El Gobierno aún no descarta pactar RTVE con el PP pero fía el decreto a los socios de investidura
Manos a la obra. El Ejecutivo se ha cansado de esperar ante la situación de parálisis que se vive en el Consejo de Administración de RTVE y la falta de receptividad del Partido Popular para renovar los puestos caducados, que ahora requieren del apoyo de los dos grandes partidos. La Moncloa se ha lanzado a cambiar el régimen jurídico de la corporación con el fin de que los conservadores ya no puedan seguir bloqueando la situación.
El Consejo de Ministros aprobó este martes el real decreto ley por el que se cambia la composición del Consejo de Administración, que pasará a tener quince miembros: once elegidos por el Congreso y otros cuatro por el Senado. De esta manera se amplía el número de asientos, que ahora son seis por votación de la Cámara Baja y otros cuatro por parte de la Cámara Alta.
El texto que ha visto la luz en el Consejo de Ministros fija, como se hace en la actualidad, una mayoría de dos tercios en las Cortes para aprobar a los nuevos consejeros. Y a la vez establece un mecanismo de desbloqueo, por lo que, en caso de no sumar los apoyos necesarios en una primera ronda, se pueda sacar adelante la composición con la mayoría absoluta.
Un consejo bloqueado y sin renovar
La principal gran novedad es que la ampliación del número de sillas en el órgano puede dar cabida a la entrada de consejeros propuestos por los socios de investidura del PSOE y de Sumar. El mecanismo actual solía funcionar con un acuerdo entre los dos grandes partidos y el PNV. El vigente consejo fue pactado en 2021 tras una ardua negociación entre Félix Bolaños y Teodoro García Egea, que alumbró el mandato de José Manuel Pérez Tornero.
Pero el consejo de RTVE está ahora mismo atrapado entre puestos sin renovar, luchas internas y el bloqueo del Partido Popular. De hecho, de los diez asientos, seis deberían haber sido renovados ya. Está el espacio vacante de Tornero, que dimitió en septiembre de 2022, y por ley se tendrían que haber elegido a cinco nuevos (por mitades cada tres años por cuotas iguales en razón de origen de la propuesta). Los actuales componentes tomaron posesión el 26 de marzo de 2021, por lo que se tendrían que haber cambiado a tres consejeros nombrados por el PP (Consuelo Aparicio, Jenaro Castro y Carmen Sastre), uno propuesto por el PSOE (Ramón Colom) y otro lanzado por el PNV (Juan José Baños).
El Gobierno arma una mayoría para el cambio
Ante esta situación, el Gobierno ha aprobado el decreto ley. De esta manera mandará a las Cortes el nuevo régimen jurídico que conlleva ampliar a quince los asientos, con un mandato de seis años y con dedicación exclusiva. Desde La Moncloa se lanza el mensaje de que se va a negociar con todos los grupos a excepción del Vox. A pesar del asfixiante clima de tensión con la oposición, en el Ejecutivo no descartan que los populares terminen entrando en el acuerdo. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, lanzó en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros: “Me atrevo a aventurar que el PP estará también en el consejo de administración”. Fuentes de La Moncloa explicaron que “todo se puede hablar”, incluso en el caso de que el PP no apoye el decreto pero luego se avenga a pactar el número de consejeros. Pero tienen claro en el Ejecutivo que quieren amar una mayoría con sus socios para sacar la reforma.
Fuentes del Gobierno reconocen que ya hay conversaciones avanzadas con algunos de los socios respecto a este cambio del régimen jurídico. Además, trasladan la idea inicial de que se quiere lograr un pacto global: tanto para convalidar el real decreto ley (que necesita de mayoría simple en el Congreso) con el reparto de consejeros que tendrán que votar luego las Cortes con el nuevo sistema en vigor.
El Gobierno tiene los votos suficientes para poder sacar adelante este nuevo consejo con los votos de sus socios aunque el PP no entre en el acuerdo. Lo que sí pueden los populares es dar luz verde a cuatro nombres en la Cámara Alta, ya que allí tienen mayoría absoluta actualmente. Reconocen en el Ejecutivo que atar los once consejeros del Congreso permite la estabilidad del futuro consejo de RTVE.
De esta manera, La Moncloa pisa el acelerador. El propio real decreto fija una serie de plazos para impulsar lo antes posible la elección del consejo. Se establece que las Presidencias del Congreso de los Diputados y el Senado tendrán que iniciar el procedimiento de elección de los 15 miembros del Consejo de Administración en el plazo de quince días naturales desde su entrada en vigor. Este proceso habrá de concluir en el plazo de quince días desde su inicio, de tal modo que el nuevo Consejo quede elegido en un periodo máximo de 30 días.
El PP, en contra
Desde el Partido Popular se rechaza el cambio planteado por el Ejecutivo porque, según su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, supone la “censura y el control absoluto” de la corporación por decreto. “No van a contar con la colaboración del primer partido de España”, resaltó el dirigente popular. El Gobierno, en cambio, defiende que esta reforma refuerza la pluralidad del próximo consejo de administración al ampliarse el número de miembros, respetando el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres, tal y como establecen las leyes de igualdad y de paridad. El ministro de Transformación Digital y Función Pública prometió que esta reforma conllevará el surgimiento del “consejo más plural de la historia del ente público”.
Desde el Ejecutivo se defiende que el cambio aportará “estabilidad” en el gobierno de la corporación. Los consejeros serán escogidos para un mandato de seis años y podrán ser reelegidos una sola vez. Las Cortes Generales aprobarán además en Pleno mandatos-marco a la corporación en los que se concretarán los objetivos generales de la función de servicio público que tiene encomendados. Estos mandatos-marco tendrán una vigencia de ocho años prorrogables. Los objetivos aprobados, recoge el decreto, serán desarrollados cada cuatro años en los contratos-programa acordados por el Gobierno con la Corporación RTVE.
