PSOE y Podemos plantean sus primeras iniciativas de carácter social y contra la violencia machista

El PSOE y Podemos quieren revertir buena parte de la herencia legislativa del PP. Y están decididos a actuar en la Cámara baja antes incluso de la investidura  de un nuevo presidente del Gobierno. Este mismo miércoles, día de la constitución de las Cortes Generales, los diputados de la formación morada presentaron su ya anunciada proposición de Ley 25 de Emergencia Social. Y apenas 24 horas después, con un día de retraso sobre lo inicialmente previsto por problemas de "agenda" según fuentes socialistas, el PSOE registró una batería de 17 medidas entre proposiciones de ley y no de ley para su debate en el Congreso de los Diputados.

Las dos formaciones coinciden en algunos puntos. Ambas quieren, por ejemplo, devolver la tarjeta sanitaria que los conservadores arrebataron a los ciudadanos de origen extranjero sin permiso de residencia. Las dos han presentado iniciativas relacionadas con la violencia de género. Y también buscan paliar la pobreza energética, que según los últimos datos disponibles afecta a uno de cada nueve españoles. A partir de ahí, cada uno de los dos partidos prioriza cuestiones diferentes: Podemos hace hincapié en garantizar el derecho a la vivienda, mientras que el PSOE actúa en más frentes y ha registrado propuestas relacionadas con las pensiones, el salario mínimo, los indultos, la educación y el voto rogado entre otras cuestiones.

Desde la bancada del PP, este jueves se advirtió de que para sacar adelante las iniciativas que vayan a registrar “se necesita un Ejecutivo que las lleve adelante, y no un gobierno en funciones”, en palabras del portavoz parlamentario conservador, Rafael Hernando. Hernando recalcó que "generaría frustración" que salieran adelante en el Parlamento iniciativas que no pudieran ser ejecutadas por el Gobierno.

La diferencia entre una proposición de ley y una no de ley no es menor. Las primeras se convierten en leyes plenamente vigentes tras su aprobación, pero hay dos escollos para que la oposición pueda sacarlas adelante. El primero, que el Gobierno tiene que pronunciarse antes de 30 días. En las pasadas legislaturas siempre se esperó hasta la constitución de un nuevo Ejecutivo, y algunas formaciones como Ciudadanos –que pedirá un informe a los letrados de la Cámara para aclarar este extremo– albergan dudas sobre si un Gobierno en funciones puede cumplir ese trámite. El segundo problema es que la mayoría absoluta del PP en el Senado podría retrasar considerablemente la aprobación de estas normas.

Frente a estas, las proposiciones no de ley presentan menores requisitos para su aprobación, pues basta con ganar la votación en el Congreso de los Diputados. A cambio, no tienen un efecto inmediato, pues únicamente sirven para instar al Gobierno a actuar en una determinada dirección. A falta, además, de que la Mesa decida si convoca plenos en la Cámara para debatirlas, estas son las propuestas presentadas por PSOE y Podemos:

Sanidad

Durante la pasada legislatura la oposición atacó con dureza varias medidas impuestas por el PP en esta materia, como los copagos o la retirada de la tarjeta sanitaria a los ciudadanos extranjeros sin permiso de residencia. Ahora, tanto PSOE como Podemos plantean revertir esta situación.

La ofensiva socialista se materializa en una proposición de ley sobre la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública [ver en PDF], que ya en su exposición de motivos denuncia que el Gobierno del PP "siguió cercenando el derecho a la cobertura sanitaria" durante toda la legislatura y apuesta por "reponer" la "situación previa" a las modificaciones impulsadas por los conservadores.

En concreto, se establece que los extranjeros mayores de edad empadronados y todos los extranjeros menores de edad tendrán "derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles". Los mayores de edad no empadronados, por su parte, tendrán derecho a la "asistencia sanitaria pública de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualqueira que sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta médica". Las embarazadas mantendrán por su parte el derecho a la asistencia durante el embarazo, el parto y el postparto.

Podemos aborda esta cuestión en el marco de su Ley de Emergencia Social y, en el artículo cuarto, establece que se derogarán los artículos 1 y 4.13 del Real Decreto Ley 16/2012, con el que el Ejecutivo de Rajoy retiró la tarjeta sanitaria a las personas sin permiso de residencia. En concreto, el primero de esos apartados es el que excluyó a los extrajeros mayores de edad sin permiso de residencia de la asistencia sanitaria primaria. El segundo de ellos es el que estableció los actuales niveles de contribución del usuario al precio de los medicamentos.

