Una urbanización de Valladolid será la “cobaya” de un millonario proyecto energético europeo

“Cobayas”. Así se refirió a los propietarios de una comunidad de vecinos de Laguna de Duero (Valladolid) el presidente de Cartif, la fundación que gestiona un ambicioso y controvertido proyecto europeo de eficiencia energética que costará 16,5 millones de euros y supondrá un cambio radical en el sistema de calefacción y fachadas de las 31 torres de 12 plantas que conforman la urbanización de Torrelago.

El plan, que se define como “privado”, cuenta con un importante apoyo institucional, tanto del Ayuntamiento, que participa como “socio necesario” en el consorcio de las 18 empresas ejecutantes del proyecto, como de la propia Unión Europea. Una complicada maraña de intereses públicos y privados a la que la UE destinará ocho millones de euros y que dejará una deuda de al menos otros ocho a la comunidad de vecinos que asiste dividida al inicio de las obras. Su ejecución se aprobó en dos controvertidas juntas vecinales, ahora impugnadas en los tribunales por 40 propietarios, agrupados en la Asociación de Vecinos Torrelagopina.

CITyFIED (Ciudades y Distritos del Futuro Eficientes, Innovadores y Replicables, por sus siglas en inglés) es el nombre del proyecto que espera ser líder en la implementación de la eficiencia energética en la Europa del futuro. Un ambicioso plan que se desarrollará en Lund (Suecia) y Soma (Turquía), y que en España ha fijado su objetivo, en medio de la controversia, sobre una urbanización privada en Laguna de Duero. Al complejo vecinal de 31 torres de 12 plantas, dividido en dos comunidades de propietarios, le espera una obra de grandes dimensiones y coste multimillonario que sustituirá las tradicionales calderas de gas por un sistema de calefacción por biomasa, y la reestructuración de las fachadas de las 31 edificaciones.

Acuerdos vecinales impugnados en los tribunales

La rehabilitación del sistema de calefacciones, que ya ha dado comienzo, de momento solo ha logrado caldear los ánimos de los 40 propietarios que han interpuesto dos demandas judiciales para impugnar los acuerdos de ambas comunidades, basándose en lo que consideran “graves defectos de forma” en la redacción de las actas y por la supuesta falta de quórum en las votaciones. “Los dos acuerdos de la comunidad son fraudulentos a más no poder”, sostiene la junta directiva de la Asociación de Vecinos Torrelagopina. “Se adoptaron con más de 1.000 ausentes y 80 personas que ya manifestaron su voto en contra, de los 1.488 vecinos que integran las comunidades. Asistieron a la votación una mínima parte de los propietarios, sin disponer ni tan siquiera de un anteproyecto que valorar”, explica la asociación.

Por su parte, Guillermo Cifuentes, presidente de la Fase 1 de la comunidad, se muestra convencido de que no se ha incumplido ninguna normativa. “Esto es como elegir a un presidente del Gobierno. ¿Votan todos los españoles?”, se pregunta, para después continuar relatando a este diario las condiciones en las que se desarrolló la reunión vecinal de su comunidad: “A la asamblea asistieron “doscientos y pico propietarios”. Se refiere a una comunidad integrada por 576 viviendas y cinco locales. “En nuestra fase votaron 'no' en el momento seis propietarios, hubo dos abstenciones y el resto votó favorablemente”, explicó Cifuentes, quien se apoya además en la actual Ley de Propiedad Horizontal, a la que, asegura, se ajustó el procedimiento. La postura es respaldada por el Ayuntamiento de Laguna del Duero, que avala las votaciones por “la mayoría muy abultada” del “sí”.  

Un voto favorable que, según exponen los demandantes, no se produjo en las condiciones de transparencia e información necesarias para sostener un proyecto de esta importancia: “Nosotros vivimos tan tranquilamente con nuestros edificios y con nuestras calderas de gas y, de repente, aparecen unas empresas que plantean a los vecinos, en una reunión casi clandestina, que nos había tocado un premio, una subvención europea”, explica la junta directiva de Torrelagopina.

