Sánchez incumple su promesa de llevar al Congreso la reforma del artículo 135 de la Constitución

Habrá propuesta socialista para la reforma del artículo 135 de la Constitución en el programa electoral. Pero ya no llegará al Congreso, casi con toda seguridad, en esta legislatura. La dirección asume que "es muy complicado" que se pueda trasladar a la Cámara la iniciativa, tanto por lo apurado de los plazos como por una razón de oportunidad, ya que queda un final de mandato de vértigo, con la presentación y tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2016 y la campaña de los comicios catalanes. Y poco después, se disolverán las Cortes, con el fin de que las generales se celebren a finales de año, que es el propósito de Mariano Rajoy. 

Pedro Sánchez ha incumplido así su propia promesa. La que formalizó en noviembre de 2014, cuando anunció por sorpresa que su grupo apoyaría la proposición de modificación del artículo 135 planteada por Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), que se iba a debatir en el Congreso 24 horas después (y que fue tumbado por el PP). El secretario general hacía acto de contrición pública y tachaba directamente de "error" una de las medidas más controvertidas de la última etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, la reforma exprés de la Carta Magna para introducir en ella el principio de estabilidad presupuestaria y de pago prioritario de la deuda, una concesión a las instituciones europeas en un momento en que los mercados acosaban a España. El cambio, propuesto por el entonces presidente a finales de agosto de 2011, fue aprobado en apenas 15 días con los votos de PSOE y PP. Y sin referéndum. 

Sánchez era diputado en el Congreso y siguió de cerca la ultrarrápida negociación del texto. Lo votó y lo defendió. No lo ocultó cuando avanzó el viraje de su partido, a finales del año pasado. "Visto en perspectiva, el PSOE tiene que aprender de esos errores, reconocerlos y corregirlos". Aquellas palabras generaron una brecha con el expresidente aún no cerrada. 

Al apoyo a la iniciativa de IU-ICV-CHA se sumó el anuncio de que los socialistas presentarían un texto alternativo al vigente del 135 en febrero de 2015, a través de una iniciativa parlamentaria en el Congreso. El secretario general insistió en todo momento en que la revisión no supondría la derogación del artículo, sino su ampliación. Es decir, que junto al principio de estabilidad presupuestaria figurase el "blindaje" de la financiación de "la sanidad, la educación y las pensiones públicas", puestas en riesgo, a juicio del PSOE, por el Gobierno del PP. Dicho de otro modo, se trataría de complementar la estabilidad presupuestaria con la estabilidad social. 

Primer retraso antes del 24-M

La filosofía de la argumentación de Sánchez se mantiene en la casa socialista. Pero difícilmente podrá ver ya la luz en el Congreso en esta legislatura que llega a su fin. La dirección tuvo que aparcar el texto, que ya tenía ultimado, en febrero, en la fecha prevista, por la decapitación del líder del PSM, Tomás Gómez, y su sustitución como candidato de Ángel Gabilondo, por el debate del estado de la nación y por la campaña de las elecciones andaluzas. Pasada la Semana Santa, el partido encadenó con la recta final hacia las autonómicas y municipales del 24-M, la negociación de los pactos postelectorales y la conformación de los nuevos gobiernos. Más las primarias (sin urnas) para elegir a Sánchez como candidato a la Moncloa, más la presentación del comité de expertos para ayudar a la redacción del programa, más la creación de un consejo de constitucionalistas para definir el perímetro de la modificación integral de la Carta Magna, más la respuesta a la crisis griega...

Fuentes muy próximas al secretario general reconocen a infoLibre que, a estas alturas, ya es "muy complicado" que se pueda registrar la propuesta de cambio del 135 antes de la disolución de las Cámaras, porque "todo el calendario está ya muy condicionado". Y apretado. Aunque esta vez no habrá parón estival, dado que las Cortes seguirán abiertas, sí habrá un mínimo bajón de la actividad política en agosto, mientras media España está de vacaciones. El Gobierno llevará sus Presupuestos al Congreso para arrancar su tramitación en la primera semana del mes próximo, y a finales tendría lugar el debate de totalidad.

