Un "visto para sentencia" por auriculares y con el público en sus casas: así será uno de los primeros juicios telemáticos

María del Pilar de la Hera nunca antes se había tenido que enfrentar a una situación como la que plantea en estos momentos la pandemia de coronavirus. Hasta hace sólo tres meses, esta abogada con catorce años de ejercicio libre a sus espaldas pasaba las jornadas laborales entre montones de papeles y salas de vista. Ahora, sin embargo, su nombre y el del Procedimiento Abreviado 38/2020 pasarán a formar parte de la “nueva normalidad” judicial. El caso que está en manos de esta letrada será uno de los primeros que se resolverá en un juicio completamente telemático. Las partes intervendrán ante el juez el próximo 11 de mayo a distancia, por videoconferencia. Y el público, no muy frecuente en los procesos contencioso-administrativos, podrá ver el desarrollo de la sesión desde su ordenador, escuchando el clásico visto para sentencia a través de sus auriculares, como ya hicieron miles de personas hace justo un año con el juicio del procés. De la Hera afrontará el pleito desde su casa. “Hace tiempo que la tengo lista para teletrabajar”, explica a infoLibre. Eso sí, asume que echará muchas cosas en falta. “Todo será más frío. No habrá esa ceremonia con los corrillos a la espera del comienzo”, reconoce entre risas.

Según ha podido saber este diario, el pleito gira alrededor de un expediente sancionador abierto por el Ayuntamiento de Santander a una empresa de hostelería por una pequeña infracción en la instalación de un toldo para una terraza de las que se colocan en la vía pública. De la Hera, sin embargo, prefiere no entrar en el fondo del asunto. Lo hace, dice, por respeto a su cliente. Ella representa a Restauración Puerto Chico SLU, una de las empresas que están bajo la batuta del diputado del PP en el Parlamento de Cantabria Lorenzo Vidal de la Peña, aunque aclara que “su condición política es algo absolutamente colateral” en el caso. Primero, interpusieron un recurso de reposición por la vía administrativa. Y tras ser desestimado, acudieron a los tribunales como parte demandante. Con la crisis sanitaria, el proceso se ha ido dilatando. Por eso, la semana pasada la abogada decidió solicitar al juez que la vista oral se hiciera de forma telemática. “Al ser un juicio de poca complejidad sin testigos o informes periciales se puede hacer perfectamente”, expone De la Hera, que reconoce que en otros de sus casos es algo más complicado.

El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santander aceptó el pasado lunes su petición, con la que se ha mostrado conforme también la representación del consistorio de la capital cántabra. “Disponemos de los medios técnicos necesarios para la celebración de la vista oral en las circunstancias interesadas. Los letrados podrían intervenir desde su despacho o, incluso, su propio domicilio. El desarrollo de la vista oral cumpliría con las garantías procesales exigibles y no se produciría merma alguna de su derecho de defensa en cuanto está garantizada su intervención simultánea si fuera necesario”, recoge el auto al que ha tenido acceso este diario. El juez, además, hace hincapié en la “sencillez” del procedimiento, en el que la única prueba solicitada consiste en el expediente administrativo y la cuestión a resolver es estrictamente jurídica, y abre la puerta a que aquellas personas que quieran asistir como público puedan solicitar “la conexión” para visualizar el desarrollo de la vista. A la hora de identificarse, bastará con que los abogados de ambas partes detallen su número de DNI. El juicio, entonces, podrá comenzar.

De la Hera considera la decisión un “hito” y espera que la crisis del coronavirus permita acelerar “la incorporación de las nuevas tecnologías en los juzgados”. Sin embargo, su caso seguramente no sea el único durante los próximos meses. Este martes, el Consejo de Ministros dio luz verde a un real decreto con el que pretende hacer frente al colapso en los tribunales tras el parón por la pandemia. El texto contempla en su artículo 19 que durante el tiempo que dure el estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización “los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales” tendrán que realizarse “preferentemente mediante presencia telemática”. Eso sí, siempre que los juzgados, tribunales o fiscalías “tengan a su disposición los medios técnicos para ello”. No obstante, el decreto establece que en el orden jurisdiccional penal será necesaria la presencia del acusado en “los juicios por delito grave”. De esta manera, Justicia da cumplimiento a una de las propuestas que el Consejo General del Poder Judicial le había puesto sobre la mesa para ir afrontando la desescalada.

