Unidos Podemos siente "vergüenza" de la nueva condena del TEDH a España y PNV y Bildu instan al Gobierno a tomar nota

Unidos Podemos ha proclamado este martes que le causa "vergüenza" que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) haya condenado otra vez a España por "trato inhumano y degradante", mientras que tanto el PNV como Bildu ha reclamado al Gobierno que tome nota de este nuevo fallo y no siga haciendo ver que se trata de casos aislados, informa Europa Press.

Este martes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España a indemnizar a los etarras que atentaron contra la terminal 4 del aeropuerto de Barajas en 2006, ataque que causó la muerte de dos ciudadanos ecuatorianos.

La corte europea, con sede en Estrasburgo, considera que la actuación policial durante la detención de los etarras Igor Portu y Martín Sarasola supuso una violación del artículo 3 (prohibición de trato inhumano y degradante) de la Convención Europea sobre los Derechos Humanos, por lo que España debe indemnizar a ambos presos con 30.000 y 20.000 euros, respectivamente.

En su fallo, el tribunal —dependiente del Consejo de Europa— rechaza que lo ocurrido pueda ser calificado de tortura, si bien apunta que el maltrato fue lo "suficientemente grave" como para merecer la condena.

Portu y Sarasola decidieron llevar el caso a Estrasburgo después de que el Tribunal Constitucional rechazara su recurso contra la absolución de los agentes que les detuvieron, que habían sido condenados en primera instancia aunque después fueron absueltos por el Tribunal Supremo.

Toda la pena, pero sin torturas

La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ha confesado sentirse "avergonzada" por el hecho de que España haya sido condenada por "incumplir de manera flagrante los derechos humanos". "Debería haber un Gobierno que se tome en serio la democracia y los derechos humanos", ha defendido.

En este sentido, Montero ha afirmado que "en un Estado democrático, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos humanos para todas las personas". Por ello, ha señalado que si bien "es importante" que los terroristas cumplan "del primero al último día con su pena", eso no implica que además deban ser torturados.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, también ha reclamado al Gobierno que tenga en cuenta estos "tirones de orejas" del Tribunal de Estrasburgo porque "no son baladí". Precisamente este miércoles Esteban sacará a relucir este asunto en la pregunta que formulará al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Pleno del Congreso.

​​​​Así, preguntará al jefe del Ejecutivo por unas declaraciones del jefe operativo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, en las que situaba al PNV "del bando de los malos" en la lucha contra ETA y recordará a Rajoy que este mando acumula dos condenas por torturas y sigue en su puesto porque ha sido indultado.

Desde Bildu, su diputada Marian Beitialarrangoitia también ha aprovechado que este 13 de febrero se celebra el Día contra la tortura para instar al Gobierno a dejar de hacer el avestruz con este tema y ha reconocer que es "una realidad en la dimensión que tenga". "Deje de intentar hacer ver que es una cosa aislada y no una practica sistemática como confirman tribunales y asociaciones", ha añadido.

Además, ha denunciado que la Mesa del Congreso ha vetado en sucesivas ocasiones desde el pasado mes septiembre una petición auspiciada por su formación y apoyada por ERC, Compromís y Unidos Podemos para que dé cuenta de la situación de la tortura en la Comisión de Interior del Congreso un representante de la Coordinadora de Prevención de la Tortura.

Por su parte, la portavoz parlamentaria del Grupo Socialista, Margarita Robles, ha evitado emitir una opinión respecto de la sentencia judicial, pero ha señalado que el PSOE, como hace siempre, "respeta" las decisiones judiciales.

Catalá recalca que el TEDH no habla de torturas

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha recalcado este martes que el TEDH no habla de torturas en la sentencia en la que condena a España a indemnizar con 50.000 euros a los etarras que atentaron contra la T4 por trato degradante policial. Además, ha subrayado que la indemnización que reciban habrá que descontarla de lo que deben estos mismos presos por sus delitos.

En declaraciones en los pasillos del Congreso recogidas por Europa Press, Catalá ha indicado que esta sentencia evidencia que el sistema de garantías y el sistema de defensa de los derechos "ha funcionado, tanto en el sistema español como en el ámbito del TEDH".

"Por lo tanto, me parece que es un fortalecimiento de la esfera de los derechos de todos los ciudadanos, incluso de las personas que han cometido delitos gravísimos, delitos terroristas, también tienen lógicamente la máxima tutela judicial de sus derechos", ha manifestado.

El ministro de Justicia ha señalado que en este caso se producen "unas lesiones" y el tribunal de Estrasburgo ha acabado indemnizando a los etarras. Esa situación, ha proseguido, es lo que "justifica" que el Estado tenga que pagar esos 50.000 euros.

"Insisto, no lo califica como torturas, atribuye al Estado español responsabilidad pecuniaria que habrá que descontar de la que ellos tienen pendiente por los gravísimos asesinatos por los que fueron condenados", ha avisado.

Dicho esto, Catalá ha reiterado que la valoración del Gobierno es que se ha producido un "funcionamiento del sistema institucional, garantía de los derechos y tutela judicial de todos, incluso de los criminales condenados por los delitos más graves" en España.

La indemnización se detraerá de la deuda pendiente con las víctimas 

La Abogacía del Estado pedirá que se detraiga la indemnización por malos tratos fijada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para los miembros de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola de la deuda pendiente con las víctimas del atentado de ETA en la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas en 2006, según confirman a Europa Press fuentes jurídicas.

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Las citadas fuentes explican que, siguiendo casos similares como el de la también etarra Inés del Río, la Abogacía del Estado informará de la deuda pendiente contraída en concepto de responsabilidad civil. De esta forma, se bloqueará la indemnizaciónbloqueará comunicada este martes por Estrasburgo.

Los etarras fueron condenados a 1.040 años por el atentado de la T4 y a indemnizar a las familias de los dos ecuatorianos fallecidos, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, con 500.000 y 700.000 euros, respectivamente. También se fijaban indemnizaciones que superan los 2,5 millones de euros para los numerosos afectados, entre ellos un herido que sufrió una discapacidad del 67% como consecuencia del atentado.

La Audiencia Nacional condenó a los etarras a pagar 1,16 millones de euros al Estado, en relación con la cuantía de las indemnizaciones que adelantó la Subdirección General de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo, y 41,6 millones al Consorcio de Compensación de Seguros. El atentado produjo, además, daños en 863 vehículos que estaban aparcados en la T4.