La propuesta de reforma constitucional del PSOE no define a Cataluña como “nación” ni a España como “Estado plurinacional”

Los expertos del Consejo para la Reforma Constitucional del PSOE, el grupo de trabajo que los socialistas pusieron en marcha a principios de julio, han alcanzado ya un consenso básico en torno a un documento a cuyo contenido ha tenido acceso infoLibre. La presentación formal del texto estaba prevista para este mes de septiembre pero, como admiten fuentes de la Ejecutiva socialista, finalmente se ha aplazado para evitar que interfiera con las elecciones catalanas del próximo día 27 y con los posibles pactos postelectorales.

En el debate sobre la cuestión territorial, la propuesta de reforma de la Constitución de los expertos del PSOE indica que el Estado federal es "el mejor modelo" para "articular un Estado en el que existe una pluralidad de identidades nacionales". No se define, por tanto, a Cataluña como "nación" ni como sujeto político soberano en ningún momento, y tampoco se habla de España como "Estado plurinacional".

Los expertos seleccionados por el partido han llegado a un acuerdo mayoritario en torno a esa fórmula después de varias modificaciones y del intercambio de versiones previas. El que manejan ahora es, de hecho, el cuarto borrador.

En las primeras versiones, indican dirigentes del partido, se habló de España como "Estado en el que existe una pluralidad de identidades". La propuesta no satisfizo a los expertos más próximos a las tesis catalanistas, que reclamaron introducir dos cambios: primero, el término "nacionales" para adjetivar las "identidades" existentes en el marco del Estado. Segundo, solicitaron hablar de España como "Estado plurinacional". El resto de constitucionalistas admitieron la primera enmienda, pero descartaron la segunda.

Este cuarto documento es el que refleja la postura mayoritaria de los 17 expertos a los que la Ejecutiva del PSOE encargó diseñar una reforma de la Constitución de 1978. El Consejo para la Reforma Constitucional se compone de los 14 profesores y expertos que se anunciaron cuando se hizo pública su creación y de tres más que se incorporaron posteriormente: el que fuera líder de la Organización Revolucionaria de los Trabajadores y afiliado del PSOE desde los años 90, José Sanroma; el exdiputado socialista y profesor de Derecho Constitucional Elviro Aranda; y el expresidente balear Francesc Antich.

El contenido de la propuesta, al que ha tenido acceso este periódico, se conoce después de que el pasado La Vanguardia publicase una entrevista con Felipe González en la que el expresidente del Gobierno se declaraba partidario de que la Constitución española reconozca a Cataluña como "nación", así como de que la identidad catalana, su lengua y su cultura sean realidades "intocables". Ese mismo día varios dirigentes socialistas señalaron, por contra, que no es momento de embarcarse en una controversia "nominalista". "Creo que el debate actual en la sociedad catalana tiene que ver con la fractura (...). No hay ahora mismo un problema de definición", agregó Pedro Sánchez este lunes. Y este martes, el propio González aseguró que no había pronunciado las palabras que le atribuía el periódico catalán.

Aclarar el reparto competencial

Articulado en cinco grandes ejes de reforma y con una extensión de algo más de una quincena de páginas, el borrador que manejan los expertos constitucionalistas aborda el debate sobre el modelo territorial en su cuarto punto, titulado "Reforma de la estructura territorial del Estado en sentido federal". Además de la definición ya mencionada, la serie de modificaciones que se proponen aclaran el reparto competencial, recomiendan una reforma del Senado y proponen institucionalizar la Conferencia de Presidentes.

En materia de competencias, los expertos concluyen que la futura Constitución debería establecer de forma clara qué competencias corresponden al Estado y que todas las demás deberían quedar en manos de las Comunidades Autónomas. Es decir: que todo lo que no se reserve "expresamente" para la Administración central en la Carta Magna se gestione desde las autonomías. Ello también implicaría que, a diferencia de lo que ocurre ahora, el reparto competencial quedaría estipulado en la ley fundamental y no en los respectivos Estatutos de autonomía.

El resto de reformas se enuncian de forma más difusa. Así, se habla de reformar la Cámara alta para que se convierta en un "Senado federal", pero no se concretan las reformas. También se menciona la necesidad de dar carta de naturaleza a la Conferencia de Presidentes, el órgano de máximo nivel político para la cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, con el fin de "formalizar" cuál debe ser su funcionamiento y cada cuánto tiempo debe reunirse. La Conferencia celebró su única reunión de esta legislatura en octubre de 2012.

