Una reforma constitucional de corto alcance: sólo 70 diputados y senadores se beneficiaron de su aforamiento en 40 años

El aforamiento de diputados y senadores podría tener los días contados si sale adelante la reforma constitucional que el Gobierno de Pedro Sánchez impulsará en las próximas semanas, tras ser aprobado este viernes el proyecto legislativo en el Consejo de Ministros. El Ejecutivo, apoyándose en el informe que solicitó en su día al Consejo de Estado, pretende modificar la Constitución para limitar una prerrogativa que ha protegido a los 2.482 diputados y 2.042 senadores que han pasado por las Cortes desde 1977, pero de la que tan solo unos pocos han tenido que hacer uso: desde el inicio de la democracia, el Congreso apenas ha tramitado de forma completa 40 suplicatorios referentes a 35 diputados y el Senado ha hecho lo propio con 39 expedientes referidos a 35 senadores.

Tal y como está recogido en la Carta Magna, el aforamiento del que disfrutan los parlamentarios del Congreso y el Senado establece que, ante cualquier infracción legal, sean juzgados por el Tribunal Supremo y únicamente si la cámara en la que desempeñan su puesto da su consentimiento para ello. Eso implica que los plenos de Congreso y Senado pueden negarse a entregar al diputado o senador ante la justicia si se entiende que el proceso penal está siendo utilizado "con la intención de perturbar el funcionamiento de las cámaras o de alterar su composición", según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Esa capacidad de las cámaras legislativas explica por qué, pese a haber tramitado en toda la democracia un total de 79 suplicatorios –la figura jurídica utilizada por el Supremo para pedir iniciar actuaciones contra un diputado o senador–, las Cortes sólo han aprobado 56 de ellos: 28 el Congreso, que afectaron a 26 diputados (dos representantes fueron protagonistas de dos investigaciones judiciales), y 28 el Senado, que implicaban a 25 senadores (uno acumuló tres procesos y otro dos). En total, las Cámaras respondieron afirmativamente al  70,9% de las peticiones del Supremo para investigar a parlamentarios.

En los últimos años las dos cámaras han sido mucho menos restrictivas que al inicio de la democracia y han admitido la inmensa mayoría de los suplicatorios: de los 23 rechazados desde 1977, únicamente tres lo han sido en los últimos 30 años, los tres en el Senado y los tres del PSOE (los senadores José Santiago en 1990, Juan González Bedoya en 1991 y Manuel Goya en 1999). Por el contrario, entre 1977 y 1988, el Congreso rechazó 12 suplicatorios y el Senado, ocho. Desde el año 2000, todas las solicitudes del Supremo para investigar han sido respondidas afirmativamente por las Cortes: el Congreso en seis ocasiones y el Senado en nueve casos. 

Por partidos, la formación que más parlamentarios ha tenido envueltos en procedimientos penales ha sido el PSOE, que desde 1977 ha visto cómo las Cortes tramitaban 14 suplicatorios referidos a sus diputados y otros 15 relativos a sus senadores –el Senado aprobó ocho y rechazó siete, y el Congreso aprobó siete y rechazó el mismo número–. Alianza Popular y, posteriormente, el PP, ha tenido entre los parlamentarios de sus filas 23 suplicatorios tramitados por las Cortes, de los cuáles el Congreso aprobó nueve y el Senado, los 13 que tramitó. El único parlamentario conservador que se ha librado de ser encausado por el Supremo fue Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que vio como el Congreso rechazaba su suplicatorio en 1986 tras una denuncia de la Diputación Provincial de Valladolid ante unas declaraciones en las que el entonces diputado denunciaba gastos superfluos de esa institución.

Fuera de los dos partidos mayoritarios, la única formación con un número reseñable de parlamentarios estatales que se hayan visto envueltos en procedimientos penales con el Tribunal Supremo es Herri Batasuna (HB) y, posteriormente, EH Bildu. Desde 1977, el Congreso ha tramitado siete suplicatorios relativos a diputados de la izquierda abertzale, por cinco tramitados por el Senado. Los doce fueron aprobados por las cámaras: entre los encausados se encontraban históricos del independentismo vasco como Francisco Letamendia o Jon Idígoras, y los parlamentarios abertzales han sido encausados por causas tan diversas como injurias a la Corona, resistencia a la autoridad, colaboración con banda armada o apología del terrorismo.

