Vox intenta desestabilizar al Gobierno andaluz y acaba salvando a PP y Cs de una investigación sobre contrataciones

El cambio de estrategia ensayado por Vox en Andalucía, donde ahora trata de parecer duro con el Gobierno de PP y Cs, sufrió este miércoles un revés que afecta de lleno a su credibilidad. Justo cuando el partido había logrado armar revuelvo y captar atención con sus exigencias de adelanto electoral y de presión al presidente Juan Manuel Moreno (PP), la formación de Santiago Abascal acudió al rescate del Ejecutivo en un tema delicado.

Vox ha salvado este miércoles al Gobierno andaluz de PP y Cs de una comisión de investigación parlamentaria sobre las "contrataciones exprés" de trabajadores públicos durante la pandemia, realizadas a través de un procedimiento que acumula pronunciamientos judiciales en contra. El partido ultra, con 11 diputados –perdió una parlamentaria, ahora en Falange– votó en contra de la creación de la comisión, solicitada por Adelante Andalucía, el grupo respaldado por Podemos e IU, que sí recibió el apoyo del PSOE y de los no adscritos liderados por Teresa Rodríguez.

Los partidos gobernantes, PP y Cs, votaron en contra, con lo que la propuesta fue tumbada. Un problema menos para Moreno gracias a Vox, que libra de la comisión al Gobierno andaluz, justo cuando el partido de Abascal pretendía marcar perfil duro, en una estrategia de presión al gabinete de Moreno que había incluido su bloqueo el miércoles de dos importantes leyes: una de salud pública –para agilizar las medidas contra el covid-19– y otra del suelo para facilitar la construcción. Adelante Andalucía se mofó de Vox y calificó su fallido acto de fuerza como "penultimátum" con "balas de fogueo". "El PP es el partido condenado en España por corrupción, pero desde el Gobierno PP y Cs y sus aliados de Vox se dedican a predicar mucho la regeneración democrática y a dar poco ejemplo", lanzó el PSOE como mensaje. Fue el cierre de un pleno azaroso, que la líder del PSOE, Susana Díaz, tuvo que abandonar por una bajada de tensión, y tras el cual el presidente Moreno anunció que era positivo sin síntomas por covid-19. 

Actuación "negligente"

Antes, cuando aún no se conocía el positivo de Moreno, al parlamentario Benito Morillo le tocó defender la posición de Vox en el pleno sobre los "contatos exprés". Oyendo el argumentario, se hubiera dicho que iban a votar que sí, dado el énfasis en la necesidad de "credibilidad" de la Junta tras la etapa del PSOE. Pero no. Morillo calificó de "negligente" la actuación de la Junta, pero su partido "no va a participar en aquellas iniciativas que devalúen el sentido" de las comisiones, dijo. "Consideramos que el asunto debe ser dirimido por un órgano judicial" y que "se deben exigir responsabilidades de forma directa", añadió. Casos como los ERE, los cursos de formación y la fundación Faffe han supuesto la apertura de comisiones de investigación en paralelo a procesos judiciales, aunque en estos casos –a diferencia de los contratos exprés– de ámbito penal.

La falta de relevancia penal fue uno de los argumentos de Cs para rechazar la comisión. La Fiscalía no ha encontrado "indicios de delito", en palabras de su parlamentaria Mar Hormigos, que ve la petición de comisión "un brindis al sol" de Adelante. La diputada del PP Ana Vanessa García aprovechó su comparecencia para reclamar a Susana Díaz que "acuda" a "dar la cara" a la comisión sobre la Faffe. Morillo, de Vox, reprochó a Unidas Podemos su rechazo a una comisión sobre abusos a menores tutelados en Baleares. Cada uno por su camino, los tres partidos de la mayoría derechista coincidían: críticas a la izquierda y rechazo a la investigación de las contrataciones.