Fortalecer el Estado de Bienestar

El documento se estructura en tres grandes apartados: una introducción explicando por qué necesita España una reforma constitucional, la presentación de los cinco ejes de reforma y el desglose de las propuestas concretas en cada uno de esos cinco ejes. 

Al margen de la cuestión territorial –mencionada por los expertos en cuarto lugar–, el primer eje que aborda el documento lleva por título "Fortalecimiento del Estado de Bienestar" e incluye las reformas ligadas a la dimensión de España como Estado social. La novedad más destacable es la inclusión de una "claúsula de estabilidad social" que ejercería de contrapeso de la polémica reforma del artículo 135 de la Constitución. Aquella modificación exprés, pactada en el verano de 2011 por PSOE y PP, supuso la constitucionalización del principio de equilibrio presupuestario y la "prioridad absoluta" del pago de los intereses y el capital de la deuda pública. 

Ahora, la propuesta socialista introduciría la necesidad de no considerar sólo el pago del déficit y concedería también carácter prioritario a determinadas partidas de gasto social. Cabe recordar que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que acudió a las reuniones en las que se perfiló la actual redacción de ese artículo 135, prometió llevar al Congreso de los Diputados una propuesta para modificarlo nuevamente. Formalizó esa promesa en noviembre de 2014, y afirmó que llevaría al Congreso una iniciativa parlamentaria para cumplirla no más tarde de febrero de 2015. Más de medio año después, sigue sin cumplir su palabra.

Además de la citada cláusula social, los expertos proponen "fortalecer el régimen jurídico" de determinados derechos sociales, básicamente los relacionados con la sanidad y los servicios sociales. En la reforma diseñada por los constitucionalistas seleccionados por el PSOE los artículos que recogen esos derechos pasarían del apartado de principios rectores de la Carta Magna a su capítulo segundo. La modificación no es cuestión baladí, pues implicaría que podrían ser exigidos e invocados directamente ante los tribunales de Justicia, algo que no es posible con su actual regulación.

Mejorar la calidad de las instituciones

El segundo eje de la propuesta de reforma de la Constitución se centra en la dimensión de España como Estado democrático. Los constitucionalistas que asesoran al PSOE acordaron una serie de medidas para reforzar la calidad institucional. Se incluye, por ejemplo, una mejora de las Iniciativas Legislativas Populares (ILP). En la presente legislatura se han presentado 34 iniciativas de este tipo, de las que apenas cuatro han superado el trámite en el Congreso y sólo una –en defensa de la tauromaquia– fue aprobada por la Cámara.

También se contemplarían en el nuevo articulado mecanismos para la mejora de la fiscalización del gasto público, para la despolitización del Poder Judicial y para el refuerzo de la comunicación entre representantes y representados. La redacción de estas propuestas es, sin embargo, poco específica y no hay demasiadas concreciones.

Reforzar la protección de los derechos fundamentales

En línea con el primer eje de la reforma, el tercer punto de la propuesta busca fortalecer la regulación legal de los derechos ya mencionados –sanidad, servicios sociales–, aunque la Carta Magna no entraría en detalles y dejaría en manos de una futura ley la regulación de los aspectos concretos. Se trataría, por tanto, de derechos "de configuración legal". Igualmente, se introducirían algunos derechos de nuevo cuño que no se consideraron en 1978: el catálogo actual se ampliaría con cuestiones como el derecho a la buena administración y derechos vinculados a la privacidad.

El texto de los expertos subraya que los derechos fundamentales se deben interpretar en "coherencia" con el derecho comunitario y, en concreto, con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y con el Convenio del Consejo de Europa. En caso de discrepancia entre los estándares de protección, debería apostarse, según los expertos, por el más exigente. Por último, se establece que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) deben ser vinculantes.

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Mayor articulación con Europa

"Cuando se aprobó la Constitución de 1978 no estábamos en la Unión Europea", recuerdan fuentes de la dirección socialista, que explican así la necesidad de incluir un quinto eje de reforma que refleje el compromiso de España con el proyecto de construcción europea. La Constitución incluiría referencias al derecho comunitario y regularía la participación de la Comunidades Autónomas en el proceso de adopción de las normas europeas.

Esto implicaría que, cuando se debata un tema que afecta a las competencias territoriales, la Constitución estableza cómo pueden las Comunidades Autónomas participar en la formación de la voluntad del Estado, si bien no se contempla la posibilidad de que los Gobierno autonómicos tengan derecho de veto, como ocurre por ejemplo en Alemania con determinadas materias.