El PSOE sostiene que no ha dado un cheque en blanco al Gobierno y no aceptará cualquier medida contra el 1-O

El PSOE sigue empeñado en conciliar su respaldo al Gobierno para hacer frente al referéndum del 1 de octubre, siempre que Mariano Rajoy adopte medidas proporcionadas, con su constante apelación a la necesidad de buscar una salida negociada. Por eso este martes los diputados socialistas (con la única pero significativa excepción de la exportavoz del grupo en la época de Alfredo Pérez Rubalcaba, Soraya Rodríguez, y de tres diputados andaluces que aseguran haberse equivocado) votaron en contra de una propuesta de Ciudadanos que pretendía forzar a los partidos a apoyar sin condiciones al Gobierno de Mariano Rajoy. 

La negativa del partido de Albert Rivera a aceptar una enmienda que apostaba por una solución política negociada (Ciudadanos ya se había opuesto por la mañana, igual que ERC, a la creación de una comisión parlamentaria para tratar de abrir un diálogo político sobre Cataluña) motivó el voto en contra del PSOE. Resultado: la declaración de apoyo al Gobierno acabó en la papelera porque sólo contó con el respaldo del PP y de Cs (158 votos).

Eso sí, para dejar claro que su discrepancia era con el texto de Ciudadanos y evitar cualquier clase de suspicacia, los socialistas trasladaron inmediatamente al Gobierno que mantienen el apoyo que han venido prestando al Ejecutivo en defensa de la legalidad en Cataluña y en contra de la celebración del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.

La explicación a esta estrategia hay que buscarla en la necesidad que tienen los socialistas, a medida que se acerca la cita del 1 de octubre,de marcar perfil propio. Por eso Pedro Sánchez planea emplazar a Mariano Rajoy a plantear, antes de la fecha prevista para el referéndum, una salida política al conflicto de Cataluña. Y por esa misma razón los socialistas insisten en que no han cambiado de posición sobre el artículo 155 de la Constitución. De hecho, subrayaron este martes a infoLibre fuentes del partido, el apoyo al Gobierno en defensa de la legalidad, aunque es sincero, no tiene forma de cheque en blanco: el PSOE discrepará públicamente de cualquier medida que adopte el Ejecutivo de Rajoy y que los socialistas consideren desproporcionada.

El artículo 155

Ese equilibrio entre el respaldo al Gobierno y la defensa de una salida negociada no es sencillo. Y prueba de ello es lo que ha ocurrido esta misma semana en relación con el artículo 155, que el presidente Mariano Rajoy insinuó estar dispuesto a aplicar si las autoridades catalanas no le dejan otra salida. Bastó un titular, abriendo la edición digital del diario El País el pasado lunes, para arrastrar a buena parte de la prensa española (con algunas excepciones): “El PSOE levanta el veto sobre la aplicación del artículo 155”.

Este enfoque era una conclusión del periódico resultado de comparar unas declaraciones de la portavoz parlamentaria socialista, Margarita Robles, pronunciadas el 7 de julio (mucho antes de que el Govern convocase el referéndum), con las que ese día había hecho el portavoz de la Ejecutiva, Óscar Puente, ya en pleno desafío institucional. Robles había dicho que aplicar el artículo 155 “nunca sería una solución procedente y nunca la apoyaríamos”. Puente se limitó a evitar varias preguntas de periodistas que demandaban la opinión del PSOE sobre este asunto: “Sería imprudente pronunciarnos sobre el artículo 155 de la Constitución”, contestó. “No nos vamos a pronunciar sobre hipótesis”, repitió una y otra vez el portavoz socialista.

Ni el citado diario, ni los medios que se pusieron a su estela apostando por afirmar que el PSOE había cambiado de opinión sobre la aplicación de este artículo, tuvieron en cuenta que entre las declaraciones de Robles y las de Puente se habían sucedido otras muchas de dirigentes socialistas idénticas a las del portavoz de la Ejecutiva, incluidas varias con la firma de Pedro Sánchez. Es decir, que Puente se había limitado a repetir lo que el partido llevaba diciendo desde aquellas palabras de Robles.

De nada sirvió, tampoco, que el partido aclarase, a las pocas horas, a través del propio Sánchez, que el PSOE ni siquiera considera la aplicación de esta medida. El País retocó su titular (“El PSOE no descarta la aplicación del 155”, encabeza ahora la misma noticia), pero el debate político ya se había situado en el terreno del supuesto cambio de posición del PSOE: Pablo Casado (PP) y Xavier Domènech (En Comú Podem) hicieron declaraciones dando por cierto el cambio de postura del PSOE. La propia Margarita Robles, interpelada sobre este asunto al día siguiente, tuvo que esforzarse en señalar que no había cambio de postura. Todo en vano. En las entrevistas concedidas este martes, los dirigentes socialistas han tenido que responder a la misma cuestión: a qué obedece que el PSOE haya cambiado de opinión.

¿Lo ha hecho? Los socialistas aseguran que no. La posición del partido sobre este asunto sigue siendo la misma: la competencia para activar el artículo 155 (obligar al Govern a cumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional, por ejemplo) es del Ejecutivo de Rajoy, son ellos los que tiene que decidir si están dispuestos a dar ese paso y explicar por qué. El PSOE no considera esa posibilidad e insiste en la necesidad de mantener el criterio de proporcionalidad. “Ley y política”, repite la dirección socialista como la mejor receta para afrontar el problema: defensa de la legalidad y diálogo para buscar una salida acordada.

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Es verdad, reconocen las fuentes consultadas por infoLibre, que no todo el mundo en el PSOE comparte la estrategia de la moderación en la que Sánchez ha decidido situar a su partido desde que el Parlament aprobó la Ley de Referéndum. NI la apuesta por una salida política (la ruptura de la disciplina de voto por parte de Soraya Rodríguez el martes en el Congreso no ha hecho más que corroborarlo). Pero la posición de la dirección, subrayan, es nítida y el PSOE va a seguir respaldando la actuación del Gobierno de Rajoy en esta materia mientras siga considerando que las medidas adoptadas cumplen el criterio de proporcionalidad. Al menos hasta que dejen de cumplirlo. En ese momento, aseguran, no tendrán ningún inconveniente en discrepar públicamente del Gobierno.

El artículo 155 de la Constitución es, según los expertos en la materia, uno de los últimos recursos del Gobierno para hacer frente a una situación límite en Cataluña. Su enunciado faculta al Gobierno, con el apoyo de la mayoría absoluta del Senado, a “adoptar las medidas necesarias para obligar” a una comunidad autónoma al “cumplimiento forzoso” de las obligaciones que le marcan la Constitución y las leyes o para “proteger el interés general”.

Es una previsión deliberadamente ambigua que nunca se ha utilizado y que algunos especialistas no creen que se pueda invocar a menos que un Gobierno autonómico traspase líneas rojas como la instalación de aduanas o la ocupación de edificios de la administración, por poner dos ejemplos evidentes. En el caso catalán basta, en todo caso, con que el Gobierno y el Senado (ambos en manos del PP) entiendan que el comportamiento del Govern “atenta gravemente al interés general de España”. No es, como explica Eduardo Vírgala, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, una anulación formal de la autonomía aunque desde el punto de vista práctica sí supone poner fin, o al menos suspender, el autogobierno, porque implica la sustitución de sus autoridades, políticos o funcionarios, para hacer cumplir la voluntad del Gobierno.