CASO BEGOÑA GÓMEZ
Sánchez pide al juez que investiga a Begoña Gómez declarar por escrito
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado poder declarar por escrito después de que le haya citado en condición de testigo el próximo martes a las 11 de la mañana en el Palacio de La Moncloa dentro de la investigación abierta a su esposa, Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias.
Sánchez ha remitido un escrito, al que ha tenido acceso infoLibre, al juez pidiendo hacerlo por escrito. "Es mi voluntad, como no puede ser de otro modo, colaborar con la administración de Justicia, siempre en el marco del estricto cumplimiento de la Constitución Española y la ley que a todos nos vincula y que son la máxima garantía de nuestro Estado de Derecho", suscribe el jefe del Ejecutivo,
Entiende Sánchez que esa declaración se debe hacer conforme a lo establecido en el artículo 412.2 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que "prevé que por razón de mi cometido de presidente del Gobierno mi declaración se deberá hacer por escrito". "Es notorio que mi comparecencia resulta inescindible de la condición de presidente del Gobierno", añade.
La defensa de Begoña Gómez recurre la decisión del juez de citar a Sánchez como testigo
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En el escrito incide Sánchez en que tiene "el deber y la responsabilidad de cumplir la ley y preservar el sentido propio de la institución" a la que representa por elección del Congreso de los Diputados. "No tengo duda de que usted compartirá la necesidad del máximo respeto a nuestro marco constitucional y legal y, por tanto, a lo establecido por la ley de Enjuiciamiento Criminal respecto a la institución de la Presidencia del Gobierno", concluye el texto remitido al juzgado de instrucción número 41 de Madrid.
Sánchez da este paso ante el giro provocado por el juez Peinado de citarlo como testigo. Su declaración ha sido ya recurrida también por la defensa de Begoña Gómez, ejercida por Antonio Camacho, quien entiende como "sorprendente" el paso dado por el magistrado e incluso sostiene que lo hace a raíz de artículos inexistentes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También ha presentado un recurso la Fiscalía Provincial.
Desde el Gobierno se insistió a lo largo del martes de que se trata de una causa política lanzada por grupos de la ultraderecha y que beneficia directamente al Partido Popular. La indignación y el estupor ha crecido mucho a lo largo de los últimos días entre los cargos socialistas, que incluso ven prevaricación.
