Decenas de colectivos claman contra la violencia que sufren las temporeras marroquíes de los campos de Huelva

Fue una investigación periodística, publicada por la revista alemana Correctiv y Buzzfeed News, la que hizo saltar todas las alarmas. Pero el conflicto había sido sembrado años atrás y desoído por los poderes y la opinión pública. A finales del mes de abril la prensa internacional alertaba de la grave situación por la que pasan las trabajadoras marroquíes en los campos de fresas de Huelva. El escándalo descrito, del que se hacían enseguida eco los medios de comunicación estatales, pasaba por violaciones, explotación laboral y condiciones de hacinamiento.

"El silencio de las mujeres se ve reforzado por una sociedad civil y un sistema judicial que apenas viene en su ayuda", decía el reportaje alemán, que revelaba la opacidad social e institucional en torno a la situación denunciada y señalaba al Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) como única organización que ha dado el paso de denunciar las agresiones. Es precisamente el sindicato andaluz el que denuncia, el pasado 3 de junio, "el secuestro de más de 300 temporeras marroquíes" horas después de que "un centenar de trabajadoras presentasen denuncias contra empresarios y capataces". El objetivo del "secuestro" no era otro que expulsarlas y devolverlas a su país de origen una semana antes de que terminase su contrato.

La suma de fuerzas de las jornaleras marroquíes, no obstante, les ha permitido hacerse con el timón. Las denuncias se han sucedido y este jueves la Guardia Civil ha detenido al tercer capataz acusado de abusos sexuales. Roto el silencio, decenas de organizaciones sociales salen a la calle para denunciar la invisibilidad que sufren las trabajadoras migrantes y la normalización de una violencia de larga tradición.

Este jueves el Movimiento de Acción Política Antirracista 12N (MAPA 12N) se ha concentrado frente al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, arropado por decenas de colectivos que han decidido adherirse a la protesta y expresar su apoyo a las trabajadoras marroquíes bajo el lema "patriarcado, racismo y capital: alianza colonial". El mismo propósito tienen las convocatorias de Zaragoza el próximo miércoles 13 de junio, Huelva y Barcelona, ambas el domingo 17 de junio.

Voces que no valen

El hecho de que las alarmas hayan saltado a raíz de la investigación alemana es muestra de "las voces que valen y las que no valen". Así lo estima Amal Abakkouy, activista de MAPA 12N. En conversación con infoLibre, Abakkouy relata que "esto viene siendo denunciado desde 2008 por asociaciones y personas marroquíes", que fueron sistemáticamente ignoradas.

Las mujeres, agrega, "han iniciado esta lucha pese a todos los mecanismos que existen para silenciarlas, nos han demostrado que son capaces". Ellas, reitera la activista, "han sido capaces de denunciar ante los medios y las autoridades cuál es su situación, pese a que eso les podría haber llevado a la expulsión del territorio". Ahora toca "seguir dando voz a esas mujeres" y la mejor manera de hacerlo es salir a las calles para denunciar que "están siendo explotadas laboral y sexualmente".

Colectivos como SOS Racismo, la Comisión 8M de Madrid, Orgullo Crítico o Brujas Migrantes han entendido la necesidad de tejer redes en una lucha que consideran común. Paula Guerra, presidenta de SOS Racismo, explica en conversación con este diario lo "imprescindible de denunciar prácticas racistas que están institucionalizadas en el Estado, que viola flagrantemente los derechos humanos de las migrantes".

La concentración, añade, "es un apoyo a las hermanas moras jornaleras para decirles que no están solas, denunciar la situación y por otro lado interpelar al nuevo Gobierno". Se trata de denunciar lo que califican como punta del iceberg, algo que "se viene repitiendo y denunciando desde hace tiempo" y que sin embargo ha sido tradicionalmente silenciado. "Determinadas personas parece que por ser lo que son, migrantes, llevan implícitos menos derechos", lamenta la activista. El motivo, sostiene, es que "se normaliza la explotación de determinados cuerpos", de modo que la denuncia social debe atacar directamente al "régimen estructural e institucional que normaliza esas prácticas".