Contrataciones de urgencia

La Consejería de la Presidencia, dirigida por Elías Bendodo (PP), hombre fuerte del Gobierno andaluz, puso en marcha el año pasado un proceso de contratación urgente de funcionarios e interinos por la situación de pandemia, que supuso la publicación de 32 convocatorias para 4.000 contrataciones, según la solicitud de la comisión, de Adelante Andalucía. "Para estupor general, el procedimiento consistía en la apertura de un plazo de 24 horas en el que las personas que quisieran aspirar a los puestos de trabajo debían rellenar una solicitud a través de la web [...], sin necesidad de aportar currículum ni ninguna documentación que acreditara méritos o capacidad", señala la solicitud. Los puestos no respondían sólo a ámbitos esenciales, sino que pretendían cubrir vacantes ordinarias del sector público: conservadores de patrimonio, puestos de ingeniería de minas, de pesca y de informática.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictó en noviembre un auto que suspendió una de las convocatorias, de 278 plazas. La sala apreciaba la nulidad "clara y manifiesta" de la convocatoria. "Se puede y debe agilizar el procedimiento [...] en esta situación extraordinaria [...], pero no llegando al extremo de prescindir de los principios de mérito y capacidad", añadía el auto. La solicitud de comisión indica que hay 12 sentencias de juzgados de lo contencioso-administrativo declarando la nulidad de convocatorias. El TSJA, al pronunciarse sobre el recurso de la Junta frente a uno de esos 12 fallos, sentenció confirmando la nulidad.

La Consejería de Presidencia, a preguntas de infoLibre, cifra en "unos mil" los trabajadores contratados por el sistema extraordinario, con "perfiles de todo tipo". "Sólo en el caso de no disponer de candidatos se hizo un anuncio público y en libre concurrencia en la página web del empleado público, con un máximo de 24 horas de periodo de admisión. Previamente se informaba a los sindicatos de esta publicación", explica Presidencia, que recuerda que "hace ya meses que este procedimiento fue sustituido". 

Los vaivenes de Vox

El pleno de este miércoles y jueves ponía el foco en Vox. El partido, tras facilitar la aprobación de tres presupuestos en menos de dos años y ser un sostén fiable del Gobierno andaluz, ensayaba un cambio de estrategia tras las elecciones en Madrid. Ha cambiado de portavoz, poniendo al tercero tras Francisco Serrano y Alejandro Hernández. Ahora es Manuel Gavira, que llega reivindicando un perfil más duro. Vox insiste en la necesidad de adelantar elecciones. En realidad, sabe que es imposible que lleguen como mínimo hasta septiembre. En julio y agosto no puede haber elecciones, por la ley andaluza. Y antes no da tiempo, con los plazos legales en la mano. Pero lo cierto es que la presión de Vox recaba atención y da popularidad a su nuevo portavoz, que acumula entrevistas.

La Junta reparte subvenciones en cuatro comunidades bilingües para proteger a los andaluces de la "inmersión lingüística"

Ver más

El argumento central de Vox para exigir elecciones es que Cs no es de fiar. La percha para colgar el endurecimiento de su postura es la inmigración, en concreto el rechazo a que Andalucía acoja menores inmigrantes llegados a Ceuta. El domingo pasado Vox celebró una manifestación en defensa de las fronteras españolas ante San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta. A ello siguió el miércoles su bloqueo a la aprobación en lectura única de la reforma de la ley de salud pública y su abstención ante la enmienda a la totalidad de la nueva ley urbanística, que provocó su devolución de la norma al Gobierno. 

Todo ello cargó de expectación la sesión de control al Gobierno de este jueves. ¿Qué diría el presidente Moreno? ¿Empezaría a dar por amortizada la legislatura? En absoluto. Su mensaje más insistente fue que "queda año y medio" de legislatura. Moreno carga a Vox con las consecuencias del bloqueo a sus leyes e insiste en que está centrado en la pandemia y la recuperación económica.

El mensaje del Gobierno andaluz es de tranquilidad. Los planes son volver a llevar la ley urbanística al próximo Consejo de Gobierno y, si no da tiempo, al siguiente, y de vuelta al Parlamento en cuanto sea posible, y que Vox decida qué hace. No se descarta que vuelva al pleno en 15 días. Ni siquiera se considera en exceso problemático volver a perder una votación, dado que "los temas importantes", en referencia a la gestión sanitaria y económica, "van para adelante", señalan desde el entorno del presidente. Además, recalcan que Vox ha elegido para dar la batalla contra el Gobierno andaluz una ley, la urbanística, que ha contado con respaldo de múltiples sectores económicos, entre ellos la construcción, deseosa de retomar la actividad. Su postura molesta a la patronal, añaden.