1986: La corrupción en la concesión de loterías que el PSOE atajó como pudo

El 2 de agosto de 1986, los medios recogían la destitución del gobernador civil de Alicante por su implicación a título de cabecilla en la concesión de administraciones de loterías a miembros del PSOE y sus familiares. La trama de tráfico de influencias, que se extendía a seis comunidades autónomas, fue rápidamente detenida y la opinión pública encarnada en la prensa arremetió en bloque contra la corrupción política. A esa crispación se sumó un tenso fuego cruzado entre el Gobierno vasco y el Gobierno central, por el apoyo que este último estaba dando a Francia en su política de extradiciones de etarras a países americanos. Este verano, infoLibre repasa la historia española reciente a partir de las portadas de los principales periódicos de la época, un espejo de los temas que llenaban el debate público en las vacaciones de entre 1978 y 2002.

 

Al gobernador civil de Alicante por el PSOE, Octavio Cabezas, le explotó una urdida red de tráfico de influencias basada en la concesión nepotista de las administraciones de loterías. El 14 de junio, el diario La verdad había sacado a flote los primeros casos en la provincia de Alicante y la investigación judicial tiró del hilo hasta descubrir que la trama se extendía a otras seis comunidades autónomas. Destacaban por su gravedad Murcia, Andalucía y Cataluña. Familiares, militantes y simpatizantes del Partido Socialista se habían beneficiado de su cercanía al partido en el Gobierno. Y, si bien el Consejo de Ministros practicó un cese fulminante a Cabezas, dos semanas más tarde de su destitución ya eran casi 500 los recursos ante el Ministerio de Economía y Hacienda contra el resultado de la adjudicación de loterías en toda España.

La prensa evaluó positivamente la mano dura del Ejecutivo de Felipe González, pero buscó responsabilidades. No podía ser, entendía, que el gobernador de Alicante hubiera actuado solo. En su editorial del 28 de julio de 1986, El País sentenciaba: "Ahí está el mal. Procede de la idea del Estado-propietario, y viene del fondo de los siglos. (...) La difusión de privilegios por las autonomías y los municipios no ha reducido la idea del poder central como dispensador de regalías, sino que la ha acrecentado y puede hacer recordar cuestiones de feudalismo y caciquismo". El diario nacional reflexionaba sobre el término concesión y su sinonimia con "privilegio, regalo, donativo o favor". Para terminar remachando: "La celeridad con que el partido socialista ha acudido a resolver tajantemente la pequeña cuestión de las loterías indica su temor al gran entredicho de su nepotismo. Sería inútil, y hasta burlesca, si se quedara sólo en eso y no mostrase una voluntad de llegar mucho más arriba en esta busca de la justicia".

En la noticia de Diario 16 sobre el cese de Cabezas, se informaba sobre el origen de la revelación: "Junto al senador José Joaquín Moya, [Octavio Cabezas] fue denunciado, dentro de su propio partido, como responsable directo de una denominada «operación Nécora» ([acrónimo de] Negocios Comarcales Rápidos), que incluía las concesiones de loterías". Al tiempo que el Partido Comunista y Alianza Popular pedían las dimisiones de todos los políticos socialistas salpicados por el escándalo, el propio Cabezas iniciaba su defensa pública. Y lo hizo en su despedida, acusando a los medios de haber informado "de forma totalmente excesiva y tergiversada", reconociendo que le habían "metido un gol" y convencido de sí mismo: "No tengo nada que reprocharme ni desde el punto de vista administrativo ni, desde luego, desde la ética de mi actuación personal y política".

El periódico ABC hizo un completo resumen de acontecimientos a doble página a los pocos días, el 10 de agosto. En él se recogía la respuesta socialista al escándalo de las loterías: "Se ha limitado a una simple declaración de Javier Solana diciendo que 'las concesiones todavía son provisionales'; la destitución de un gobernador; la imposición de silencio al Organismo Nacional de Loterías, y una orden de la Ejecutiva del PSOE". En la línea de lectura de El País, el diario monárquico criticaba: "Un solo cese ni es suficiente ni soluciona nada para la oposición". 

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Ese 2 de agosto se producía un tenso fuego cruzado entre el Gobierno central y el Gobierno vasco. El Ejecutivo de Felipe González se había posicionado a favor de las deportaciones transatlánticas que el Gobierno francés estaba haciendo con los etarras detenidos en suelo de su jurisdicción. Había ocurrido recientemente con el número uno de ETA, Domingo Iturbe Abasolo, Txomin, que fue enviado a Gabón, y en 1984 con el número dos de la banda, Eugenio Etxebeste Arizkuren,Antxon, que fue confinado en República Dominicana.Según publicaba Diario 16 en una escueta nota informativa, el por entonces lehendakari vasco, José Antonio Ardanza, aseguró que "el Gobierno central se está poniendo nervioso". Y, en declaraciones recogidas por El País, el presidente del Gobierno vasco acusó a Madrid de querer que todos sean "como corderitos a las órdenes del pastor". Ardanza respondía así a las palabras del delegado del Gobierno, que había calificado de "intolerable" la posición contestataria del Ejecutivo vasco a la decisión de Felipe González de apoyar a Francia en las expulsiones de etarras a suelo americano. Antxonconfinado en República Dominicana

Diario 16José Antonio ArdanzaEl Paísexpulsiones de etarras a suelo americano