La batalla de las temporeras marroquíes que trabajan en la recogida de la fresa en los campos de Huelva no sólo no ceja, sino que coge fuerzas e intuye "una brizna de esperanza". El motivo es la admisión a trámite de una de sus denuncias ante la Audiencia Nacional, que acaba de plantear la posible existencia de una infracción penal respecto a los hechos relatados por las mujeres. El paso dado por el juez Santiago Pedraz ha servido de impulso para las temporeras y las redes de apoyo que orbitan a su alrededor. El 11 de agosto, la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (AUSAJ) lanzaba un crowdfunding y el jueves 16 se iniciaba una campaña en redes sociales, Temporeras contra la esclavitud, respaldada por organizaciones sociales como la plataforma feminista Comisión 8M.
La campaña, lanzada bajo el hashtag #TemporerasResistiendo, tiene como propósito dar voz a diez de las jornaleras que han denunciado abusos sexuales y laborales en los campos onubenses. Las denunciantes, dicen los organizadores de la campaña, "se encuentran en una situación muy complicada: no tienen recursos, no han cobrado nada de la empresa de los tres mil seiscientos euros de salario que inicialmente, como mínimo, deberían haber cobrado cada una" y además "no pueden regresar a su país" sin haber acreditado antes "que todos sus sufrimientos son ciertos".
Pero sobre todo, dicen, las jornaleras "necesitan mandar a sus familias parte del dinero por el que tan duro han trabajado y tanto han sufrido". Estas mujeres suelen ser madres jóvenes con hijos de corta edad, de modo que el crowdfunding se destinará íntegramente al sustento de los hijos menores de las trabajadoras. Así lo señalan los impulsores de la iniciativa, que por el momento han conseguido recaudar más de 5.700 euros.
En un comunicado, los promotores de la iniciativa celebran los resultados obtenidos hasta el momento. "El hecho de permanecer en España en el medio de toda esta situación, las ha colocado ya ante sus familias y vecinos en Marruecos al borde de la exclusión social, inmersas en un muy fundado temor de llegar a perder la custodia de sus hijos menores", dicen. La única forma de luchar contra esta situación, agregan, es la aportación de quienes han respaldado la iniciativa para que las mujeres puedan permanecer en España y al mismo tiempo enviar dinero a sus hijos. Jesús Díaz Formoso, presidente de AUSAJ, recuerda que si ellas regresan a sus ciudades de origen en medio del proceso judicial, "se acabó la posibilidad de llevar este asunto adelante".
Posible infracción penal
La campaña lanzada en redes sociales se centra en diez de las temporeras que han denunciado presuntos abusos sexuales y laborales, representadas todas ellas por AUSAJ, pero el número de trabajadoras que han experimentado situaciones similares y la cantidad de denuncias registradas en los últimos meses no es nimio. Belén Luján, abogada de AUSAJ, explica que efectivamente existen varias actuaciones policiales en curso, pero matiza que "no estamos hablando de una cuestión aislada, sino sistémica, y por tanto todos los casos estarían relacionados".
Luján detalla en conversación con este diario los procesos que representa y están siendo encabezados por su asociación. A día de hoy, existe una actuación policial en el Juzgado de Instrucción número uno de La Palma del Condado (Huelva) y otra en el número tres de la misma localidad. Ambas se producen como consecuencia de los atestados en la Guardia Civil registrados entre el 1 y el 4 de junio, cuando la asociación comienza a tomar contacto con las temporeras. "Ante la insuficiencia de esas actuaciones y la impotencia de los retrasos", añade la abogada, "y considerando que los hechos son mucho más graves de lo que se refleja en los atestados, se interpone una denuncia en la Audiencia Nacional" a finales de julio, al considerar que es el órgano competente porque se introduce un elemento transnacional relativo a posibles delitos de lesa humanidad.
