"La Transición no fue un camino de rosas": la familia de Ángel Almazán denuncia a Martín Villa por su muerte en una carga policial

Miércoles, 15 de diciembre de 1976. El país afronta una jornada histórica tras la muerte del dictador. Más de 36 millones de ciudadanos están llamados a las urnas en el referéndum de la Ley para la Reforma Política, que venía a desmontar la estructura franquista. La norma consiguió un amplio respaldo social. Un 94% de votos a favor. Pero para cuando se conocieron los resultados, lo único que inundaba a la familia Almazán era una inmensa preocupación. El joven Ángel estaba ingresado en el hospital tras su participación en una de las manifestaciones a favor de la abstención. Tenía la cabeza destrozada tras la intervención policial. Cinco días después, el estudiante falleció. Nunca se hizo justicia. El caso no tardó en ser guardado en un cajón. "Los que murieron a manos de la policía durante la Transición fueron ninguneados", se queja su hermano Javier, que este miércoles ha interpuesto una querella criminal contra el entonces ministro del Interior con el objetivo de que se depuren responsabilidades de una vez por todas.

Aquella jornada, en la que las calles de la capital probablemente estarían plagadas de carteles con lemas como "Habla, pueblo" o "Tu voz es tu voto", Ángel salió de casa, ubicada en el madrileño barrio de Doña Carlota, en Vallecas, para participar en una marcha organizada en el centro de la capital por el Partido del Trabajo de España, una formación que todavía no era legal. Su hermano Javier, el mediano, se quedó en casa con sus padres. Entonces tenía 13 años. Sin embargo, recuerda bien aquella tarde. "Como para olvidarla", dice al otro lado del teléfono en conversación con infoLibre. Sería la hora de la cena cuando una vecina dio el aviso a la familia. El hijo mayor, que por entonces tenía 18 años, estudiaba una FP de Administración y trabajaba para una inmobiliaria, estaba ingresado en la UVI del Hospital La Paz. A toda prisa, su madre puso rumbo al centro sanitario. Cuando volvió a casa, lo hizo entre gritos y lágrimas. "¡Me lo han matado!", recuerda Javier que decía una y otra vez.

Durante cinco largos días, Ángel permaneció completamente inconsciente. Sus padres solo podían verle a través de una cristalera durante quince minutos diarios. Un policía custodiaba la puerta en todo momento. "Estaba detenido", apunta su hermano. No es el único detalle que tiene grabado a fuego de aquellos días eternos. De vez en cuando, un hombre con bata blanca se acercaba a charlar con la madre. No le preguntaba por cuestiones médicas. Solo parecía interesado por la afiliación política del muchacho. Hubo momentos en los que Javier pensó que sería capaz de salir adelante. Por ejemplo, cuando un enfermero les contó que parecía reaccionar a las curas que le hacían con alcohol. Pero el joven nunca volvió a abrir los ojos. El 20 de diciembre, Ángel Almazán se fue para siempre. Una noticia con la que abrió El Correo del Pueblo, el periódico del PT: "Este nuevo crimen (...) es el sangriento broche final que cierra la farsa del referéndum".

El fallecimiento provocó una gran "conmoción" en el barrio. "Recuerdo a mucha gente pasando por casa", cuenta el hermano. Tampoco se olvida del estado en el que quedaron sus progenitores. De su muerte en vida. "Mi padre se bloqueó, se cerró en banda, no quería hablar de ello. Y mi madre sufrió lo indecible, padeció constantemente enfermedades físicas que no se aliviaban ni se curaban. Algo psicosomático. Luego, todos esos dolores desaparecieron cuando ella perdió la memoria como consecuencia del alzheimer", relata. Javier siempre se esforzó por intentar "llevar una vida normal". Con la ausencia de Ángel presente, su hermano se negó a dejar de lado todas esas cosas que hacían los niños de su edad a finales de los setenta y principios de los ochenta. "Yo no quería tener que vivir con ese peso, con ese estigma", dice. Y no fue nada sencillo. A los pocos meses, a la hermana menor le detectaron una leucemia, que se la terminó llevando.

Caso cerrado en seis días

Tras la muerte del muchacho, la familia se enfrascó en una batalla compleja. Se interpuso una denuncia, que recayó en el Juzgado de Instrucción Decano. Bajo el número 66/76, se incoaron diligencias previas, en las que varios testigos presentaron declaración sobre lo sucedido. En el transcurso de las pesquisas hubo algún testimonio que los abogados de Ceaqua, que impulsaron la famosa querella argentina y ahora acompañan a Javier en su nuevo periplo judicial, consideran "clave". "Un joven alto, moreno, con pelo rizado y chaquetón beis se encaminaba desde el centro de la calle dando tumbos hasta que por fin llegó a una columna a la que se agarró. En el suelo, uno de los Policías Armados se encaminó hacia él apoyando su fusil por debajo de su barbilla, al tiempo que le daba patadas en distintas partes del cuerpo. Se acercó otro Policía Armado y también pateó al dicho hombre", podía leerse en un testimonio recogido en las diligencias previas del sumario.

