El taxi demandará a firmas de VTC por competencia desleal y a la Administración por daños al sector

La Plataforma Integral del Taxi, que reúne a unos 1.500 taxistas españoles, interpondrá una demanda civil contra las plataformas que dan servicio con vehículos de alquiler con conductor (VTC), como son Uber y Cabify, entre otras, por presunta competencia desleal, informa Europa Press.

Así lo ha anunciado el coordinador de Élite Taxi Barcelona, Tito Álvarez, que ha explicado que la demanda civil se llevará a la justicia esta semana para que estas empresas les retornen el dinero que están ganando "haciendo el trabajo que corresponde a los taxistas".

Además, la Plataforma Integral del Taxi, que integra a profesionales de ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla y Málaga, prevé presentar una demanda por presuntos daños patrimoniales contra la Administración central.

En esta demanda reclamarán un importe mínimo de 50.000 euros por licencia de taxista, un gremio que suma 70.000 profesionales en toda España.

También prevén presentar una querella criminal este mes o en febrero para "destapar la trama" que sostiene que se ha creado alrededor de las VTC, por posibles delitos de manipulación de precio mediante engaño, blanqueo de capitales, fraude de ley y estafa masiva.

Según Álvarez, "la Administración no ha hecho su trabajo" al no regular plataformas como Uber y Cabify y no cumplir con la directiva europea que fija que la actividad de los taxis, junto a la de ambulancias y transporte urbano, no se debe liberalizar, ha dicho acompañado por el abogado Elpidio José Silva y el presidente del Sindicato del Taxi de Catalunya, Luis Berbel.

Silva ha cifrado que la indemnización que tendría que asumir el Estado podría ascender hasta los 25.000 millones de euros, cifra que resulta de multiplicar el número total de licencias de taxista en España por una indemnización de más de 400.000 euros. "El taxi va a exigir que se reintegren los daños causados", aseveró.

Precontratar servicios

La Generalitat de Cataluña ha convocado este viernes al Consell del Taxi para informar sobre el Decreto Ley que está elaborando junto al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para regular los servicios de estas plataformas y en el que estudia la viabilidad jurídica de introducir en la norma que las plataformas de VTC tengan que precontratar sus servicios con una antelación mínima, que Élite Taxi quiere que sea de 24 horas, y volver a la base después de cada trayecto.

Éstas eran exigencias de asociaciones de taxistas como Élite Taxi, que han puesto sobre la mesa convocar una huelga para el Mobile World Congress (MWC), que tendrá lugar del 25 al 28 de febrero en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), si el Govern no las contempla.

Tanto Berbel como Álvarez han remarcado que esa voluntad se mantiene si la Generalitat no cumple, pese a que han deseado que no haga falta. "Todos somos conscientes de que el sector del taxi ha dicho basta y se defiende", ha expuesto Álvarez.

"Confiamos plenamente en la Generalitat", y ha rehusado que ésta tenga que asumir las indemnizaciones de 1.100 millones de euros que Unauto, la patronal de VTC, calcula que tendrá que pagar la administración catalana si obliga a precontratar sus servicios con esta norma.

Para Unauto, la precontratación es innegociable, ya que su oferta dejaría de ser competitiva y rentable, lo que la patronal ha señalado de que en la práctica conllevaría la eliminación de decenas de empresas y el despido de sus trabajadores, que sitúan en los 3.000 en Cataluña.

Acco y CNMC

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Álvarez también ha rechazado la posición asumida por la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco), que considera "altamente discriminatorio" que los vehículos VTC deban precontratar y volver a la base, y que prevé impugnar las regulaciones que puedan derivar del Decreto Ley planteado por la Generalitat, si acaba incluyendo estas dos medidas.

El portavoz de Élite Taxi ha definido a la Acco como "el brazo armado" de los grupos de presión, y ha dicho que también se plantean medidas legales contra ésta, además de contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Ha agregado que están estudiando una querella contra el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por haber suspendido el reglamento aprobado por el AMB al "no tener el menor fundamento" para hacerlo.