El último episodio hasta el momento arroja "una brizna de esperanza" para las trabajadoras. La Audiencia Nacional ha decidido incoar diligencias previas y el magistrado Santiago Pedraz ha solicitado información a la Comandancia de la Guardia Civil de Almonte y a los juzgados de Instrucción número uno y número tres de La Palma del Condado, sobre las denuncias presentadas hasta el momento. El auto [consultar en este enlace] detalla que la Audiencia Nacional les libra de oficio y asegura que los hechos presentan una serie de "características que hacen presumir la posible existencia de infracción penal".
El abogado Díaz Formoso explica que "cuando un juez recibe una denuncia, que es una mera comunicación de hechos, el mismo se plantea si esos hechos son o no delictivos". Si la respuesta es afirmativa, se pregunta entonces por su competencia y es en ese momento cuando puede decidir asumirla o designar al juez competente. Existe, no obstante, una tercera opción. El magistrado también puede "no estar seguro y pedir un informe al Ministerio Fiscal, que es lo que ha pasado" en el caso de Santiago Pedraz y las temporeras.
Expulsiones y desapariciones
Decenas de colectivos claman contra la violencia que sufren las temporeras marroquíes de los campos de Huelva
A la espera de ese informe y del intercambio de información entre los distintos órganos, este lunes, confirma Díaz Formoso, la AUSAJ presentará ante la Audiencia Nacional un escrito de personamiento con solicitud de alguna diligencia más. La más importante, dice, formulará la petición de un listado para saber quiénes son las mujeres que han venido y quiénes se han ido a Marruecos en los últimos diez años, con el objetivo de investigar "si ha desaparecido gente que creíamos había vuelto a Marruecos".
Precisamente las incógnitas respecto al paradero de algunas de las denunciantes se ha convertido en uno de los principales problemas de las investigaciones. Según publica el diario El Mundo, una de las denuncias presentadas "está abocada al archivo porque las mujeres marroquíes que la interpusieron no han aparecido aún por el juzgado". Díaz Formoso responde que "si no llegan testigos o víctimas es porque el pasado 3 de junio las echaron con la ayuda activa de la Guardia Civil para llevarlas a su país", pese a tener los papeles en regla. Su asociación subraya que las mujeres son "expulsadas ilegal, violenta y delictivamente para que no vayan a juicio", con el propósito de "impedir condenas de los tratantes de esclavos y proxenetas que se quieren hacer pasar por empresarios agrícolas".
El abogado y su asociación se refieren a la expulsión que se produjo el domingo 3 de junio, precisamente después de que la asociación presentara una lista con más de cien trabajadoras dispuestas a denunciar los abusos. La empresa, según relatan los abogados, intentó persuadir a las mujeres para que no denunciaran los hechos, pero ante su negativa, decide expulsarlas "de forma violenta y con la colaboración de la Guardia Civil". Por esas fechas, cuando la AUSAJ inicia los contactos con las marroquíes, "de las más de cien jornaleras que inicialmente querían haber denunciado, sólo alrededor de 30 de ellas consiguieron evitar la expulsión del país de forma violenta, intimidatoria e ilegal por parte de los empresarios que las tenían retenidas contra su voluntad, teniendo contrato y visados en vigor", dice la asociación. De este número, agregan, únicamente diez se han atrevido a denunciar el caso. Y esas diez, señalan los abogados, sí están colaborando con la justicia y participando en los procesos de investigación, dispuestas a llevar su lucha hasta el final.
La batalla de las temporeras marroquíes que trabajan en la recogida de la fresa en los campos de Huelva no sólo no ceja, sino que coge fuerzas e intuye "una brizna de esperanza". El motivo es la admisión a trámite de una de sus denuncias ante la Audiencia Nacional, que acaba de plantear la posible existencia de una infracción penal respecto a los hechos relatados por las mujeres. El paso dado por el juez Santiago Pedraz ha servido de impulso para las temporeras y las redes de apoyo que orbitan a su alrededor. El 11 de agosto, la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (AUSAJ) lanzaba un crowdfunding y el jueves 16 se iniciaba una campaña en redes sociales, Temporeras contra la esclavitud, respaldada por organizaciones sociales como la plataforma feminista Comisión 8M.