Tantos secretos oficiales que el Estado no lleva la cuenta: el Gobierno desconoce la cifra de asuntos reservados
El Estado español lleva más de medio siglo cubriendo con el manto de los secretos oficiales diferente información cuyo conocimiento considera que puede comprometer la seguridad y la defensa del país. Actos, documentos, datos u objetos de los que, sin embargo, no se tiene un registro actualizado. Así lo reconoce el propio Gobierno en respuesta a una solicitud de transparencia cursada por infoLibre, en la que sostiene que no puede facilitar información sobre asuntos clasificados porque eso requeriría tener que llevar a cabo una "minuciosa tarea" de búsqueda y análisis de documentación en diferentes archivos y distintos soportes. Esta falta de catalogación impide tener conocimiento de qué cuestiones concretas se encuentran guardadas bajo llave, lo que se convertirá en un muro a la hora de solicitar su desclasificación al amparo de la nueva Ley de Información Reservada que cocina el Ejecutivo.
En verano, tras la aprobación del anteproyecto con el que el Gobierno pretende reformar la norma franquista que hasta ahora ha regulado todo lo relativo a los secretos oficiales, este diario solicitó al Ministerio de Defensa la relación completa de todos los asuntos a los que se ha otorgado la clasificación de "secreto" o "reservado" por parte de la Junta de Jefes del Estado Mayor o el organismo encargado de dichas labores desde la desaparición del anterior, así como de toda la documentación desclasificada. En ambos casos se pedía tanto el número de expediente como el cargo que propuso el cerrojazo. Y se hacía para el periodo comprendido entre 1968, momento en el que la dictadura aprobó la ya anacrónica Ley de Secretos Oficiales, y la actualidad. El objetivo, poder elaborar un listado lo más completo posible de aquellos asuntos que llevan décadas en la oscuridad.
Pero el Ejecutivo no dispone de esa información. Es decir, no cuenta con un catálogo o registro actualizado en el que conste cada documento, dato, acto u objeto en la sombra. Es lo que se desprende del escrito de inadmisión a trámite de la solicitud de acceso a la información cursada por este diario. La resolución, firmada por el vicesecretario general técnico de Defensa, resalta el "carácter disperso" de la información solicitada y sostiene que para dar cumplimiento a la petición sería necesario consultar "distintas bases de datos", además de "recurrir a la consulta de documentos en formato papel en archivos". "Una variedad de fuentes disponibles, por tanto, no solo en distintas ubicaciones, sino también en diversos soportes, tanto físicos como informáticos, que precisan también de una previa labor de reelaboración", continúa el escrito.
El Ministerio de Defensa no se acoge en ningún momento a los límites al derecho de acceso que contempla la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Es decir, no se escuda, por ejemplo, en la seguridad nacional o en la defensa para negarse a aportar la información requerida. Sólo dice que no la tiene catalogada, que es una "información pública inexistente y no disponible sin una compleja acciones previa de reelaboración". "Toda esta labor precisaría del desempeño de una minuciosa tarea de búsqueda, lectura, estudio y análisis de todos y cada uno de los asuntos", sostiene el vicesecretario general técnico. Algo que, añade, resulta inasumible: "Este órgano no dispone del personal necesario para abordar el esfuerzo que supone la tramitación". El rechazo de Defensa se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo que abordó, al inicio de la pandemia, un asunto similar.
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No sería la primera vez que el Ejecutivo recopila información de este tipo, aunque no sobre un periodo temporal tan amplio. Hay que remontarse a finales de 1987 y principios de 1988, con Felipe González al frente del Gobierno. Por aquel entonces, el diputado José Antonio Trillo, de Coalición Popular, pidió una relación completa de todos los temas a los que desde 1978 se les había otorgado la clasificación de secreto o reservado. Un par de meses después, el entonces ministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, aportaba por escrito la información requerida. En aquel documento constaban más de medio centenar de asuntos, entre los que se encontraban expedientes sobre "compra de material militar", "instalaciones militares" o "telecomunicaciones", así como programas de guerra electrónica, proyectos de investigación de bombas guiadas o datos sobre el funcionamiento del Servicio de Información del Ejército.
Un muro para la desclasificación
La ausencia de un catálogo, coinciden historiadores o archivistas, supone un problema a la hora de intentar acceder a toda esa información secreta. También con la reforma legal que planea aprobar el Gobierno de coalición. El anteproyecto de Ley de Información Clasificada recoge en su disposición transitoria única que todas aquellas cuestiones que se encontrasen bajo llave antes de la entrada en vigor de la norma podrán ser desclasificadas "de oficio" o "a petición" de una persona física o jurídica. El problema es que, además de exponer las razones por las que solicita esa apertura, tiene que identificar "pormenorizadamente" la información que se quiera desclasificar, algo extremadamente difícil si no consta en ningún sitio qué cuestiones o documentos concretos figuran como secretos.
Varios colectivos, de hecho, ya han pedido al Ejecutivo la creación de un registro de este tipo en sus alegaciones al anteproyecto de Ley impulsado. Un catálogo que, según la organización Access Info, "contenga datos básicos que permita conocer sobre la clasificación e impida la desaparición de la información". "No se prevé el deber general de documentar la información clasificada para acreditar su existencia y evitar su pérdida, desaparición o indebida destrucción", apuntaban, por su parte, desde la Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública, que en las alegaciones presentadas proponía, entre otras cuestiones, incluir un nuevo punto en al artículo relativo a la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, en el que se obligue a este órgano a colaborar con la Comisión de Archivos de la Administración General del Estado "para instaurar una correcta gestión documental de la información clasificada y garantizar el constitucional derecho de acceso a la documentación".
