Crisis del coronavirus
Lo que la presión ciudadana ha logrado en la gestión del covid: desde el cierre de calles al fin de los menús "insanos" para escolares
Decir que nada será lo mismo una vez se supere la crisis del covid-19 trasciende el mero chascarrillo. Los ciudadanos han interiorizado el lavado frecuente de manos, se han familiarizado con las mascarillas y han descubierto que lo del teletrabajo es una posibilidad real en algunos sectores. Son solo una serie de ejemplos de la labor de adaptación ciudadana a las zancadillas que ha ido poniendo esta pandemia que mantiene a una parte importante de la sociedad encerrada en sus casas.
Pero el confinamiento y la imposibilidad de pisar la calle no ha sido un inconveniente para que las protestas ciudadanas se hiciesen oír. No ha habido manifestaciones, entregas de firmas al Congreso o concentraciones. Pero las redes sociales, las plataformas digitales y el eco de lo volcado en ellas en los medios de comunicación han sido herramientas fundamentales para que los poderes públicos recapacitasen sobre algunas de sus decisiones iniciales, rectificasen. O, incluso, pidiesen disculpas por iniciativas que se demostraron erróneas. Son las historias del éxito de la presión ciudadana en tiempos de pandemia. infoLibre recupera algunas de ellas.
1. ¿Un ERTE para sus señorías?
Ya a comienzos de abril muchos españoles comenzaron a convivir con Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE), con cierres temporales de empresas. Con el temor a que las cifras de paro se subiesen por las nubes. En definitiva, una sensación de frenazo y de incertidumbre. De miedo a que de un día a otro todo se fuese a derrumbar.
En este momento, se dirigió la mirada hacia quienes tienen la responsabilidad de gestionar esta crisis, los políticos. Y una serie de iniciativas ciudadanas pusieron el foco en lo privilegiados que son los representantes públicos al tener íntegros sus sueldos y otros complementos que les corresponden por sus actividades parlamentarias.
"Estamos viviendo momentos complicados debido al coronavirus. Todos tenemos que hacer un esfuerzo dentro de nuestras posibilidades. Considero que los políticos no deben de ser menos y mostrar ejemplo. En estos momentos no todos ellos cumplen sus funciones debido a la situación y lo justo sería aplicar un ERTE". Esta fue una de las peticiones lanzadas a través de la plataforma Change.org. Otra campaña, en la misma plataforma, buscaba apoyos para la creación de un "Fondo coronavirus" con las aportaciones obligatorias del 20% de los ingresos de todos los cargos públicos de España.
De una forma u otra, el grueso de grupos con representación parlamentaria acordaron donar parte de sus ingresos de estos meses a causas dirigidas a paliar la pandemia.
Y el Congreso, como institución, decidió en la reunión de la Mesa del 7 de abril dedicar tres millones de euros procedentes de sus remanentes presupuestarios de años anteriores a la cuenta abierta por el Tesoro Público para financiar los gastos ocasionados por esta emergencia sanitaria. También propuso destinar la misma cantidad con cargo al fondo de las Cortes Generales.
Una vez transcurra lo peor de esta pandemia será el momento de hacer balance de lo aportado por cada parlamentario, porque no todos los grupos han tomado decisiones similares. En esta información pueden encontrarse algunos detalles de este debate y las decisiones de los partidos.
2. ¿Pizza para todos?
Con el cierre de los colegios, los menores más desfavorecidos han quedado en una situación más precaria todavía. ¿Quién iba a garantizar que las comidas que se les proporcionan a estos niñosen los centros educativos llegasen ahora a las mesas de sus domicilios?
Por lo polémico del episodio, el caso de la Comunidad de Madrid ha sido uno de los que más enfado ciudadano han acumulado. En el mes de marzo, las redes sociales se llenaron de imágenes de algunos de estos menús que no dejaban dudas sobre lo poco equilibrado de los mismos: pizzas, fritos... La Consejería de Educación había llegado a un acuerdo con Telepizza y con Rodilla, una cadena especializada en sándwiches.
"Para los que critican sin saber: ni los ayuntamientos, ni la hostelería, ni las empresas de distribución pueden hacer llegar 11.500 comidas cada día a los escolares", defendía en Twitter la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mientras estaba aislada tras haber contraído el virus. Era el 18 de marzo de 2020.