El manifiesto elaborado por MAPA 12N [consultar en este enlace] censura, precisamente, la "violación estructural, racista, machista y clasista que llevan sufriendo desde hace décadas mujeres marroquíes en los campos del sur de España". Mujeres, agrega, que "están siendo atravesadas por la brutal violencia del patriarcado y el racismo de Europa, a quien no le basta con explotarlas pagando poco por un trabajo duro y en malas condiciones, sino también violando sus cuerpos, dañando profundamente sus vidas".

Estas mujeres "son moras, provenientes de las zonas más empobrecidas del territorio y elegidas bajo un perfil determinado, con cargas familiares para que no puedan salir de este círculo de explotación", denuncia el comunicado.

Iria Fernández pone voz al colectivo Orgullo Crítico, uno de los asistentes a la concentración. En declaraciones a este diario, Fernández explica que la situación que ponen sobre la mesa "es la explotación laboral y sexual que están sufriendo las mujeres marroquíes, bajo contratos basura y en condiciones de libertad restringida". En este punto, la activista se detiene en una cuestión clave: "Nos sumamos porque consideramos que nuestra lucha es interseccional y no podemos dejar de lado la reivindicación de colectivos feministas y antirracistas".

Interseccionalidad

Las convocantes son críticas no sólo con las políticas públicas que han desatendido a las migrantes, sino también con los movimientos sociales que no las han tenido en cuenta. Incluso en lo que atañe al discurso de las voces amigas, comenta Amal Abakkouy, "se contempla el género pero no la raza". En este sentido, "se muestra ante los medios y la opinión pública como sujeto político a la mujer, pero sin tener en cuenta que todo esto lo atraviesa la raza, la relación neocolonial entre España y Marruecos" que determina como víctimas "a estas mujeres y no a otras".

En esta línea, otro de los objetivos de la movilización llama a "darle un despertar al feminismo blanco y decir que el feminismo será antirracista o no será", señala Abakkouy, quien aclara su posición de militante feminista y la importancia también de la autocrítica.

También Iria Fernández entiende que el movimiento feminista, especialmente desde el estallido del 8M, "ha tenido muchos aciertos" pero uno de sus principales fallos pone en el centro la interseccionalidad, es decir, la inclusión de otros colectivos oprimidos. Faltan, dice Fernández, "las racializadas, las trans o las personas con diversidad funcional" entre otros "ejes de opresión consecuencia de diferentes sistemas como el patriarcal, colonial o racista".

La interseccionalidad, coincide Abakkouy, "no es real". La activista pone como ejemplo las movilizaciones contra la sentencia de La Manada, cuya convocatoria "fue inmediata", mientras que en lo que respecta a las temporeras marroquíes "se ha esperado". Hay, lamenta, "una brecha entre el antirracismo y el feminismo" y la única solución es "tejer redes" para caminar de forma conjunta.

Racismo institucional

El escenario escogido por las organizaciones antirracistas para movilizarse no es fruto de la casualidad. La interpelación al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez es clara, y una de las primeras exigencias es la derogación de la Ley de Extranjería. "Bajo su amparo se cometen delitos y se minusvalora a las personas migrantes", señala Paula Guerra. "Mientras no se derogue, los abusos laborales contra las personas migrantes" seguirán impunes.

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Amal Abakkouy insiste en la eliminación de la Ley de Extranjería "como herramienta del racismo institucional vigente", pero también en la implantación de "medidas que garanticen la seguridad física, sexual, económica y psicojurídica para las hermanas marroquíes sin ninguna represalia".

El colectivo reclama asimismo la facilitación de "documentación que permita el libre tránsito y acceso a servicios de salud y garantías laborales para las personas migrantes", la "definición de una ruta crítica con acciones preventivas, de atención, mitigación y reparación inmediata dentro del marco jurídico de la Ley contra la Violencia de Género" y la "revisión e inclusión, dentro del Pacto Contra la Violencia de Género, de medidas estratégicas específicas para las mujeres migrantes con y sin papeles".

El Gobierno, en esencia, debe trabajar por unas políticas migratorias construidas sobre los cimientos del trabajo que realizan las organizaciones sociales. Es habitual que las instituciones trabajen desde "la visión de personas europeas o españolas, pero nunca hay expertos migrantes" capaces de enfocar el problema desde una perspectiva más cercana, exacta y garantista.