El PSOE sostiene que derogará por decreto la reforma laboral pero no cambiará la regulación del despido

El PSOE adelantó este miércoles sus propuestas en materia de Empleo de cara a las próximas elecciones generales. En el partido indican que el programa "está prácticamente cerrado" y que se aprobará "en próximas fechas" en la Comisión Ejecutiva. A falta de esos flecos y trámites finales, los socialistas avanzaron algunas de las medidas que "estarán seguro" en su programa por boca de su secretaria de Empleo, Luz Rodríguez, en un encuentro informal con periodistas. Entre las propuestas figura la derogación por decreto de aspectos concretos de la reforma laboral –aunque no la regulación del despido– y un programa de formación para 700.000 jóvenes.

Rodríguez explicó que si el PSOE vuelve a gobernar suprimirá "con carácter inmediato" lo que calificó de "pilares básicos" de la última reforma laboral del PP: la regulación de la negociación colectiva, los aspectos referidos a la contratación y los elementos que permiten la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Esos cambios se harían, sostuvo, mediante un decreto ley que establecería un nuevo marco. Y no habría vacío legal alguno, según los socialistas, porque ese propio texto marcaría con claridad las reglas de juego.

El terreno donde no habría novedades en el minuto uno de la legislatura es el del despido. Rodríguez dijo que "mientras no haya nuevo acuerdo" seguirá en las actuales condiciones. La apuesta del PSOE es convocar a los agentes sociales a la mesa de negociación para redactar un nuevo Estatuto de los Trabajadores desde cero, un texto que recupere "el espíritu de consenso en torno a las relaciones laborales". Por tanto, el aumento o la reducción de la indemnización deberá esperar, según estos planes, a que se pacte y apruebe el citado documento con el acuerdo del Gobierno, los empresarios y los sindicatos.

Limitar la temporalidad

De cara a la negociación de ese nuevo Estatuto, el PSOE apuesta por limitar la temporalidad y dejar en tres los modelos de contrato: un contrato fijo, un contrato temporal y un contrato para la formación. En el caso del temporal, un trabajador no podría pasar más de 12 meses –o 24, si así se establece en la negociación colectiva– en la misma empresa contratado en ese régimen. Además, se establecerían techos a la temporalidad por sector de actividad productiva, es decir, una cuota máxima de trabajadores que, dentro de una compañía, pueden tener un contrato temporal.

Si las firmas cumplen con esas cuotas, precisó Luz Rodríguez, no habrá penalización a los empresarios en forma de recargo en las cotizaciones por sus trabajadores. Si sobrepasan el límite fijado para el sector, en cambio, tendrían que pagar un plus. Por ejemplo, si para las empresas de hosteleria se estableciera como techo que el 18% de los trabajadores fueran temporales y en una determinada empresa el 25% de los empleados tuvieran un contrato de esas características, el empleador estaría obligado al pago de mayores cuotas a la Seguridad Social.

Los socialistas también incluyen como una de sus propuestas la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta el entorno de los 1.000 euros mensuales en 14 pagas, pero en el plazo de dos legislaturas. Aseguran que no es una medida que "preocupe especialmente" a los empresarios y que situar el SMI en cifras que equivalgan al 60% del salario medio neto en España impulsará el consumo interno. Además, el PSOE quiere establecer por ley que los trabajadores de empresas de servicios que efectúan tareas externalizadas para terceras compañías cobren lo mismo que los directamente contratados por la empresa principal.

Contra la precariedad

Durante la presentación de las propuestas del partido, Rodríguez incidió en la necesidad de luchar contra la precariedad y de acabar con figuras como los falsos autónomos y los falsos becarios. De los primeros dijo que la Inspección de Trabajo debería emplearse a fondo para detectarlos y acabar con esa práctica irregular de las empresas. De los segundos, que son muchos los becarios sobre el papel que, en realidad, están cubriendo un puesto de trabajo, por lo que hay que "delimitar claramente" cuándo existe un verdadero proceso formativo y cuándo se emplea a estos jóvenes como trabajadores baratos.

En esa misma línea, el PSOE rechazó la propuesta del contrato único, pues considera que "significa de facto convertir en temporales a todos los trabajadores indefinidos", ya que "si el despido cuesta nada o muy poco, y se llame como se llame el contrato, el empresaro puede despedir en cualquier momento". 

Por último, los socialistas propusieron que la prestación por maternidad pase a ser no contributiva, lo que permitiría a las mujeres sin una carrera de cotización suficiente percibir una prestación de 426 euros mensuales durante 6 semanas. El partido estima que el año pasado 130.000 madres quedaron desprotegidas y sin recursos económicos en el momento de la maternidad, por lo que calcula que la iniciativa costaría 73 millones. En cuanto al permiso de paternidad, el programa electoral reflejará un compromiso de prolongarlo para hacerlo converger con la duración del de las madres, aunque en un horizonte temporal indeterminado.

Plan para jóvenes

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Tras las explicaciones de Luz Rodríguez, ya en un acto público, el secretario general y candidato socialista a la Moncloa, Pedro Sánchez, destacó la importancia del citado plan de formación para jóvenes. "Unos jóvenes olvidados por el Gobierno –dijo–, que abandonaron la escuela y no tienen ni formación ni empleo", "una generación de jóvenes condenada al desempleo" por el actual Ejecutivo y a quienes, subrayó, el plan de choque que prometen los socialistas les proporcionará "la oportunidad que merecen". Y es que "desperdiciar el talento no es un problema personal, es un problema social", aseveró Sánchez.

La medida beneficiaría, según los cálculos del partido, a 700.000 jóvenes de entre 16 y 29 años que abandonaron el sistema educativo sin completar la Secundaria y que actualmente no tienen empleo. "El objetivo –señalaron los socialistas– es ofrecer la posibilidad de acreditarse en competencias imprescindibles para optar a la especialización formativa en un plazo de seis meses". El programa de choque tendría carácter excepcional y únicamente se pondría en marcha una vez.

Los participantes recibirían formación gratuita durante cuatro meses a través del sistema público de empleo y, tras realizar una prueba y acreditar esa formación en una prueba a nivel nacional, podrían acceder a la Formación Profesional para el Empleo y certificar que han adquirido la formación básica necesaria para iniciar su recualificación profesional. Para financiar la medida, cuyo coste cifra el PSOE en 1.000 millones de euros, se suprimirán las bonificaciones por contratación a excepción de las vinculadas a personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y personas en riesgo de exclusión social. El PSOE argumenta que estas bonificaciones apenas tienen "efecto real" sobre la contratación.