Las comisiones que el PP veta en Madrid: investigar a Begoña Gómez sí, al novio de Ayuso o residencias no

El Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso ha conseguido sentar este miércoles a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Asamblea de Madrid. Este paso del PP madrileño —que no ha dado la formación a nivel nacional en el Senado— es el enésimo intento por parte de la presidenta madrileña de utilizar la Asamblea como cámara de eco de los debates nacionales gracias a su mayoría absoluta. La expectación ante la comparecencia de Gómez ha provocado una avalancha de acreditaciones de periodistas, obligando a coordinar un dispositivo de seguridad diseñado entre los especialistas de La Moncloa y la Asamblea madrileña.

La comparecencia de Gómez se ha producido este miércoles después de que el pasado mes de junio el PP registrara una comisión de investigación "sobre la actuación del rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, para esclarecer qué favores hizo a Begoña Gómez" en su relación profesional con la Universidad Complutense. La mujer de Sánchez se ha acogido a su derecho a no responder, no sin antes señalar que la comisión "tiene un objetivo político evidente" pero que "la verdad pondrá las cosas en su sitio" ante lo que definió como una campaña de "denuncias judiciales, bulos y difamaciones" sobre su persona.

Las portavoces de PP y Vox han convertido la sesión en un duro y bronco interrogatorio sobre sus méritos profesionales, asegurando que no se deben a sus capacidades sino a ser "mujer de" Sánchez, sin respuesta alguna de la interpelada. Tras Gómez ha sido el turno de Goyache, también investigado, que ha desmontado las sospechas que han vertido las derechas sobre el supuesto trato de favor sobre la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva.

Por su parte, la izquierda madrileña ha calificado como "show" lo ocurrido este miércoles. "Lo que hemos visto hoy es un salto cualitativo en el asalto del Partido Popular a las instituciones madrileñas. Los diputados de Ayuso han orquestado un show en forma de comisión de investigación con el único objeto de hacer escarnio público de una sola persona, cuando se han negado a fiscalizar en la Asamblea cualquier otro tema como los Protocolos de la Vergüenza o los negocios del Grupo Quirón con la Comunidad de Madrid", lamenta la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, en conversación con infoLibre.

Un argumento compartido por el líder de los socialistas, Juan Lobato, que tras la comparecencia se ha preguntado cómo es posible que en treinta años no haya sido citado en la Asamblea "un expresidente que ha estado en la cárcel como fue Ignacio González" y sí haya acudido "la mujer del presidente del Gobierno de España" simplemente por serlo. "Es una especie de linchamiento público", ha recriminado el portavoz socialista. Bergerot lamenta que el PP de Ayuso ha "abusado" del proceso "desde la constitución de la comisión, la definición de las normas y la moderación del debate, que ha sido absolutamente vergonzosa".

Lo cierto es que, tal y como apuntan Bergerot y Lobato, el mismo partido que ha impedido sistemáticamente cualquier iniciativa para fiscalizar al Ejecutivo de Ayuso con la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia, las amenazas del jefe de gabinete de la presidenta madrileña a varios medios de comunicación o las contrataciones con el grupo sanitario Quirón por ser "asuntos de otra legislatura” o adolecer de "falta de concreción", sí ha considerado adecuado investigar sobre Gómez. Según su razonamiento, el interés público se debe a que las instituciones involucradas "entran dentro del marco competencial de la Comunidad de Madrid".

Los Protocolos de la Vergüenza en las residencias de mayores

El PP de Ayuso se ha negado en ocho ocasiones a abrir una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de mayores. En junio de 2020, cuando el PP no tenía mayoría absoluta, el Parlamento autonómico constituyó la Comisión de investigación sobre la situación provocada por el covid-19 en los centros residenciales de personas mayores de la comunidad y la gestión que hizo el Gobierno regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. Tan sólo entre dos de ellos, marzo y abril, murieron 9.468 personas (el 77% de ellas sin derivación hospitalaria). Sin embargo, sólo se celebraron ocho sesiones. El adelanto electoral provocó frenar en seco el trabajo, que nunca volvió a retomarse porque PP y Vox lo impidieron.