Desde el Gobierno regional intentaron defender prácticamente lo indefendible: que los menús respondían a las necesidades alimentarias de los menores. Pero las críticas de asociaciones, médicos especializados en nutrición, padres y partidos de la oposición se incrementaron. Tras dos meses de reproches y un requerimiento del ministerio que lidera el vicepresidente Pablo Iglesias instando a Ayuso a revisar sus menús escolares de comida rápida si quiere recibir ayudas del Gobierno, se avecina un cambio.
El 18 de mayo expira el acuerdo de la Comunidad con Rodilla y Telepizza. "En 11 días finalizan los contratos con las empresas. Estamos analizando ver alternativas a esta solución que fue temporal. Soy consciente de que este tipo de menús no se pueden extender de forma indefinida", ha admitido recientemente la presidenta. Todavía no se han anunciado las nuevas empresas proveedoras.
Esta polémica ya ha dejado frases para la hemeroteca tan sorprendentes como esta de Ayuso en la Asamblea de Madrid: "Que le den a un niño una pizza no creo que sea un problema". Y un intercambio de cartas de la presidenta con la fundación Gasol, la de los hermanos baloncestistas Pau y Marc. La organización, que fomenta la alimentación sana entre los más jóvenes, había mostrado su preocupación por estos menús. "Los menús de comida rápida fueron una solución de urgencia", fue su respuesta. Una "solución de urgencia" que se ha extendido por dos meses.
Otra rectificación de Ayuso tiene que ver con los contratos a los sanitarios. Esta misma semana, la presidenta de la Comunidad de Madrid avanzó que renovará hasta diciembre a los 10.000 profesionales sanitarios que han trabajado en la crisis del coronavirus. Sindicatos y profesionales llevaban semanas demandando ese compromiso.
4. Calles cortadas y (algunos) parques abiertos
El pasado fin de semana, el Gobierno aprobó unas medidas para el inicio de la desescalada que permitieron salir a la población a la calle por franjas de edad, siempre recomendando el empleo de medidas de protección. En municipios pequeños este nuevo paso se produjo sin mayores incidencias. Pero en ciudades como Madrid o Barcelona algunas de las imágenes que se difundieron eran bastante preocupantes. "Abran los parques. Restrinjan el espacio a los coches ahora que el tráfico se ha reducido de forma significativa", pedían los ciudadanos.
Este es el segundo fin de semana con las medidas para la salida a la calle más relajadas. Y, pese a que los ciudadanos piden a sus gobernantes que abran más la mano con el espacio público, ya se han dado algunos pasos para evitar concentraciones tan preocupantes como las de la semana pasada.
Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid ya ha anunciado que va a realizar cortes temporales al tráfico rodado en varias zonas de los 21 distritos de la capital "para reservar mayor espacio al peatón y permitir, así, garantizar la distancia de seguridad entre los ciudadanos frente a posibles contagios del covid-19".
En total, los madrileños podrán disponer de 19,4 kilómetros y 235.000 m extra durante las fases de desescalada en las que tienen autorizados los paseos y las actividades deportivas al aire libre. Además, se han reabierto desde este viernes "todos los parques y zonas ajardinadas de la ciudad en su horario habitual" salvo 19 excepciones entre las que está el parque de El Retiro, una de las demandas ciudadanas que todavía no he recibido luz verde por parte del equipo de Gobierno que lidera José Luis Martínez-Almeida (PP). En este caso, la negativa tiene como base evitar "aglomeraciones".
En Barcelona se han habilitado 21 kilómetros extra para ciclistas y 12 para peatones. Y en Sevilla este fin de semana se peatonalizarán once calles.
5. Terrazas de 30% al 50% del aforo
A partir de este lunes 11 de mayo, las comunidades, provincias o zonas que hayan obtenido permiso del Ministerio de Sanidad para pasar a la fase 1 pueden, entre otras cuestiones, permitir a sus hosteleros abrir las terrazas de los establecimientos siempre y cuando sean ocupadas como máximo al 50%. Es la forma en la que los técnicos consideran que pueden darse unas garantías mínimas en lo que al respeto de la distancia de seguridad se refiere. Pero este 50% máximo de ocupación no fue el punto de partida original. Es fruto de la pelea de muchos de los dueños de estos locales que consideraban que abrir con el 30% inicial que planteó el Gobierno no les venía a cuentapelea porque no les permitía recuperar a sus empleados incluidos en ERTE.
