Rajoy niega "tajantemente" haber sido chantajeado

El Gobierno salió este viernes a desmentir "tajantemente" y "rotundamente" que el presidente del Gobierno hubiese sido sometido a un chantaje.

"No se sometió a ninguna presión. Cualquiera que le conozca medianamente sabe que no se le puede chantajear", respondió Íñigo Méndez de Vigo sobre una grabación a Ignacio González en la que señala que "Rajoy fue chantajeado con un vídeo y mandó a Bárcenas para taparlo". Estos datos, conocidos en el marco de la operación Lezo, han sido revelados por laSexta y El Español.

En dicha conversación González explica al exministro Eduardo Zaplana que el presidente Rajoy recurrió al extesorero para frenar la amenaza y pagar al empresario de la comunicación que en esos momentos disponía de la grabación. "Le soltaron pasta por la puta cinta. Para taparlo", mantiene el expresidente madrileño.

Fuentes del Ejecutivo sostienen que fue el propio presidente del Gobierno el que, vía telefónica, llamó al ministro portavoz antes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para que trasladase a los periodistas que negaba las informaciones que le ubican como víctima de un chantaje.

"No, no, no y no", subrayó el también ministro de Educación cuando se le cuestionó por lo siguiente: "¿Le consta al Gobierno que existe esa grabación?", "¿Rajoy ha sido chantajeado?", "¿envió el presidente del Gobierno a Luis Bárcenas a negociar?", "¿soltaron pasta por la 'puta cinta [palabras empleadas por Ignacio González]'?".

Después, en una pregunta sobre el mismo tema, Méndez de Vigo recordó que Rajoy resiste cualquier tipo de presiones, como cuando se le demandaba que pidiese el rescate. 

"No se puede hacer responsable a una persona de lo que digan otras", dijo al mismo tiempo que recordaba que el empresario Julio Ariza, presidente del Grupo Intereconomía, había negado las presiones a Rajoy.

Memoria histórica

El Gobierno dio muestras este viernes de que no está por la labor de cumplir con la proposición de ley que le insta a exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos.

Un día antes, el Pleno del Congreso aprobó una proposición no de ley del PSOE que insta al Gobierno a ampliar la Ley de Memoria Histórica. Memoria HistóricaLa iniciativa salió adelante con la única abstención del PP y ERC, que cambiaron su voto de hace dos meses cuando el mismo asunto se votó en la Comisión Constitucional. Entonces los independentistas lo apoyaron y el PP votó en contra.

Méndez de Vigo recordó que el PSOE podría haber tomado esta medida cuando gobernó. "No es una buena idea conmemorar los 40 años [de democracia] intentando reabrir viejas historias", respondió.

Real decreto de la estiba

Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó en su reunión de este viernes el nuevo Real Decreto Ley para la reforma del sector de la estiba.

Con la reestructuración de este sector, el Gobierno pretende adecuarlo a la normativa europea, a la que actualmente contraviene, y evitar así que el Tribunal de Justicia de la UE imponga una multa a España.

El Departamento que dirige Íñigo de la Serna trajo al Consejo de Ministros el nuevo Decreto casi dos meses después de que el pasado 16 de marzo el Congreso rechazara el que Ministerio planteó inicialmente.

El nuevo Decreto Ley incluye un Real Decreto con el resultado de las negociaciones sobre los aspectos laborales de la reforma que el Gobierno mantuvo con la patronal y los sindicatos de estibadores, entre ellas el compromiso del Ejecutivo de aportar 120 millones de euros en ayudas a la reconversión del sector.

Ahora, el Ejecutivo contará con un plazo de un mes para lograr su preceptiva convalidación en el Congreso.

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De la Serna señaló que el Ejecutivo se encuentra en estos momentos desarrollando el real decreto que regula este real decreto ley y de ahí será trasladado a los partidos políticos y sectores implicados.

Se pretende que la convalidación sea el próximo día 18. Antes, la Mesa del Congreso debe darle entrada en el orden del día.

Además, el Gobierno ha elevado una consulta a las instituciones europeas. Esta misma semana el Ejecutivo ha recibido la respuesta. En esta se señala que el real decreto cumple con las exigencias de la UE.