Violencia de Género

La violencia de género es otra de las cuestiones que ha centrado la atención de socialistas y Podemos en las últimas fechas: Pedro Sánchez hizo público ya el 26 de agosto del pasado 2015 una propuesta de acuerdo social, político e institucional contra esta lacra, mientras que Pablo Iglesias propuso en noviembre un "pacto de país" en el que aspiró a reunir a todos los partidos. "Tiene que ser un imperativo democrático", opinó entonces. El nuevo presidente del Congreso, el socialista Patxi López, emplazó este miércoles a todos los partidos a sellar un pacto de Estado con el que combatir "sin cuartel" esta violencia en su primera intervención tras su nombramiento.

Así las cosas, el PSOE presentó este jueves una proposición no de ley para instar al Gobierno a "promover un pacto para construir una sociedad libre de violencia contra las mujeres" y a adoptar medidas urgentes, como "dotar suficientemente las partidas presupuestarias", crear un fondo para reforzar los servicios públicos de los ayuntamietnos, incorporar en "todas las etapas educativas" la formación en "igualdad, educación afectivo-sexual y de prevención de la violencia de género", activar un plan para proteger a los menores víctimas de esta lacra y hacer obligatorio que tanto los jueces de los juzgados de violencia de género como los abogados que en ellos intervengan acrediten "formación específica" en esta materia.

Podemos, en cambio, plantea mejoras en forma de una "garantía habitacional" para las mujeres de lo que denomina "violencia machista", donde engloba a las víctimas de la violencia de sus parejas o exparejas, las mujeres que han sufrido acoso o abuso sexual, las víctimas de explotación sexual, de matrimonios a edad temprana, concertados o forzados y de la mutilación genital femenina, así como de "cualquier otra forma de violencia" contra las mujeres prevista en "tratados internacionales, el Código Penal español o la normativa estatal".

Pues bien, la formación morada quiere garantizar el acceso a "una vivienda pública con todos los suministros" a todas aquellas que cumplan las siguientes condiciones: que estén en situación de precariedad económica "debido a la violencia padecida" o que "necesiten" una vivienda "para recuperarse", que hayan convivido previamente con el presunto agresor, y que éste esté condenado, existan medidas cautelares, o la Fiscalía o los servicios sociales emitan un informe que determine la existencia de indicios de violencia. Las resoluciones no podrán demorarse más de 30 días tras la presentación de la correspondiente solicitud.

Renta mínima y pobreza energética

Aunque Podemos ha reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de instaurar una renta básica, la medida no se ha incluido en la Ley de Emergencia Social registrada este miércoles en el Congreso de los Diputados. Si figura, en cambio, en la batería de medidas presentada este jueves por el PSOE en la Cámara baja. En concreto, los socialistas quieren tramitar una proposición no de ley que inste al Gobierno a "adoptar con carácter urgente" las medidas necesarias para implantar "un ingreso mínimo vital". La cuantía de la renta sería del 80% del IPREM –actualmente fijado en 532,51 euros mensuales– y se incrementaría en función del número de hijos.

Donde sí coinciden ambas formaciones es en la necesidad de legislar contra la pobreza energética. Podemos le dedica un amplio capítulo en su Ley 25. Entre las principales propuestas, el partido morado quiere obligar a las empresas suministradoras a asumir "en función de su volumen de negocio" el coste de los bonos sociales de electricidad y gas con los que los hogares considerados "vulnerables" podrían obtener descuentos de hasta el 100% en sus facturas, siempre y cuando no superasen un determinado nivel consumo denominado "consumo mínimo vital", que fijaría el Ministerio competente cada año. La declaración de vulnerabilidad, añade la norma que proponen Iglesias y los suyos, se efectuaría fundamentalmente según el nivel de renta.

Además, las suministradoras no podrían cortar ni la luz ni el gas los hogares declarados vulnerables ni siquiera en caso de impago –salvo que hubieran superado el consumo mínimo vital establecido–. Incluso si el hogar no estuviera calificado como vulnerable, las compañías no podrían interrumpir los servicios sin la autorización expresa de los servicios sociales. Los socialistas, a este respecto, proponen que las compañías estén obligadas a solicitar una autorización a la Administración para cortar luz o electricidad y que se prohíban los cortes a los consumidores en situación de riesgo o que hayan solicitado ser reconocidos como tales "durante el periodo estacional en el que las temperaturas sean más bajas o cuando el suministro sea indispensabl para garantizar la salud".

