Un retraso judicial malogra una causa por fraude de 7 millones en la Alhambra

El error judicial puede salir muy caro. La Audiencia de Granada ha declarado la nulidad de todas las diligencias practicadas en el último año en el caso sobre la supuesta adjudicación irregular de contratos públicos en la Alhambra, incluyendo la detención de una veintena de personas el pasado mayo. También ha ordenado que se dé por concluida la fase de instrucción. El motivo es que el auto que declaró compleja la causa se dictó fuera del plazo establecido. La Audiencia, en un auto de 22 de octubre, ha estimado un recurso interpuesto por la defensa de la exdirectora de la Alhambra, María del Mar Villafranca. Todo el caso corre ahora peligro. Está por ver incluso si llega a la fase de juicio oral, cosa que fuentes judiciales consideran improbable ya que los implicados no han podido defenderse durante la instrucción. Sería difícil enviarlos al banquillo sin que pudiera entenderse que se ha producido una vulneración de sus garantías. Hay 28 investigados entre anteriores gestores del monumento, trabajadores y empresarios.

El auto judicial anula todas las diligencias desde del 3 de octubre del año pasado. El magistrado que instruye el caso en el juzgado 4 de Granada deberá dar por concluida la instrucción con arreglo a las actuaciones que se hubieran hecho hasta entonces. Una posibilidad es que archive el caso. La mayoría de los investigados, concretamente 23, fueron detenidos el pasado 8 de mayo en la llamada operación Colina Roja II, que tuvo gran repercusión mediática y política en Granada, con el PSOE en el punto de mira. El Patronato de la Alhambra y el Generalife está adscrito a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE.

La Policía Nacional cifró entonces en cerca de 7 millones de euros el importe supuestamente defraudado por las irregularidades en la adjudicación de contratos en el monumento desde 2007 hasta 2015. Entre los arrestados estaban la exdirectora de la Alhambra María del Mar Villafranca, que fue secretaria de Educación y Cultura del PSOE, la exsecretaria general del monumento Victoria Chamorro y el que fuera jefe de la Sección Económica y de Contabilidad del Patronato de la Alhambra, José María Visedo.

Graves irregularidades

Esta investigación derivó de la iniciada en 2015 sobre presuntas irregularidades en la adjudicación y gestión del contrato de audioguías de la Alhambra por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. A juicio de la Policía, estos hechos delictivos "no son aislados, sino que las irregularidades se extenderían a un número de empresas que se estarían beneficiando de la adjudicación irregular de contratos por parte del Patronato de la Alhambra".

La auditoría que la Intervención General de la Junta de Andalucía realizó a petición de la Consejería de Cultura en agosto de 2015 en el patronato detectó "importantes debilidades" en los procedimientos de gestión y control del monumento que, según se exponía, "han permitido la existencia de graves irregularidades en los expedientes tramitados". Estas irregularidades habrían significado que "determinadas personas y empresas" accedieron a "múltiples contratos públicos mediante el incumplimiento reiterado de los principios básicos de la contratación administrativa de publicidad, transparencia y concurrencia". A ello se sumaba la posibilidad de "un importante menoscabo de ingresos públicos en beneficio de determinadas empresas adjudicatarias". Así consta en el extenso informe de 200 folios de la Intervención General de la Junta y que fue remitido en su día al juzgado. La auditoría abarcaba de 2011 a 2014.

10 condenados, 40 absueltos

Diversas irregularidades en la Alhambra ya han sido enjuiciadas. La Audiencia de Granada condenó en febrero a diez de los cincuenta acusados en el llamado caso Alhambra al considerar acreditado que se produjo un fraude en las entradas al monumento entre 2002 y 2005 por parte de guías turísticos y trabajadores del recinto nazarí mediante prácticas ilegales que favorecieron el fraude y el enriquecimiento de determinadas personas. El máximo condenado, Francisco C. J., fue condenado por estafa siete meses de prisión, por falsedad en documento mercantil a 10 meses y a indemnizar a la Alhambra con 58.000 euros.

Los otros nueve condenados pagan penas algo menores por delitos similares. Las condenas de entre 17 y tres meses de prisión tenían la aplicación de la atenuante de dilación extraordinaria o indebida. El fallo fue interpretado como una minicondena para una macrocausa, que llegó a acumular casi ochenta imputados. La Audiencia no consideró que existiera una gran red, como se había planteado durante la fase de instrucción. Fueron absueltos la mayoría de guías turísticos, empleados de agencias y trabajadores de la Alhambra. Todo ello tras un proceso de 13 años. Falta aún el fallo del Supremo.

A instancias de la Fiscalía

Porque lo ocurrido está por aclarar. Las primeras miradas se dirigieron hacia el juzgado instructor. No obstante, fuentes judiciales señalaban: "La solicitud de prórroga le corresponde al fiscal". Estas fuentes apuntan al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tras su reforma de 2015, que señala que las diligencias de instrucción se practicarán durante un máximo de seis meses desde el auto de incoación de las diligencias previas. Para ampliar el plazo hay que declarar la causa compleja. "Antes de la expiración de ese plazo, el instructor a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes, podrá declarar la instrucción compleja". Esto amplía el plazo a 18 meses.

Las mismas fuentes judiciales señalan que durante la instrucción hubo una disputa entre los juzgados 5 y 9 de Granada para ver cuál se encargaba del caso, lo cual ha enmarañado el procedimiento.

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Reacciones políticas

El auto de la Audiencia dejó este miércoles en shock al mundillo político y periodístico granadino. La parlamentaria del PP Marifrán Carazo afirmó que "la sombra de la corrupción" sigue planeando sobre la gestión del patronato. "El PSOE ha gestionado la Alhambra desastrosamente", añadió.

"No lo puedo creer. Aquí en Granada los errores nos cuestan muy caros. Fíjate lo que pasó con un error de la Junta por el caso Nevada, que vamos a tener que pagarle entre todos una fortuna a un promotor", señalaba Francisco Puentedura, portavoz de IU, que lamentó que la administración de justicia esté "más preocupada por salvarle la papeleta a los bancos" que por "investigar la corrupción".