A continuación se enganchará con la campaña de las catalanas del 27 de septiembre y la posterior resaca. Unos comicios en los que no sólo el PSC se juega mucho, sino también, como recuerdan en la ejecutiva, el propio país y el proyecto de convivencia común. Una vez aprobadas las cuentas de 2016, Rajoy disolvería las Cortes y convocaría formalmente las generales, en octubre. El presidente tiene como última fecha disponible en el calendario el 20 de diciembre. La precampaña, de todos modos, seguirá en marcha, como la movilización del partido o la configuración de las listas, tema que siempre suscita tensiones internas. 

"Más que correr hay que hacerlo bien", recuerdan en el círculo del líder del PSOE, que advierten de que se está desplegando "un trabajo serio" en el consejo de constitucionalistas. Para la dirección, que el texto no se haya registrado en el Congreso en la fecha comprometida, en febrero de 2015, no es un "incumplimiento" de las palabras de Sánchez.

Portazo del PP

"Pedro no ha dejado de hacer gestos para remarcar que es necesaria la reforma constitucional, pero nos hemos encontrado con el rodillo del PP", insisten las citadas fuentes. Y citan qué ha pasado en estos meses: en diciembre, el grupo presentó su solicitud de creación de una subcomisión que estudiase la reforma constitucional. Iniciativa que sigue viva formalmente viva en la Cámara baja ya que no se ha discutido, pero a la que los conservadores mataron en febrero: el PSOE presentó una resolución en el debate del estado de la nación para abrir el debate de la modificación de la Carta Magna, que el PP rechazó. Enterraba así toda posibilidad de revisión del texto de 1978 en esta legislatura. Alternativa, por otro lado, que Rajoy siempre rechazó. 

Además, que el PSOE registrase su propuesta de redacción del 135 chocaría con sus declaraciones públicas de los últimos días, al hilo de la discusión en torno a la reforma electoral planteada por los conservadores, para primar las listas municipales que superen el 35% de los votos. Este mismo martes, el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, se mostró dispuesto a abordar un cambio de la ley y de discutir incluso de una posible segunda vuelta, pero no antes de las generales. Es un asunto "demasiado serio" como para que esté "al albur de la campaña de propaganda, publicidad y postureo del PP". Hernando destacó que ningún país de nuestro entorno ni ninguna "democracia seria" abre un melón de ese calibre a escasos meses de unos comicios. Con ello sólo se "maltrata a las instituciones". La reforma de la Constitución es una cuestión de mayor calado aún que el retoque de la Ley Electoral. 

"La realidad electoral nos ha llevado por delante en este tiempo. No ha habido oportunidad, por tanto. Así que meternos ahora en el charco del 135 es complicado", concluyen en el círculo del secretario general. Otro miembro de la ejecutiva que ha participado de la redacción del texto alternativo del artículo sí considera en cambio "posible" que se presente "antes de las generales". "Pero en todo caso lo tiene que decidir de Pedro", remata. En efecto, no se trata de que el trabajo no esté hecho, sino de una decisión política. 

Cuatro grandes bloques

La reforma del 135, no obstante, sí figurará con seguridad en el programa electoral. Más en concreto, en el capítulo dedicado a la revisión de la Carta Magna que prepara el grupo de constitucionalistas elegido por Sánchez, coordinado por el catedrático de la Universidad de Granada Gregorio Cámara, también secretario de Ideas de la ejecutiva provincial granadina. "El PSOE ya lo anunció. Y lo ha dicho con toda claridad. Se va a tener en consideración en el consejo y se incluirá en nuestra propuesta ese complemento de la estabilidad social", subraya Cámara a infoLibre. 

Los 17 expertos que forman parte del consejo de notables montado por Sánchez –entre los que se encuentra la exmagistrada del Tribunal Constitucional Elisa Pérez Vera– deberán entregar a Ferraz un primer "avance" de sus trabajos "entre finales de julio y principios de agosto", según cuenta el coordinador del grupo. Será un documento no demasiado largo, "de unos 10 folios", que contendrá "el perímetro de la reforma" de la Carta Magna que proponga el PSOE. Será ese texto el que se incorpore directamente al programa, como un capítulo del mismo, una vez visado por la dirección del partido. Tardará en conocerse públicamente algo más. Pero los constitucionalistas y administrativistas fichados por el secretario general seguirán trabajando, a fin de que más de las generales tengan listo un documento más largo y detallado. El compromiso de los profesores, cuenta Cámara, se extiende incluso a después de los comicios, en caso de que se abra el melón de la reforma, y en ese caso sí se ayudaría a la redacción del articulado. 

