Sacyr en Mozambique: otra multinacional acusada de dañar a comunidades empobrecidas

La ONG Alianza por la Solidaridad ha denunciado otro caso más de participación de una multinacional española en un proyecto que daña, trastorna y empobrece a la población local de una zona ya empobrecida y frágil. En esta ocasión hablamos de la constructora Sacyr y de Mozambique, el penúltimo país del mundo en la tabla del Índice de Desarrollo Humano, solo por encima de Mali. La infraestructura concreta es el corredor de Nacala, una inmensa obra ferroviaria que cruza el país de oeste a este y que cuenta con 917 kilómetros de longitud. Inaugurada el 5 de mayo de 2017, en 2013 se adjudicó la reforma de 577 kilómetros del trazado a la empresa portuguesa Somague, controlada al 100% por Sacyr, por la cantidad de 177 millones de euros. El objetivo era reformar y ampliar las vías para que permitieran el traslado del carbón desde la mina de Moatize hasta el puerto de Nacala, al este, para su exportación. La organización denuncia que esa ampliación ha cambiado para siempre la vida de los mozambiqueños que dependían del antes conocido como el "tren de la vida".

La organización denuncia lo que es tristemente habitual en los casos de grandes empresas que se instalan, directamente o a través de filiales, en zonas con bajo o nulo desarrollo industrial y económico para extraer recursos. Con la connivencia y las puertas abiertas de la Administración local, que ve dinero fácil y relaja la legislación, la infraestructura (una mina, una presa, un tren) se instala en zonas donde perturba, a veces con consecuencias trágicas, la vida de la comunidad, generalmente empobrecida o con pocos mecanismos de defensa, sin preguntarles ni compensarles debidamente. La defensa de la compañía suele ser la misma siempre: todo es legal, la responsabilidad es de la filial, hemos generado puestos de trabajo y riqueza. Alardean de certificados de Responsabilidad Social Corporativa y nunca se enfrentan a consecuencias porque, en la actualidad, no hay ningún mecanismo vinculante que permita controlar y sancionar o castigar, si procede, a las multinacionales que han causado impactos negativos fuera de sus fronteras.

Alianza por la Solidaridad, que lleva años trabajando sobre el terreno del país africano para elaborar un informe sobre la actuación de Sacyr, cifra en 13.820 hogares los afectados por la rehabilitación de la vía en la que ha participado la empresa española. "759 han sido impactados físicamente en sus viviendas, 12.033 económicamente en sus campos de cultivo y 1.058 física y económicamente", afirma el dossier de la organización de este caso. El impacto no es unidireccional y proviene de diversos factores. El primero es el más evidente. La legislación mozambiqueña exige, para la construcción de cualquier infraestructura, un espacio de 50 metros a un lado y otro por cuestiones de seguridad, la llamada "faixa de dominio" que posteriormente la empresa decidió limitar a 15 metros, ya que la norma del país era clara: las familias dentro de esa franja obligadas a ser desplazadas tendrían que ser indemnizadas.

La ONG denuncia el caso como un "acaparamiento de tierras" por los modos: en estos casos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) obliga a una consulta "libre, previa e informada" entre los habitantes para asegurar que la obra cuenta con el beneplácito de las personas que van a sentir el impacto. Los testimonios que ha recabado Alianza por la Solidaridad indican que no ha sido así. "Cuando le preguntábamos a Sacyr, nos dijeron que sí había habido consultas. 'Hemos tenido reuniones', nos decían. Les pedimos las actas, si nos las podían enseñar. No, no nos las podían enseñar", explica, con un toque de sarcasmo, Almudena Moreno, la coordinadora del proyecto de Alianza por la Solidaridad.

Sacyr, en respuesta a las preguntas de infoLibre, afirma que la filial, Somague, "ha cumplido todas las obligaciones de las que era responsable en el proyecto de Mozambique". Su gabinete de comunicación explica que la empresa "no ha participado en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo susceptibles de afectar directamente a las comunidades aledañas al proyecto" porque no es su responsabilidad, ya que la legislación del país africano indica que el Gobierno es el responsable de velar por ello. Así lo indica el propio Convenio 169 de la OIT, que cita Sacyr: "La obligación de garantizar la realización de consultas adecuadas recae en los gobiernos y no en personas o empresas privadas. Si bien en algunos casos, los gobiernos pueden delegar la aplicación práctica del proceso de consulta a otras entidades, la responsabilidad de garantizar que las consultas se realicen de acuerdo con lo estipulado por el Convenio recae en los gobiernos inclusive en los casos en que no estén directamente a cargo del proceso".

Sin embargo, "tal y como señalan los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, el sector privado, sea cual sea su marco de intervención (como inversor, asistencia técnica, contrata, subcontrata, etc.) debería respetar y no violar los derechos humanos de otras personas y abordar las repercusiones negativas sobre estos, ayudando a proteger los derechos legítimos de las personas", recuerda Alianza por la Solidaridad. 