Por ser los presuntos autores miembros de las fuerzas de seguridad, el juzgado se tuvo que inhibir a favor de la autoridad militar. Se encargó del caso el Juzgado Militar Permanente nº4 de Madrid. La instrucción solo se limitó a tomar declaración a los policías que intervinieron en el caso. En concreto, la querella recoge que los agentes Francisco Zambrano, Tomás González y Leoncio Domínguez, a las órdenes del capitán José González, "dispararon botes de humo y balas de goma" para disolver aquella protesta organizada por el Partido del Trabajo. "Luego, como mi hermano había perdido el conocimiento, se lo llevaron a rastras hasta un portal en el que estaban todos los detenidos", cuenta Javier. Pasó media hora hasta que decidieron llevar al muchacho, que sangraba por el oído y no era capaz de mantener el equilibrio, a la Casa de Socorro del distrito de Chamberí. A eso de las 22.30 horas, ingresó en el hospital en el que finalmente perdió la vida.

El exministro del Interior Rodolfo Martín Villa a su salida este jueves de la Embajada Argentina en Madrid, tras declarar ante la jueza argentina María Servini.

Durante la instrucción, los agentes alegaron, recuerda su hermano, que Ángel se había golpeado contra una farola. "Es una hipótesis ridícula. ¡Tendría que haber corrido hacia la farola de lado a 60 kilómetros por hora!", dice Javier, que hoy roza los sesenta años. La familia pone sobre la mesa la autopsia. Porque el joven tenía muchas más heridas procedentes de aquella intervención policial. El forense concluyó que la muerte era fruto de una hemorragia cerebral traumática consecutiva a una fractura de cráneo. Y que el cadáver presentaba una hemorragia en el interior del párpado, así como golpes en el hombro y brazo derechos y en la cara interior de la pierna derecha.

El caso tardó menos de una semana en cerrarse. La causa 232/77, que se incoó el 2 de diciembre de 1977, fue archivada el 15 de diciembre, coincidiendo justamente con el primer aniversario de aquella manifestación del Partido del Trabajo. Seis días tardó el general auditor en dictar el sobreseimiento provisional –pocos meses después se decretaría el archivo definitivo–. "Que agotada la investigación sumarial no ha podido demostrarse quién o quiénes causaron las lesiones que produjeron la muerte de Ángel Almazán Luna", recogía la resolución, en la que se sostenía que los agentes se encontraron al muchacho "tendido en el suelo" una vez que consiguieron disolver a los manifestantes en el cruce de las calles Joaquín García Morato y Bretón de los Herreros.

"Los que murieron a manos de la policía fueron olvidados"

La familia nunca pudo intervenir como acusación particular en esta jurisdicción. De hecho, ni siquiera se enteró de todas estas actuaciones hasta décadas después. Fue con la entrada del nuevo siglo, cuando acudió a la Audiencia Nacional en demanda de una indemnización al amparo de la normativa sobre solidaridad con las víctimas del terrorismo impulsada por el Gobierno de José María Aznar. Aquel intento fue desestimado. Pero Javier siguió peleando. Y, al final, terminó recibiendo una declaración de reparación tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica. Fue el 12 de noviembre de 2009. "[Ángel falleció] como consecuencia de las heridas sufridas en el transcurso de una manifestación convocada en ejercicio de la libertad de expresión, que fue reprimida violentamente por la policía, sin que los hechos fueran debidamente investigados", puede leerse en aquel documento. A su hermano, sin embargo, le hubiera gustado mayor contundencia. "Ángel murió asesinado por la policía", reescribe.

La normativa memorialista también reconocía el derecho a una indemnización de 135.000 euros "a los beneficiarios de quienes fallecieron" en defensa de la democracia entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977. Una cuantía que podían reclamar hijos, cónyuges, padres o hermanos. La familia Almazán lo hizo. Pero, de nuevo, tuvo que pelearlo. "Uno de los requisitos era que la familia tenía que depender económicamente del fallecido para que se reconociera", cuenta. Algo que no ocurría, al menos totalmente, en este caso. Para su abogado, esta condición era completamente contraria al espíritu de la ley. Al final, se les reconoció el derecho a dicha prestación económica.

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Pero la falta de justicia es algo que sigue ardiendo en el interior de Javier, que desde hace décadas se ha hecho cargo de la batalla por mantener viva la memoria de su hermano. Por eso, este miércoles ha decidido interponer una querella criminal contra los cuatro policías y quien fuera entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, investigado también en el marco de la querella argentina por la masacre durante los Sanfermines de 1978. Les acusa de un delito de lesa humanidad en relación concursal con el delito de homicidio.

Un procedimiento, no obstante, complejo. El equipo jurídico de Ceaqua reconoce que el margen de actuación es limitado. Solo hay que ver, dicen, cómo se han ido resolviendo las diferentes querellas interpuestas por torturas en los últimos años. Hay varios obstáculos. Primero, la Ley de Amnistía. Segundo, los tiempos de prescripción. Y tercero, que el crimen de lesa humanidad, imprescriptible, no se tipificó en el Código Penal hasta el año 2003. Tres elementos que han estado presentes en todas las ocasiones en las que se han chocado contra el muro judicial.

No obstante, Javier guarda en su interior algo de esperanza. Y la necesidad permanente de "recordar a todos aquellos que lucharon por la libertad" y que perecieron en el intento. "La Transición no fue un camino angelical, un camino de rosas. Siguió habiendo aparatos de represión. Y todos aquellos que murieron a manos de la policía fueron ninguneados y olvidados", sentencia.