Técnicos de Sanidad frente a estrategas políticos: la gestión de la pandemia abre una nueva grieta en el equipo de Ayuso

El descontrol en la gestión de la pandemia ha abierto una nueva grieta en el Gobierno de Madrid. Esta vez entre las autoridades sanitarias y los técnicos de la Comunidad, que reclaman medidas drásticas para intentar frenar el crecimiento de contagios, y el núcleo duro de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, liderado por su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, partidario desde el primer momento de la confrontación directa con Pedro Sánchez.

La tensión entre estos dos equipos, el técnico de la sanidad madrileña y el político que se mueve en torno a la presidenta, se suma a la que sigue existiendo entre PP y Ciudadanos, los dos partidos que gobiernan la Comunidad gracias al apoyo de Vox. Los gestos de unidad y lealtad y los elogios mutuos que en los últimos días han intercambiado la presidenta y su número dos en el Ejecutivo, Ignacio Aguado (Cs), tratan de disimular un nuevo empeoramiento de las relaciones entre ambos que tiene como detonante la incapacidad del Gobierno regional a la hora de adoptar medidas eficaces para hacer frente a la pandemia.

Ambos, Ayuso y Aguado, copresentaron este viernes las primeras medidas extraordinarias que adopta Madrid para frenar la expansión de la enfermedad, que se extiende sin control por la Comunidad desde hace semanas. Medidas que entrarán en vigor en la noche del domingo al lunes y que preceden a la reunión que mantendrán en la sede del Gobierno madrileño los presidentes Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso con el objetivo declarado de unir fuerzas para “doblegar la curva”. Es ahí donde Ayuso espera obtener medios de la administración central para, entre otras cosas, controlar las restricciones de movimiento de la población en los distritos y municipios más afectados y, en particular, de las personas que deben guardar cuarentena.

Los responsables de Sanidad, en especial el viceconsejero Antonio Zapatero, máximo responsable del hospital de emergencia montado en Ifema durante la primera fase de la pandemia, insisten en tomar medidas siguiendo criterios médicos, científicos y técnicos. Y ese camino, cuando los contagios están fuera de control, conduce a adoptar medidas de confinamiento, algo a lo que Ayuso se viene resistiendo con el argumento de no dañar aún más una economía que ya está en plena recesión.

De hecho, la presidenta volvió a rechazar tajantemente este viernes la posibilidad de recurrir al estado de alarma, apoyándose en que tendría efectos económicos muy negativos. Ayuso todavía confía en poder controlar el virus manteniendo la actividad económica y los desplazamientos por motivos laborales. “Hay que evitar a toda costa el estado de alarma y, sobre todo, hay que evitar el confinamiento”, enfatizó. “El confinamiento y el estado de alarma es el desastre económico y hay que evitarlo por todos los medios”.

Las discrepancias con el equipo de Sanidad de la Comunidad por dar prioridad a la economía se remontan al mes de mayo, cuando la directora general madrileña de Salud, Yolanda Fuentes, dimitió por discrepancias con Ayuso sobre la celeridad con la que quería solicitar el pase a la fase 1, que el paso del tiempo ha confirmado que se llevó a cabo sin haber cumplido las condiciones de refuerzo de la atención primaria y de rastreo de contagios.

La gestión técnica de la crisis, que defienden responsables sanitarios madrileños, choca con el criterio político que guía a la presidenta siguiendo el consejo de su núcleo duro, encabezado por su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, el que fuera portavoz y secretario de Estado de Comunicación en la etapa de José María Aznar. Su nombramiento, el pasado mes de enero, ya motivó otro desencuentro con Ciudadanos.

A Rodríguez se atribuye la autoría intelectual de la estrategia de confrontación permanente de Ayuso con el Gobierno central que prima el “relato” a la “gestión”. Se trataría de hacer de la presidenta madrileña el referente de la derecha frente a Pedro Sánchez.