La proposición de ley registrada por el PSOE define la pobreza energética como la situación consistente en destinar más de un 10% de las rentas anuales al pago de los suministros. Finalmente, para todos aquellos usuarios que perciban pensiones mínimas o no contributivas, tengan a todos los miembros de la unidad familiar en paro, que dispongan de rentas inferiores al 75% del salario mínimo o perciban ayudas económicas de algún tipo por parte de cualquier administración pública, se introduciría una "tarifa social" a "precio asequible", cuyo precio no variará en función de "la fluctuación de los precios del mercado" y cuyo coste se financiará a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Vivienda

El PSOE no ha registrado por ahora en el Congreso ninguna medida en materia de vivienda, mientras que Podemos le dedica a este ámbito varios artículos de su Ley de Emergencia Social. Los diputados morados quieren prohibir los desahucios sin alternativa habitacional de la primera vivienda cuando el afectado esté en situación "de exclusión o de emergencia social", y obligar a los "grandes tenedores de vivienda" –bancos, sus filiales inmobiliarias, fondos de inversión y entidades de gestión de activos, incluido el denominado banco malo– a mantener actualizado un registro de viviendas vacías susceptibles de ser cedidas a la Administración para realojos temporales.

Por su parte, las personas en situación de exclusión o emergencia social que sean desahuciadas tendrán derecho a un realojo en régimen de alquiler social o de una ayuda económica para acceder a "una vivienda digna en condiciones asequibles". Esta alternativa habitacional tendrá una duración mínima de tres años y no implicará un coste superior al 30% de los ingresos de la unidad familiar, o del 15% cuando las rentas familiares sean inferiores al salario mínimo.

Mercado laboral

Entre las 17 medidas registadas este jueves por el PSOE hay dos referidas al mercado laboral. La primera de ellas es una proposición no de ley que insta al Gobierno a derogar al reforma laboral del PP y a "abrir un proceso de diálogo social" que "culmine con la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores". La segunda, también una proposición no de ley, reclama elevar el salario mínimo "al menos en un 5%" en 2016 –pasaría así de los 648,60 euros de 2015 a 681,03 euros en 2016, en lugar de los 655,20 euros aprobados por el Gobierno del PP– y que en el plazo de ocho año alcance el 60% del salario medio neto.

Educación

Otra de las normas aprobadas por el PP y a la que los socialistas quieren poner fecha de caducidad es la LOMCE o Ley Wert. El PSOE recuerda que los conservadores la aprobaron "con el rechazo frontal de la oposición", con "desprecio al diálogo con todos los agentes que intervienen en el ámbito educativo" y aplicando "el rodillo de la mayoría absoluta". El partido de Pedro Sánchez ha registrado una proposición de ley y otra no de ley para suspender de inmediato el calendario de entrada en vigor de la Ley Wert e instar al Gobierno a elaborar un nuevo proyecto de Ley de Educación que implique la derogación íntegra de la LOMCE. 

Pensiones

En materia de pensiones, el PSOE ha propuesto tramitar una proposición no de ley donde se pide al Gobierno "reconstituir de forma urgente el Pacto de Toledo como expresión de consenso político", así como introducir medidas que "permitan asegurar pensiones dignas y recuperar el poder adquisitivo" de estas prestaciones y, especialmente, de "las pensiones mínimas". Podemos no ha presentado iniciativas en esta materia.

Voto rogado

Pocos meses antes de las elecciones generales de 2011, PP, PSOE, CiU y PNV aprobaron en el Congreso de los Diputados una reforma de la Ley Electoral que introdujo el voto rogado. En esos comicios, la participación de los españoles residentes en el exterior pasó del 31,74% al 4,95%. En las elecciones del 20-D la participación de los inscritos en el censo CERA se situó en el 4,7%. Ahora el PSOE propone revertir esa reforma y volver a la regulación anterior, en la que las delegaciones de la oficina del censo electoral envían de oficio los sobres y las papeletas para participar en las elecciones –salvo en las locales–. El partido de Pedro Sánchez ha presentado una proposición de ley orgánica en el Congreso en este sentido.

Reforma fiscal

Otra de las cuestiones que han abordado los socialistas en la primera batería de medidas registradas en la Cámara baja es la de la reforma fiscal y la lucha contra el fraude. En una de las múltiples proposiciones no de ley registradas este jueves en la Cámara baja los diputados socialistas exponen que es necesario "simplificar" y "hacer más eficiente" el sistema de recaudación, de modo que no se cargue tanto el peso de la tributación sobre las rentras del trabajo. "Aspiramos a desplazar el peso de la carga tributaria, en parte, hacia la riqueza y el uso de recursos naturales finitos", dicen.

El texto de la iniciativa exige al Gobierno que cree una comisión de expertos que, en el plazo de seis meses, presente una serie de conclusiones y propuestas que puedan incorporarse ya en los Presupuestos Generales de 2017 y que, de forma transitoria y hasta entonces, se apliquen las siguientes medidas urgentes: introducir un mínimo estatal en el Impuesto de Sucesiones y de Patrimonio, rebajar el IVA cultural, establecer un mínimo efectivo de tributación del 15% en el Impuesto de Sociedades de las grandes corporaciones, e "impulsar la puesta en marcha definitiva de un Impuesto a las Transacciones Financieras".

