Bienestar social
El PSOE plantea dotar el plan Prepara con 2.500 millones al año para proteger a 500.000 parados
Al PSOE no le ha gustado nunca la actual configuración del plan Prepara, la ayuda de 400 euros que el Estado concede a los parados que ya han agotado la prestación de paro y no tienen derecho a ningún subsidio de desempleo más. El Gobierno, decían, había dejado fuera a más familias al endurecer las condiciones de acceso. Era "insuficiente". Así que los socialistas se han propuesto darle una vuelta al programa, inyectando más dinero, hasta 2.500 euros al año, y ampliando la cobertura de beneficiarios, hasta unos 500.000.
La iniciativa formará parte del debate monográfico sobre bienestar que el partido mantendrá mañana domingo en Albacete, el sexto foro temático previo al broche de la Conferencia Política del otoño. Aparece recogida en su documento de base, desmenuzado ayer en un encuentro con periodistas por Trinidad Jiménez, secretaria federal de Política Social, y los portavoces de Economía y Sanidad en el Congreso, Valeriano Gómez y José Martínez Olmos. El exministro de Trabajo explicó que la duración de la crisis está haciendo que el número de familias con todos sus miembros en paro siga creciendo (hoy está en dos millones) y también el subconjunto de hogares que no disponen de ningún ingreso conocido (ahora, 500.000). Sin embargo, el número de perceptores, por los mayores requisitos impuestos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, ha descendido hasta los 70.000, según los cálculos de los socialistas, ya que "no se publican los datos mensualmente".
El PSOE plantea entonces una "extensión paulatina y extraordinaria" de la protección por desempleo. ¿Cómo? Se trataría de pasar del cobro actual durante seis meses a recibir la ayuda 18 meses, pero no de golpe. Los beneficiarios recibirían la ayuda de 400 euros durante seis meses, y después se interrumpiría la paga otros seis meses, para luego reanudar la prestación, y así consecutivamente. El programa duraría en total tres años: año y medio cobrando la ayuda y año y medio sin ella. Además, para acceder al subsidio, los socialistas quieren que se vuelva al planteamiento inicial, el que ellos implantaron, que se tenga en cuenta la renta individual, no la de toda la unidad familiar. Creen que debe extenderse a todos los desempleados con experiencia laboral previa, sin necesidad de que el agotamiento de las prestaciones se haya producido justo antes de la solicitud de la ayuda.
Con estos parámetros, Gómez estimó que el gasto anual sería de unos 2.500 millones de euros (400 euros por 12 mensualidades y 500.000 parados de larga duración beneficiarios al mismo tiempo). El presupuesto actual del Ejecutivo para el plan Prepara, dijo, no llega a los 300 millones. La financiación del programa se haría vía impuestos con cargo a un fondo específico dotado en el capítulo de protección por desempleo y su gestión se concertaría con las comunidades. Los socialistas siempre remarcan que todas sus propuestas, en este y otros temas, tienen en cuenta su modelo de reforma fiscal, que estima posible la recaudación de 40.000 millones de euros en cinco años.
Blindaje de la sanidad pública en la Constitución
La "tremenda desigualdad" que existe, según Jiménez, entre las comunidades autónomas en la prestación de servicios sociales obliga a que el Estado tome la iniciativa para homogeneizar la oferta. Hasta ahora, decía, se habían considerado los servicios sociales como "la maría" del sistema. Para ello, los socialistas quieren que, dentro de la reforma de la Constitución que llevan exigiendo en los últimos meses, se incluyan las políticas sociales, que se refleje en la Carta Magna el cuarto pilar del Estado del bienestar, junto a sanidad, educación y pensiones. Posteriormente, se garantizaría por ley un catálogo "básico", de "mínimos", de políticas sociales que todos los territorios deberían ofrecer. Un "marco estatal de referencia". ¿De qué prestaciones se habla? La ayuda a domicilio, las becas de comedor, la atención residencial, la ayuda al alquiler... En cuanto a la dependencia, el PSOE reivindica mantener la inversión que existía en su tiempo de Gobierno, porque además la ley genera un "nicho importante" de puestos de trabajo (en 2010-2011 supuso la creación de 185.000 empleos directos y 65.000 indirectos).
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El PSOE no se atreve a proponer por ahora una renta mínima de inserción para todo el Estado, un subsidio mínimo para los hogares sin ingresos, para garantizar su subsistencia. Hoy algunas comunidades lo contemplan, pero no existe una normativa general. Jiménez alegó que implantarla para todos los españoles entrañaría un volumen de gasto muy alto para unas arcas escuálidas. "Pero es una aspiración razonable para que se incluya en el futuro. No lo planteamos ahora por la coyuntura", excusó. La exministra subrayó que su partido ha sido muy cauteloso en sus propuestas, cuidando que no entrañasen un fuerte gasto adicional. Lo que sí se pretende es la reversión de los recortes operados por el PP.
El resto de medidas ya estaban avanzadas en el documento colgado desde el martes en la web del partido. Aquí se reflejan las más significativas:
- Reversión de las privatizaciones. Los socialistas ya han prometido que si llegan al Gobierno, darán la vuelta a las externalizaciones masivas impulsadas, sobre todo, por los Gobiernos de Madrid y Comunitat Valenciana. Y plantean blindar la sanidad en la Constitución, para garantizar que la provisión sea "mayoritariamente pública" y la privada sólo pueda ser "complementaria".
- Copago. El PSOE plantea eliminar el copago farmacéutico introducido por el Ejecutivo de Mariano Rajoy el año pasado. Se volvería al sistema anterior, donde los pacientes en activo pagaban un 40% de los medicamentos y los pensionistas no pagaban nada. Sí se mantendría que los parados sin prestación no aporten nada. Además, se incorporaría el "criterio de necesidad", para que queden exentos los enfermos crónicos. El ahorro vendría por las subastas de medicamentos, la vía seguida por la Junta de Andalucía y recurrida ante el Constitucional por el Gobierno central.
- Una única cartera de servicios. Martínez Olmos explicó que el PSOE apuesta por una "cartera común de servicios para toda la ciudadanía, sin distinción ni barreras de acceso", por lo que se eliminarían las otras dos creadas en 2012 por el ministerio de Ana Mato (la suplementaria y la de servicios accesorios).
- Retribuciones personalizadas a los profesionales sanitarios. El PSOE plantea, "a largo plazo", de forma paulatina, la implantación de un nuevo sistema salarial para médicos, enfermeros... Así, los profesionales de la sanidad pública cobrarían un fijo y una parte variable "en función de resultados de calidad" que evaluarían las direcciones de los centros. Se crearía así un sistema de incentivos.
- Transparencia en la gestión de centros y control ciudadano. Se elaborarían también informes periódicos del impacto en la desigualdad sanitaria, para ir corrigiendo el modelo.
