Ruz da el primer paso para sentar en el banquillo a los extesoreros del PP Bárcenas, Lapuerta y Sanchís

El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha abierto una pieza separada dentro del caso Gürtel que permitirá adelantar el juicio contra los extesoreros del Partido Popular Luis Bárcenas; Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís,Luis BárcenasÁngel Sanchís según un auto firmado este martes.

Entre las 45 personas que están a punto de ser procesadas se encuentran políticos, empresarios y familiares como la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias; el considerado como testaferro del extesorero Iván Yáñez; Francisco Correa; Pablo Crespo; Jose Luis Izquierdo; Isabel Jordán; Álvaro Pérez El Bigotes; el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega; el exmarido de la ministra Ana Mato, Jesús Sepúlveda; el exviceconsejero madrileño Alberto López Viejo; el exdiputado del PP Jesús Merino; Ricardo Galeote, Luis de Miguel, Jacobo Gordon y el denunciante del caso José Luis Peñas.

45 personas

De esas 45 personas, 21 se sentarían una sola vez en el banquillo, por los hechos de la pieza que ahora Ruz quiere desglosar. Las otras 24 personas permanecen como imputadas en la causa principal o en las piezas separadas que se abrieron en momentos anteriores.

Los imputados se enfrentan a la acusación de once delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración Pública, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Publica, blanqueo de capitales, estafa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.

En el auto el juez ofrece además acciones a los Ayuntamientos de Majadahonda, Pozuelo y Madrid por los posibles perjuicios sufridos e informa al Partido Popular de su derecho a personarse como partícipe a titulo lucrativo en relación con los hechos vinculados a Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega y que con su actuación pudieron generar un “ilícito beneficio” para el partido de Mariano Rajoy cifrado en 236.864 euros.

Primera época

Esta nueva pieza, que se denomina primera época y que engloba los hechos ocurridos entre 1999-2005, refleja las operaciones investigadas a la trama organizada en torno a Francisco Correa, así como otros hechos que se extienden a años posteriores.

El juez justifica la compartimentación del caso, adelantada por infoLibre, por el recorrido que ha seguido la investigación durante cinco años ante varios instructores; por todos los informes periciales aportados, las 183 comisiones rogatorias a 21 países, pero sobre todo por haberse resuelto los incidentes de nulidad planteados por las defensas. “Resulta posible escindir determinados hechos cuya investigación se encuentra prácticamente concluida, posibilitando su pronto y eventual enjuiciamiento, sin que por ello exista riesgo de ruptura de la continencia de la causa”, especifica el magistrado en su auto.

Tribunal Supremo

Ruz se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo en relación a los delitos económicos para escindir determinados hechos en una pieza separada. Cita sentencias, como la del caso Banesto o la más reciente del caso Hacienda, para desglosar en piezas la investigación y evitar así efectos perniciosos como dilaciones indebidas o convertir la causa en un macrojuicio inabarcable. Además, se da el caso que Luis Bárcenas permanece en prisión provisional desde el pasado verano.

Los hechos investigados que se dan por concluidos se centran en los primeros seis años de la trama (el juez señala que los imputados actuaron durante una década] y a operaciones en Castilla y León y en la Comunidad de Madrid.

El magistrado recoge el prolijo informe de la Fiscalía Anticorrupción que relata las operaciones en los municipios madrileños de Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Madrid; en la Comunidad de Madrid; en la Comunidad de Castilla y León y en el municipio malagueño de Estepona, "sin perjuicio de que algunas conductas se extendieron a años posteriores”. El resto de los hechos se incluirán en otras piezas posteriores y que ya el auto del juez deja entrever que se centrarán en los ayuntamientos madrileños de Boadilla del Monte, Arganda del Rey y Alcalá de Henares, así como en constatar algunos delitos fiscales y de la estructura completa del blanqueo de capitales.

Entramado

Ruz relata toda una operativa desarrollada en estos municipios por los 45 imputados para conseguir adjudicaciones ilícitas para sus empresas, mediante un entramado de sociedades por las que se canalizaban las dádivas, pagos de comisiones y pagos a proveedores a través de un sistema de facturación falsa.

Utilizando sociedades creadas a lo largo de estos años se permitía la facturación irreal entre ellas, encubrían las comisiones cobradas por los imputados, se facilitaba la concesión irregular de contratos públicos, adjudicaciones de distintas obras y se ocultaba a las autoridades y la Hacienda esos beneficios ilícitos.

En concreto, el magistrado de la Audiencia Nacional pretende enviar a juicio a Bárcenas y al exdiputado del PP Jesús Merino Delgado, por sus presuntos cobros en contraprestación a su intermediación en la contratación pública. Asimismo, en relación con Bárcenas, esta nueva pieza separada también incluirá un apartado sobre el "apoderamiento de fondos" del PP y a la posible ocultación de sus ganancias ilícitas.

Estructura opaca

"Durante el periodo en que ocupó dicho cargo así como el de tesorero, el imputado, prevaliéndose de las funciones que los mismos le otorgaban, se habría apoderado de recursos de esta formación aprovechando la estructura opaca a la Hacienda Pública o doble contabilidad creada en ese partido", completa el juez sobre Bárcenas, a quien le atribuye haber cobrado más de 150.000 euros que fueron ingresados en una cuenta de Suiza.

Asimismo, la resolución judicial incluye dos inversiones con dinero de la caja B del PP por las que está siendo investigado Bárcenas: una inversión en acciones en Libertad Digital y la compra de un inmueble a la empresa Neu 1.500 SL. En ambas, el juez considera que el extesorero pudo haberse quedado con los fondos.

El auto resalta, además, que Bárcenas, con la finalidad de ocultar el origen y propiedad de las rentas procedentes de la actividad delictiva, utilizó, en connivencia con su esposa, la también imputada Rosalía Iglesias Villar, mecanismos de facturación ficticia y un entramado financiero constituido en entidades bancarias suizas.

El extesorero del PP justificó una parte de esos ingresos con operaciones de compraventa de obras de arte: "La excusa de las operaciones de compraventa de cuadros también se habría utilizado como justificación de numerosos ingresos en sus cuentas suizas y para solicitar un crédito", llega a indicar la resolución judicial.

Pero el juez Ruz también incluye entre los hechos por los que debería ser juzgado Bárcenas el presunto cobro de comisiones a empresas junto al exdiputado del PP Jesús Merino y a través de Francisco Correa.

Francisco Correa

Por otra parte, el instructor considera probada de forma indiciaria la existencia, desde al menos diciembre de 1999 hasta febrero de 2009, de una trama organizada en torno a Francisco Correa.

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Y este empresario, vinculado al PP, contó con la ayuda de otros imputados, esencialmente a partir del año 2002 de Pablo Crespo Sabarís, "lideró un entramado societario dirigido a obtener irregularmente adjudicaciones públicas de diferentes Administraciones gobernadas por el Partido Popular, mediante la entrega de dádivas a funcionarios y autoridades con competencia o influencia en esas contrataciones".

Colaboración de Peñas

Además, en el escrito, en el que se mantiene la imputación del denunciante del caso, el exconcejal de Majadahonda del PP José Luis Peñas, el juez incluye un párrafo en el que destaca que su "colaboración ha resultado esencial en la averiguación y esclarecimiento de los hechos y en la identificación de los eventuales responsables".