Más allá de todas las personas que han tenido que trasladarse o que abandonar su hogar, la lista de daños a la comunidad local que denuncia la ONG es amplia. La frecuencia de los trenes ha cambiado para dar prioridad al transporte de mercancías –en concreto, del carbón– en detrimento de los trenes de pasajeros. Por eso le llamaban "el tren de la vida", porque conectaba a los habitantes por donde pasaba la línea con servicios básicos como agua, comercios u hospitales. Ahora lo tienen mucho más difícil. El carbón cruza Mozambique sin red o lona que lo cubra, al aire libre, lo que esparce a su paso partículas contaminantes para las personas y para el campo. La seguridad para evitar accidentes es prácticamente inexistente y, como cifra Moreno, "de los 537 kilómetros de los que se ha encargado Sacyr, hay cuatro pasos para cruzar la vía".

Sacyr insiste en que "se han respetado los derechos humanos fundamentales incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es, junto con los 10 principios del Pacto Mundial, la base del Código de Conducta del Grupo" y, por tanto, rechaza "rotundamente" las acusaciones de la campaña de la ONG, "que consideramos injusta y que no se ajusta a la realidad del proyecto".

En cualquier caso, la vía ferroviaria ya está construida. No hay presión que hacer para que se paralice el proyecto. Sin embargo, la ONG ha lanzado una petición para que la ministra de Industria, Reyes Maroto, "ponga en marcha con urgencia medidas que garanticen que las empresas españolas respetan los derechos humanos en sus actividades en el exterior". El anterior Ejecutivo, mediante su cartera de Exteriores, aprobó un Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, pero no contiene ninguna obligación.

¿Y los ODS?

Según Moreno, la historia del corredor de Nacala tiene mucho que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que componen la Agenda 2030 de Naciones Unidas. En teoría, sobre el papel, las empresas deben involucrarse para compatibilizar la lógica búsqueda de beneficios económicos con el desarrollo de las comunidades y las zonas donde trabajan. Generar riqueza, fuentes de vida y de prosperidad para ellos. "Es una adjudicación de mucho dinero que no ha servido de nada para la población de Mozambique. ¿Aquí quién gana? Se habrán creado empleos temporales, pero no hay más", afirma. Es imposible que se avance en el desarrollo de los ODS si las multinacionales radicadas en suelo desarrollado no hacen nada para favorecer, o al menos no entorpecer, el desarrollo sostenible, considera.

La acción climática y los términos de justicia social en los que debe desarrollarse también influyen en el juicio al corredor de Nacala. Mozambique, como la inmensa mayoría de los países del planeta, firmó los Acuerdos de París y ha contraído obligaciones para disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero, pero como explica Alianza por la Solidaridad en su dossier, es una tentación entendible seguir explotando el carbón de las minas por encima de todo si así llegan las inversiones extranjeras. No es fácil abandonar la lógica extractivista y apostar por la sostenibilidad cuando se trata de un país subdesarrollado.

"El modelo extractivo cortoplacista basado en la industria de los hidrocarburos que ejemplifica la explotación de la mina de Moatize entra en clara contradicción con los objetivos en la lucha contra el cambio climático", afirma Alianza por la Sostenibilidad, que también reconoce que el apoyo de Mozambique a la lucha contra el cambio climático estuvo condicionado a que los países más desarrollados apoyaran técnica y financieramente a los más débiles para favorecer la transición. Algo que nunca ha llegado a materializarse y que fue la principal razón de la confrontación de la última cumbre del clima de Bonn.

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A la espera de la ONU

Sigue sin haber una legislación vinculante a nivel internacional que limite la impunidad de las transnacionales que denuncian los activistas. En teoría, Naciones Unidas, gracias a la iniciativa de Ecuador, está en ello. En el seno de la ONU se debate desde hace años la necesidad de elaborar una normativa sobre compañías y derechos humanos. Se elaboró un grupo de trabajo, liderado por Ecuador, que presentará en la próxima reunión de octubre de 2018 un borrador que debería ser aprobado en esa cita, explica Erika González, del Observatorio de Multinacionales de América Latina (OMAL).

Sigue estando complicado. Estados Unidos se salió este miércoles del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por lo que su rechazo se da por descontado. Los países que conforman la Unión Europea rechazaron en bloque un tratado vinculante asegurando que las recomendaciones actuales, que no obligan a nada, son más que suficientes. En teoría, cada Estado miembro tiene libertad para votar lo que prefiera: en la práctica de este caso, la UE se comporta en este caso como una única entidad. "Cuando nos reunimos con el delegado de la misión española en el Consejo, Emilio Pin, le preguntamos dónde se ha acordado en la Unión Europea que todos los países tomen la misma posición. Nos dijo que no podía decírnoslo", explicaba González en 2017 a infoLibre.