Un modelo para Pablo Casado

Isabel Díaz Ayuso es, junto a Cayetana Álvarez de Toledo, defenestrada en pleno mes de agosto de la portavocía del Congreso, la principal apuesta del proyecto político del presidente del PP, Pablo Casado, que no dudó en su día en ponerla como ejemplo de la gestión contra la pandemia que él mismo llevaría a cabo de llegar a la Presidencia del Gobierno.ponerla “Isabel Díaz Ayuso está acertando en cómo se hace política. Con cercanía, transparencia y eficacia”, declaró el pasado 2 de mayo. “Es lo que haríamos a nivel nacional”.

Unos elogios que no le impidieron afirmar este mismo viernes que en realidad la responsabilidad de lo que está pasando es de Pedro Sánchez, porque según él es al Ministerio de Sanidad a quien corresponde “el mando único” en caso de pandemia. En su opinión, la actitud del presidente es un “ejemplo de cobardía, irresponsabilidad y deslealtad que no se ha visto en ningún otro país”.

El propio Aguado confesó este jueves que el Gobierno de Madrid no puede hacer frente a la situación. De hecho fue él el que pidió la implicación del Gobierno de España después de que el Ejecutivo madrileño sumiese en la incertidumbre a los ciudadanos anunciando primero medidas de confinamiento, desmintiéndolas después y decretando un insólito silencio informativo que le llevó incluso a suspender in extremis la rueda de prensa semanal en la que habitualmente da cuenta de sus acuerdos. Para anunciar finalmente este viernes, tras dos aplazamientos consecutivos, medidas de restricción de la movilidad en áreas concretas de varios ayuntamientos que ya superan los 1.000 casos por 100.000 habitantes. Y subiendo.

El desencuentro entre técnicos y políticos en el Gobierno de Ayuso ha venido a sumarse a los problemas entre el PP y Ciudadanos que a punto estuvieron ya de provocar una ruptura a finales de marzo cuando Ayuso decidió retirar a los naranjas sus competencias en materia de residencias justo cuando el consejero responsable de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), se disponía a intervenir los centros privados de mayores que entonces estaban en situación crítica, siguiendo así las propuestas del Ministerio de Sanidad. Entonces Reyero aseguraba que el problema de la pandemia era de “atención primaria”, competencia de la Consejería de Sanidad responsabilidad del PP. El consejero de Ciudadanos confirmó más tarde la existencia, desvelada por infoLibre, de un Protocolo de Sanidad de la Comunidad que prohibía derivar pacientes de las residencias a los hospitales. Reyero admitió que no sólo conoció ese Protocolo sino que advirtió por escrito a sus compañeros de gobierno que "no era ético y posiblemente no sea legal" y que al no medicalizar las residencias "se dejó indefensos" a los mayores (ver aquí).

Después de aquello, y coincidiendo con la desescalada y la aparente normalización de la crisis, Ayuso y Aguado se conjuraron para salvar su coalición en el Gobierno de Madrid. Pero ahora el empeoramiento de la situación ha vuelto a agudizar las discrepancias, sobre todo porque, según fuentes consultadas por infoLibre, Ciudadanos cree que la presidenta les está dejando apenas sin margen para actuar en materia de servicios sociales.

Con los datos disponibles, el Ministerio de Sanidad sigue creyendo que no es necesario proceder a la declaración del estado de alarma. Y que el Gobierno de la Comunidad de Madrid dispone de herramientas suficientes para tomar medidas de restricción de la movilidad como ya hicieron las autoridades sanitarias autonómicas de Illes Balears, Castilla-La Mancha, Cataluña o Aragón en los últimos meses.

Ni el Gobierno de España ni el de Madrid consideran, de momento, la necesidad de la alarma. No obstante, fuentes del Gobierno de Pedro Sánchez insisten en su disposición a declararla si en algún momento la presidenta madrileña decide que no puede hacer frente a la situación por sus propios medios y se lo solicita oficialmente. El presidente ya ofreció esta posibilidad el 25 de agosto, hace tres semanas y tres días, a la vista del empeoramiento de la situación epidemiológica y de que algunas comunidades se estaban viendo desbordadas. Aquel día Sánchez se comprometió a declarar el estado de alarma en un territorio si un presidente autonómico lo solicita “de manera fundada” para hacer frente a la epidemia. La declaración incluiría otorgar el mando único a quien lo solicitase y su obligación de rendir cuentas en el Congreso de los Diputados, que es quien en última instancia tiene la capacidad de validar la alarma.