Falta de “cultura digital”“cultura digital”

Hace años que la videoconferencia se presenta como un recurso útil en los procedimientos judiciales. “Se suele utilizar para evitar causar un perjuicio. Por ejemplo, a la hora de tomar declaración a un policía o a un perito, que tienen pruebas todos los días”, explica Concepción Rodríguez, titular del Juzgado de Menores número 1 de Madrid y presidenta de Foro Judicial Independiente. Sin embargo, lo que nunca antes se había practicado es toda una vista oral a través de una cámara web. Una iniciativa que, a ojos de la magistrada, sólo es viable en determinados casos. “Puede tener sentido en ocasiones en la jurisdicción social o contencioso-administrativa porque es mucho más documental que testifical. Sin embargo, en un procedimiento penal puede haber muchas pruebas y testigos y muchas partes involucradas: Ministerio Fiscal, letrado de la defensa, letrado de la acusación…”, desliza Rodríguez, que entiende también que la celebración de este tipo de vistas será más sencilla a medida que se vaya escalando en el organigrama. “En una Audiencia Provincial la prueba ya está hecha y se discuten hechos muy concretos”, apunta.

También muestra algunas dudas sobre la implantación de la vía telemática para afrontar toda una vista el magistrado Joaquim Bosch. “Puede generar algunos problemas que es necesario abordar. Por ejemplo, en sede judicial yo puedo controlar todo el procedimiento. Sin embargo, por vía telemática, ¿cómo puedo asegurarme de que un letrado no está orientando la declaración de un testigo?”, se pregunta. Cuestiones que, dice, se suman a la ausencia de una “cultura digital” en los juzgados por “falta de medios”. “Lo que se pretende es romper duramente con todo lo vivido hasta ahora. Como siempre, la justicia va actuando sobre la marcha”, apunta Bosch. Coincide con él la titular del Juzgado de Menores madrileño: “Muchas salas no reúnen los requisitos. En mi caso, por ejemplo, llevo seis años denunciando el problema que tengo con el vídeo. Tenemos un sistema de grabación muy antiguo y hay veces en las que a pesar de que la lucecita está encendida realmente no se está grabando la vista. Por eso, tengo que hacer un pequeño receso poco después del comienzo para comprobar que todo esté funcionando correctamente”.

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Las comunidades deberán facilitar los medios

En el plan aprobado por Justicia no figura dotación presupuestaria alguna para que los tribunales puedan adaptarse a esta nueva realidad telemática. De hecho, fuentes del departamento que dirige Juan Carlos Campo explican a este diario que corresponde a las propias comunidades autónomas facilitar estos medios en la mayoría de las regiones. Así aparece reflejado en la disposición final primera del decreto aprobado: “Las Administraciones competentes en materia de justicia dotarán a todos los órganos, oficinas judiciales y fiscalías de los medios e instrumentos electrónicos y de los sistemas de información necesarios y suficientes para poder desarrollar su función eficientemente. Estos sistemas serán plenamente accesibles y operativos sin necesidad de que los usuarios se encuentren físicamente en las sedes de sus respectivos órganos, oficinas o fiscalías”. En estos momentos, una docena de comunidades tienen transferidas las competencias en materia de justicia. Por tanto, sólo en cinco regiones –Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Murcia– corresponde al Gobierno central facilitar esos medios técnicos.

Pero la brecha digital no se queda exclusivamente en los edificios judiciales. Es un problema que va más allá y afecta a una parte de la sociedad. En 2019, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 9,6% de los hogares españoles no tenía acceso a Internet. “Una parte importante de los que intervienen viven en zonas de exclusión social donde, en muchos casos, no pueden utilizar la red”, desliza Bosch, que se pregunta cuál sería la solución en estas situaciones. Pero no solo eso. El magistrado también pone el foco en los más mayores. El año pasado, sólo el 63,6% de las personas en España con edades comprendidas entre los 65 y los 74 años habían utilizado Internet en los tres últimos meses, una cifra que se eleva hasta el 86,5% en la horquilla comprendida entre los 55 y 64 años. “¿Cómo lo va a hacer, por ejemplo, una señora mayor que no se maneja bien con las nuevas tecnologías? ¿Se va a tener que desplazar al despacho de uno de los abogados para prestar declaración?”, se pregunta Bosch, que aunque entiende que el paso se pueda haber dado con la mejor intención todavía hay que ir puliendo determinadas cuestiones.