóo, actual líder del PP, impuso en la radio y la televisión públicas para ponerlas al servicio de sus intereses. Cumplir esa ley, que exige una amplia mayoría parlamentaria para elegir al máximo responsable de los medios públicos era precisamente el principal objetivo de los trabajadores de TVG y Radio Galega, quienes desde hace seis años denuncian cada viernes el sometimiento de su trabajo a la voluntad de la Xunta.

El director general de la gallega CRTVG es Alfonso Sánchez Izquierdo, un cargo que mantiene desde que Feijóo le nombró en 2009, hace 15 años. Titulado en 1973 por la Escuela de Periodismo de la Iglesia conserva su cargo por decisión unilateral de la Xunta. Sus prácticas censoras y su férreo control de los informativos, diseñados cuidadosamente al servicio del PP, le han valido una movilización de los trabajadores de la radio y la televisión conocida como DefendeAGalega que, desde hace 308 semanas denuncian la utilización de los medios públicos “como instrumento de propaganda partidista”.

Mazón rebajó mayorías en Les Corts para garantizarse el control de À Punt y ahora busca un presidente afín

En la Comunitat Valenciana, el presidente Carlos Mazón se encuentra inmerso en la renovación de los órganos de gobierno de À Punt, la radiotelevisión pública valenciana, tras rebajar las mayorías para garantizarse el control del órgano. Los conservadores aprobaron una nueva ley con Vox comenzaron hace solo unas semanas los contactos para proponer a los siete consejeros que eligen a las Corts Valencianes y al presidente del órgano administrativo, donde quieren situar a un cargo afín. El nuevo consejo de administración se conformará por ocho miembros, siete de los cuales serán elegidos por Les Corts, con la fórmula de la mayoría absoluta en segunda votación. El octavo será designado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), donde el PP tiene mayoría absoluta.

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Desde el entorno de Carlos Mazón se apunta al director de Cope Valencia, Sergio Peláez, como el favorito para presidir el ente público, según apuntó El Español. Aunque la formación conservadora aun no han confirmado ningún nombre, su portavoz parlamentario, Juanfran Pérez Llorca, calificó a Peláez como “un gran periodista”. La nueva ley otorga especial relevancia al director general, que tendrá más funciones que el actual. Será el Consejo de Administración quien lo proponga y el Ejecutivo autonómico quien lo nombre. 

Dos excargos del PP dirigen las televisiones de Murcia y Aragón

En el caso de Murcia y Aragón, los medios autonómicos están presididos por excargos del PP. En marzo de este año el Gobierno de Fernando López Miras situó al frente de los medios públicos de la comunidad —con el respaldo de Vox— a Juan Antonio de las Heras, que formó parte durante ocho años de dos gobiernos del Partido Popular en la época de Ramón Luis Valcárcel, primero como jefe de gabinete en las consejerías de Ciencia, Tecnología, Economía, Industria y Comercio y, después, como consejero de Presidencia y Portavocía. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Complutense y en Derecho por la UNED.

La mayoría que aupó a la presidencia regional al presidente de Aragón, Jorge Azcón (PP), también decidió en noviembre del pasado año situar como directora general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) a Raquel Fuertes Rodrigo. Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra, y con experiencia profesional en televisión, fue responsable de comunicación del Departamento de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón durante la presidencia de Luisa Fernanda Rudi (PP), en la que ejerció también como jefa de gabinete de quien hoy es consejero de Hacienda de la comunidad, Roberto Bermúdez de Castro.