La propuesta socialista basculará sobre cuatro ejes, como ya avanzó Sánchez: el blindaje del Estado social, la ampliación de derechos y libertades, la mejora de la calidad democrática para recuperar la confianza en las instituciones y el salto del Estado autonómico al Estado federal. De ellos, los expertos pondrán más énfasis en los menos desarrollados hasta ahora, los tres primeros, ya que el diseño de la España federal ya estaba bastante detallado en la Declaración de Granada, aprobada por unanimidad de la dirección (entonces de Alfredo Pérez Rubalcaba), los barones regionales y el PSC en julio de 2013 en la ciudad andaluza.

Los materiales que sirven de fuente

Pese a los deseos de los socialistas catalanes de que se reconozca el carácter "plurinacional" del Estado, es bastante probable que no se baje tan a la letra pequeña. Primero para no levantar suspicacias dentro del partido –territorios como Andalucía no lo aceptarían– y también porque, según expresa Cámara, "el debate nominalista no es pertinente" en un documento que se incorporará a la oferta electoral de finales de año. Por tanto, se articulará una redacción que sea "lo más razonable y adecuada para que todos los territorios se vean respetados e integrados en el modelo federal". 

Los estudiosos se nutrirán tanto de la Declaración de Granada y las posteriores de Zaragoza –de noviembre de 2014, ya con Sánchez de líder– y Sevilla (de este pasado lunes, 13 de julio), como de los documentos previos a Granada, los emanados de la andaluza Fundación Alfonso Perales –en la que está Cámara–, de la catalana Fundació Rafael Campalans y el borrador que preparó Ramón Jáuregui a instancias de Rubalcaba. Además de toda la literatura académica existente sobre federalismo. También beberán de la larga resolución (620 páginas) de la Conferencia Política de noviembre de 2013, en la que sí se aportan propuestas de los otros tres grandes bloques. 

En definitiva, se hablará de sanidad, educación, derechos sociales y civiles, competencias del Estado y los territorios, principios de la financiación autonómica y local, calidad democrática, modificación del Senado, Europa, cambio del artículo 135, revisión del procedimiento de reforma de la Constitución (para hacerlo menos rígido)... Y hasta de la Corona. No para plantear un referéndum monarquía-república –"ese tema no está preocupando a la sociedad española", dice Cámara–, sino para eliminar la discriminación en favor del varón en la sucesión al trono o para mejorar el sistema de abdicaciones y renuncias. 

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"Tenemos autonomía completa para hacer las aportaciones que queramos, siempre dentro del marco de juego que plantea el PSOE. Queremos ofrecer las mejores propuestas para el país, para que la Constitución se legitime y adquiera vigor, a partir del compromiso con 1978", resume el constitucionalista de Granada. Ello quiere decir que los socialistas no sugerirán un proceso constituyente –como quieren IU y Podemos, por ejemplo–, sino medidas "valientes y amplias" que partan del texto consensuado en la Transición.

Cámara tendrá un rol clave como coordinador del grupo de trabajo, porque es él el que envía los borradores a sus compañeros y ellos los enmiendan o lanzan sus sugerencias. Así, a través del intercambio de papeles, funcionará el comité en esta primera etapa. No pasa desapercibido que el jefe es andaluz, una "imposición", según fuentes del partido, de la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz. Tampoco es casual que en el consejo se sienten cuatro andaluces –Cámara, Pérez Vera, Amparo Rubiales y José Antonio Montilla– y cuatro catalanes –Elisenda Malaret, Xavier Arbós, Joaquín Tornos y Víctor Ferreres–. O que Sánchez haya reunido a quienes contribuyeron, por separado, a la redacción de los textos de la Perales o la Campalans. 

El producto final será una propuesta "bastante concreta, con múltiples medidas", aunque no sea un texto "ni prolijo ni largo", porque no bajará a una redacción artículo por artículo. "Ningún otro partido ha ofrecido documentos tan desarrollados sobre la reforma constitucional como el PSOE", defiende Cámara.