Asociaciones de toda España habían criticado la imposibilidad de hacer así rentable el negocio.
6. El lío de las salidas a la calle con menores: ¿De la farmacia al súper?
La decisión del Gobierno de permitir la salida de los menores de 14 años a la calle a partir del domingo 26 de abril también se prestó a mucha confusión. Primero, parecía reservado a que los menores acompañasen a sus padres al supermercado o a la farmacia, por ejemplo. Después, el enfado ciudadano y el debate en el seno del Gobierno condujo a una rectificación.
Era ya por la noche del 21 de abril cuando ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciaba que iba a permitirse a los menores de 14 años dar paseos a partir del día 26. Rectificaba así la medida anunciada horas antes por la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que limitaba estas salidas a acompañar a los adultos a realizar tareas esenciales, como ir al supermercado.
El ministro defendió que había tomado la medida escuchando a expertos y a la sociedad."Este es un Gobierno que escucha. El fin de semana —concretamente, el sábado 25 de abril— emitiré una instrucción para que los menores de 14 años puedan dar paseos". "La prórroga del Estado de Alarma me habilita como ministro de Sanidad para tomar ciertas decisiones. Yo he tomado hoy una decisión. Este es un Gobierno que escucha a los expertos y a la sociedad", añadió.
Ese mismo día, antes de la comparecencia de Illa había corrido como la pólvora una convocatoria por Twitter y whatsApp para hacer una cacerolada contra la medida a las 19.00.
7. 'Oxígeno' para los autistas
El viernes 20 de marzo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba una nueva instrucción del Real Decreto por el que se declaró el estado de alarma en la se recogía el permiso de salir a la calle a aquellas personas con alteraciones conductuales como, por ejemplo, trastorno del espectro autista y conductas disruptivas. A partir de ese momento, se permitían, cuando su estado se viese agravado por la situación de confinamiento, los desplazamientos que fuesen necesarios, siempre que se respetasen las medidas necesarias para evitar el contagio.
La Confederación Autismo Españahabía solicitado al Gobierno que dejaran salir de forma excepcional a la calle a estos pacientes, avisando de que cambios "tan radicales" en su vida cotidiana podían tener consecuencias en su salud y en las de las personas de su entorno.
Para algunos familiares con miembros con este tipo de trastorno salir a la calle a acompañarlos se había convertido en una odisea. Llegaron a ser increpados por otros vecinos que consideraban que se estaban saltando el estado de alarma de forma temeraria.
infoLibre ha contado una de estas historias. La de Vivi, la madre coraje que se plantó ante la ira de sus vecinos para proteger al pequeño Martín, su hijo con autismo. El primer día que Vivi intentó salir de casa con su hijo tuvo que aguantar gritos desde balcones y ventanas. Gritos como este: "¡Por culpa de gente como tú se está muriendo otra!, ¡hija de puta!".
Al tercer día, enarboló una gran pancarta que advertía de la condición del pequeño logrando frenar la falta de empatía de sus convecinos.
8. La polémica de las peluquerías en el arranque del estado de alarma
Las personas que residan juntas podrán viajar en el mismo coche sin mascarilla en la fase 1
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La historia puede sonar un poco lejana. Sobre todo ahora que las peluquerías españolas ya han abierto y acumulan lista de espera por la ralentización en los ritmos de trabajo que les impone adaptarse a las condiciones higiénicas de la bautizada como "nueva normalidad". Pero la primera vez que el Gobierno decretó el estado de alarma, el segundo fin de semana de marzo, una de las cosas que más sorprendió fue que se permitiese la apertura de estos establecimientos en los que las prácticas habituales permiten más bien poco mantener las distancias exigidas.
Tardó muy poco Pedro Sánchez en dar marcha atrás y en anunciar que las peluquerías también permanecerían cerradas. Lo hizo tras escuchar a los presidentes autonómicos que, a su vez, habían recibido las quejas y preocupaciones del sector de sus respectivas comunidades autónomas.
De forma paralela, la Asociación Provincial de Empresarios de Peluquería (APEPCA) y la Asociación de Esteticistas y Maquilladores de Alicante y España (AEMPAE) recomendaban el cierre de sus establecimientos asociados.