La alarma suscitada entre los vecinos provocó que algunos de ellos solicitaran el proyecto completo, topándose con la negativa del presidente de la comunidad: “[Nos dicen] que tanto el proyecto, como el contrato y las condiciones económicas del proyecto eran confidenciales, luego que lo tenía Cartif y, finalmente, que teníamos que obtener el permiso de las 18 empresas que conformaban el consorcio y 1.000 excusas más”, protestan. Además, denuncian que, del desglose del presupuesto no saben nada. “Nos han impuesto un presupuesto de 16 millones y medio sin mediciones, sin presupuesto alternativo, sin compararlo con el precio de mercado”. La falta de definición sobre las transformaciones de los títulos de propiedad de las respectivas comunidades implicadas y los cambios que ha sufrido el proyecto desde que lo aprobaron los vecinos, son otros de los puntos por los que la asociación pide la paralización cautelar de las obras.

Intervención policial 

La tensión acumulada terminó por explotar cuando hicieron acto de presencia los operarios encargados de dar comienzo a las obras. “Las obras empezaron sin cartel alguno que nos dijera qué empresa estaba trabajando ahí. Cuando les pedimos que se identificaran, nos contestaron que no sabían quiénes éramos nosotros para tener que identificarse”. Con los nervios disparados entre las partes, la asociación explica que los técnicos llamaron a las fuerzas del orden, que se personaron con tres policías y dos guardias civiles para permitir “de malos modos” que se desmantelaran las calderas perfectamente operativas.

“El daño ya está hecho, tuvimos que ver cómo cortaban por la mitad nuestras calderas y desmontaban nuestros depósitos”, relata un miembro de la junta directiva de la asociación. Un “avasallamiento absoluto”, subraya. El concejal de Servicios Urbanos e Infraestructuras, Enrique Fernández, lo justifica así: “Las personas que están trabajando en la obra han sido amenazadas y coaccionadas durante el inicio de las obras para que no se continuaran. El Ayuntamiento sabe que la empresa ejecutora y la comunidad han requerido la presencia policial dos veces para mantener el orden, pero en ningún caso se ha denunciado a nadie”.

Ningún coste para los vecinos

La tentadora inversión de 16,5 millones de euros prometida es un caramelo que ha terminado por atragantarse en la garganta de los vecinos demandantes. La subvención europea del pionero plan de eficiencia energética en las edificaciones, el CITyFIED, supondrá ocho millones de euros para desarrollar el proyecto. Por su parte, los vecinos deberán desembolsar los otro ocho restantes de su propio bolsillo con el fin de sufragar la ejecución de las obras. Una cifra de seis ceros que los miembros de la comunidad de propietarios deberán restituir a lo largo de los próximos 20 años, mediante una reducción del consumo energético que las cuentas más optimistas estiman en un 40%. Una “oportunidad única”, en palabras del Ayuntamiento, que sin embargo ha despertado la sospechas de la asociación Torrelagopina: “La empresa 3iA adelanta a la comunidad siete millones de euros que serán devueltos a 20 años más intereses. La amortización de la obra se irá realizando con el supuesto ahorro. Todo esto sin mostrar ningún cálculo”, explican los afectados. Por contra, tanto el Ayuntamiento como el presidente de la Fase 1 de las comunidades aseguran que el proyecto no supondrá ningún coste adicional para los vecinos. Así lo indicó a infoLibre Enrique Fernández: “La diferencia de la parte que no sufraga Europa [8,5 millones de euros] va a ser avalada por las empresas”. Esa cifra, insiste, la financiarán posteriormentelos vecinos de la comunidad con el ahorro de la factura energética.

Un proyecto privado en la propaganda electoral del Ayuntamiento

La iniciativa, que según el Ayuntamiento es estrictamente “privada”, llegó hasta el folleto de propaganda electoral editado por el Partido Popular de Laguna del Duero para las pasadas elecciones europeas. En sus páginas, y bajo los tonos azulados propios de la publicidad de la formación conservadora, se exponían las virtudes de CITyFIED como ejemplo de la apuesta europea de “innovación, inversión y medio ambiente” en la localidad. Una apuesta que el presidente de la comunidad, Guillermo Cifuentes, solicita a esta periodista que sea expuesta con el mayor rigor y exactitud posible a sus lectores: “Infórmate bien porque aquí ha habido periodistas que han soltado difamaciones al principio y nos hemos reunido con ellos –Cartif, las empresas, el Ayuntamiento con los concejales y nosotros, las comunidades– y se les ha advertido: cuidado con lo que se informa, que la información hay que contrastarla”. La misma exigencia de transparencia e información que la Asociación Torrelagopina y los 40 vecinos que han presentado las dos demandas de impugnación ante los tribunales esperan que se haga extensible a todas las partes implicadas en un proyecto impulsado desde Europa.  

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