El de Iñaki Goioaga, el último suplicatorio aprobado

Los últimos suplicatorios tramitados (y, en este caso, aprobados) por las Cortes datan de 2016. Ese año, el Tribunal Supremo pidió al Congreso –y consiguió– poder procesar a Francesc Homs, exconseller de la Generalitat y entonces diputado del PDeCAT, por su participación en la organización de la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014. Y también en 2016, el Senado tramitó y aprobó el suplicatorio remitido por el Alto Tribunal contra Iñaki Goioaga, senador de EH Bildu, para que pueda ser juzgado por delitos de pertenencia a banda armada o colaboración con ETA por sus relaciones con presos de la organización terrorista. El propio Goioaga pidió a los senadores que votasen a favor de que se aprobase el suplicatorio, una actitud relativamente frecuente a la hora de afrontar estas iniciativas.

Los motivos por los que el Tribunal Supremo pide permiso a las Cortes para enjuiciar a algún parlamentario son de lo más diverso: desde asuntos relacionados con el terrorismo hasta meras infracciones de tráfico. De hecho, los tres últimos diputados del PP acogidos a su aforamiento –Ignacio Uriarte, Arsenio Pacheco y Vicente Ferrer, en 2010, 2011 y 2013, respectivamente–, fueron al Tribunal Supremo por haber cometido algún delito relacionado con la conducción, aunque indudablemente los suplicatorios que tienen un mayor eco mediático son los que implican encausamientos por corrupción. Con la reforma constitucional planteada por el Gobierno, los parlamentarios que conduzcan borrachos no se beneficiarían del aforamiento como hasta ahora.

En los últimos años, son varios los diputados y senadores que han visto como el Congreso o el Senado aprobaba investigaciones del Tribunal Supremo. Además del mencionado Goioaga, el último en ver aprobado su suplicatorio por la Cámara alta fue la socialista María Elena Diego, que en 2013 fue acusada de prevaricación por el Tribunal Supremo, que la absolvería dos años después. Cuatro años antes, en 2009, era el extesorero del PP Luis Bárcenas –entonces senador por Cantabria– quien era entregado por el Senado al Alto Tribunal tras ser requerido en la causa abierta por el caso Gürtel. Y ese mismo 2009, el Congreso también aprobaba el suplicatorio contra el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León Jesús Merino, también imputado en la trama Gürtel.

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Barrionuevo, Tamames y Alfonso Guerra

Entre los nombres más mediáticos que han sido requeridos a través de un suplicatorio por el Tribunal Supremo por estar aforados se encuentra también el del exministro del Interior José Barrionuevo, condenado –y posteriormente indultado– por su responsabilidad en la guerra sucia contra ETA a través de los GAL. El Alto Tribunal, de hecho, cursó dos suplicatorios contra Barrionuevo en su etapa como diputado: el primero, en 1988, tuvo que ver con un supuesto delito contra el derecho al honor fue rechazado por la Cámara baja; el segundo, en 1995, fue aprobado y permitió que el exministro fuera juzgado por los GAL.

Un año antes de que el Supremo remitiera el primer suplicatorio contra Barrionuevo, en 1987, quien fue procesado por el Tribunal Supremo fue el histórico de IU Ramón Tamames. El entonces diputado, durante la campaña de las elecciones generales del año anterior, había criticado la "hipocresía" del PSOE y había acusado al secretario de Estado para la Cooperación Internacional, Luis Yáñez, de esnifar cocaína, algo que le costó una denuncia por supuestas injurias y que el Congreso cursase el suplicatorio enviado por el Supremo contra él. Igualmente, el Congreso también comenzó la tramitación de un suplicatorio contra el entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, por una supuesta calumnia, aunque el Supremo revocó la petición antes de que finalizase la tramitación.