Su justificación ha sido siempre la misma. A juicio de los conservadores, no ha tenido sentido retomar los trabajos porque los partidos de izquierda "ya tienen las conclusiones" claras, por lo que sólo quieren "convencer de su verdad". Así lo dijo el número dos de Ayuso en la Asamblea, Alfonso Serrano, que a su vez acusó a la oposición madrileña de "usar las desgracias y cabalgar sobre el dolor para hacer política".

Los negocios de González Amador con Quirón

Fue el PSOE quien pidió que se remitieran a la Cámara de Cuentas todas las operaciones contractuales desarrolladas entre 2020 y 2023 con el gigante sanitario Quirón, máximo beneficiario de la privatización hospitalaria impulsada por Esperanza Aguirre y gran cliente de la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. El muro de la mayoría absoluta del PP, que en la comisión de presupuestos de la Asamblea madrileña tumbó este iniciativa, que propugnaba una fiscalización específica y que recibió el apoyo no solo de Más Madrid sino también de Vox. Lo que sostuvo la formación de Ayuso es que se trataba de solo “un intento más de hablar de una trama que no existe”. “La única trama que existe con hechos concretos –espetó el diputado conservador Ángel Francisco Alonso– es la del caso Koldo".

Más Madrid, por su parte, registró un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) frente al veto del PP madrileño a que la Asamblea regional investigue, y debata, las distintas aristas del caso que afecta a González Amador, investigado por la presunta comisión de dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad en documento mercantil. Los conservadores siempre se han negado a auditar la relación entre la Comunidad y el grupo Quirón.

Los contratos de emergencia durante la pandemia

El Partido Popular también se ha negado a que se investiguen los contratos sospechosos realizados por los procedimientos de emergencia durante la pandemia. Lo hizo tras después de los diputados de Más Madrid presentaran formalmente la solicitud en febrero de este año. Días más tarde, el 1 de marzo de 2024, la Mesa de la Asamblea decidía no admitir a trámite esta solicitud, argumentando motivos reglamentarios. Los de Manuela Bergerot presentaron un recurso de reconsideración, pero la respuesta fue la misma. Al igual que en legislaturas pasadas la petición, registrada también por el PSOE y Unidas Podemos, fue rechazada.

Los conservadores, además, se escudan en la ley de transparencia, que obliga a la publicación en un portal específico de los contratos del Gobierno regional, para limitar e intentar reformular las competencias de la comisión parlamentaria de vigilancia de las contrataciones.

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A finales de julio el PP de Isabel Díaz Ayuso impidió que la Asamblea investigara por qué la construcción de la línea 7B del metro provocó el derribo a 73 viviendas de San Fernando de Henares, un municipio de 40.000 habitantes al este de la Comunidad de Madrid. La petición de comisión fue de Más Madrid y la formación de Ayuso la tumbó alegando que como la 7B fue inaugurada en 2007, le correspondía rendir cuentas a a gobiernos anteriores.

En el centro de esa decisión estuvo el Gobierno de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2007, con Esperanza Aguirre a la cabeza, una de las madrinas políticas de Ayuso. Sin embargo, el el último intento de salvar la infraestructura se está produciendo ahora bajo el mandato del actual Ejecutivo madrileño. Aunque Ayuso ha tratado de responsabilizar también a los ayuntamientos de Henares y Coslada, los informes y la sentencia que apuntan a que la responsabilidad fue del Gobierno regional por las prisas electorales.

Los ataques del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez

La mano derecha de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, está blindado en el PP madrileño. El pasado mes de marzo el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid vertió acusaciones falsas y amenazas contra periodistas tras desvelarse la investigación de González Amador. Los partidos de la izquierda parlamentaria pidieron su dimisión y le llamaron a comparecer en la Asamblea, pero los conservadores se negaron alegando que Rodríguez no tenía funciones ejecutivas, sino de asesoramiento, y que, por tanto, no es alto cargo, pese a que así figura en el portal de transparencia.