En lo que respecta a la lucha contra el fraude fiscal, el PSOE reclama que España impulse en el seno de la UE la elaboración de una lista negra de paraísos fiscales y la aplicación de sanciones a esas jurisdicciones, la contratación de 5.000 nuevos inspectores de Hacienda, introducir en la Constitución la prohibición "absoluta" de las amnistías fiscales, modificar la Ley General Tributaria para que se pueda conocer el nombre de los defraudadores que se acogieron a la amnistía del PP, exigir a las entidades financieras que comuniquen los nombres de los españoles con cuentas en paraísos fiscales, y un mayor control de las SICAV.

Indultos

El PSOE también propone modificar la regulación de los indultos, que data de 1870. Las modificaciones que recoge la proposición de ley presentada por los diputados socialistas apunta en dos direcciones: la primera, prohibir los indultos en casos de delitos de corrupción o de violencia de género. La segunda, exigir que todos los indultos estén correctamente motivados y, en caso contrario, ordenar a los tribunales y magistrados que no los apliquen hasta que el Gobierno ofrezca una explicación satisfactoria al respecto.

Refugiados

España se comprometió en septiembre a acoger a casi 18.000 refugiados en el plazo de dos años. Desde entonces, apenas ha recibido a una veintena. Más aún, el Gobierno español ha aportado únicamente el 1,1% de los fondos recibidos por las instituciones de la UE para paliar esa crisis. "No cabe esperar más para ser coherentes con nuestros propios acuerdos y consecuentes con un deber moral de actual", afirma el PSOE en una de las proposiciones no de ley registradas en la Cámara baja, en la que exige al Gobierno "aplicar urgentemente los acuerdos alcanzados" y "dar cumplimiento" a todos los compromisos alcanzados a nivel comunitario, "especialmente" a lo acordado en "materia de acogida e integración de los refugiados".

Modelo económico

El PSOE también reclamará al Gobierno en las primeras sesiones parlamentarias "situar la I+D+I como una prioridad política y social" para España. En concreto, exige en otra de las PNL presentadas que la inversión en esta materia alcance el 2,5% –excluído el ámbito militar– al final de la legislatura y que se recupere el objetivo del 3% a medio plazo y con carácter "estratégico". Los socialistas recuerdan que el máximo histórico de inversión en este capítulo se alcanzó en 2010, cuando tocó el 1,4%, y que desde entonces ha retrocedido progresivamente hasta situarse en el 1,24%. Esto, concluye el PSOE, "está suponiendo un atraso en la mejora de la competitividad y la necesaria modernización de nuestros sectores productivos".

Reformal local

El PSOE sostiene que la reforma de la Administración Local aprobada por el PP en la pasada legislatura "priva" a los ayuntamientos de las competencias que tradicionalmente han ostentado en materia de "servicios sociales y de promoción y reinserción social", así com en ámbitos como sanidad, consumo, igualdad o empleo. "La nueva Ley consagra una visión exclusivamente economicista de las funciones mismas del Estado", sostienen los parlamentarios socialistas, que han registrado una proposición no de ley en la Cámara baja donde pide que el Gobierno "adopte urgentemente" tres medidas: derogar la reforma local del PP, reforzar la autonomía local e impulsar una regulación que dote "de estabilidad, rigor y recursos" las competencias asumidas por los ayuntamientos.

Ley de Enjuiciamiento Criminal

En octubre del pasado 2015, el PP reformó la Ley de Enjuiciamiento Criminal y limitó los plazos de instrucción penal. Esa modificación, en concreto, redujo a seis meses el plazo ordinario de instrucción en causas sencillas y a 18 en las complejas, con la posibilidad de prorrogarlo hasta los 36 meses. El PSOE sostiene que esos tiempos "sólo sirven para complicar y enturbiar el proceso", de modo que "puede darse el caso de que se fuercen acusaciones sin fundamento por el transcurso de los plazos". A la vez, añaden los socialistas, la reforma puede favorecer la "impunidad" de los "delincuentes mejor organizados". Por ello, entre las 17 proposiciones registradas en la Cámara baja, los diputados del PSOE han incluido una de ley para derogar esos plazos, también en el caso de los procedimientos que están en tramitación actualmente. 

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Reglamento del Congreso

Finalmente, los socialistas piden a la Presidencia del Congreso de los Diputados que proponga la "inmediata constitución y convocatoria" de una ponencia para la reforma del reglamento de la Cámara baja. El escueto texto dirigido al órgano de gobierno del Congreso no indica qué modificaciones deberían introducirse, y se limita a pedir que se aborde la cuestión cuando antes.