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1995: el 'caso Lasa y Zabala' tiene autoría
El 15 de agosto de 1995, el testigo protegido del caso Lasa y Zabala confesó la participación del ex guardia civil Enrique Dorado en el asesinato de los dos jóvenes etarras y reveló que los agentes del cuartel de Intxaurrondo formaban parte de una red de tráfico de mercancías. Mientras tanto, en instancias europeas, las negociaciones entre Bruselas y Marruecos se endurecían en la búsqueda de un acuerdo pesquero que resultara favorable para la recién nacida Unión Europea. Este verano, infoLibre repasa la historia española reciente a partir de las portadas de los principales periódicos de la época, un espejo de los temas que llenaban el debate público en las vacaciones de entre 1978 y 2002.
El caso Lasa y Zabala fue el más mediático y uno de los primeros crímenes perpetrados por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) en la que pasó a la historia como la "guerra sucia" del Estado español contra la banda terrorista ETA. Los agentes que formaron parte del terrorismo de Estado bajo las siglas de los GAL acumularon cerca de 40 atentados con 26 muertes en el País Vasco. Los jóvenes José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, ambos de 18 años de edad, fueron secuestrados el 15 de octubre de 1983 por miembros de los GAL en Bayona, de acuerdo con las órdenes del general Enrique Rodríguez Galindo y la connivencia del gobernador civil de Guipúzcoa y del teniente coronel Ángel Vaquero. Conducidos al palacio ministerial de La Cumbre, en San Sebastián, los jóvenes "fueron torturados por un equipo reducido de agentes" hasta dejarlos en deplorable estado físico, como confirmaría doce años después el experto forense Francisco Etxeberria. El general Galindo ordenó a los guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo el asesinato y desaparición de los jóvenes, que se produjo en una fosa en Alicante, donde los agentes los enterraron cubiertos de cal viva.
Una de las piezas fundamentales del caso fue el testigo protegido Pedro Luis Miguéliz, alias Txofo, importante contrabandista de tabaco que tenía sobornados a varios agentes del barrio donostiarra de Intxaurrondo. El Mundo era el único periódico que ese 15 de agosto traía en portada el seguimiento del sumario del caso. El titular no daba lugar a segundas interpretaciones: "Un testigo [Txofo] declara que Dorado le dijo que participó en la muerte de Lasa y Zabala". Txofo aseguraba que el guardia civil Enrique Dorado había participado en el asesinato y desaparición de los jóvenes en octubre de 1983. La pieza de portada tenía dos párrafos más donde se ponía en situación al lector sobre quién era quién en el proceso, y sobre la estrecha relación de confianza entre Txofo y Dorado. Además, el testigo protegido contó al juez Carlos Bueren que los agentes del cuartel de Intxaurrondo eran partícipes de una red de contrabando de la que se lucraban. Por su parte, la Guardia Civil no tardó en publicar un comunicado en el que respaldaba al general Galindo y denunciaba "los 'bulos e injurias' contra él".
Los restos mortales de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala habían sido descubiertos en enero de 1985, apenas un año y medio después del asesinato. Sin embargo, no fueron relacionados con los jóvenes desaparecidos hasta 1995, cuando uno de los máximos expertos en medicina forense, el doctor Francisco Etxeberria, confirmó las torturas e identificó los cuerpos. En abril de 2000, la Audiencia Nacional condenó por el crimen al exgeneral Galindo, al ex gobernador civil de Guipúzcoa, y a los exagentes Enrique Dorado y Felipe Bayo. Las condenas engrosaron un total de 365 años de cárcel, si bien solo cumplieron penas de entre uno y seis años de prisión.
El eterno acuerdo pesquero
Tan solo hacía cuatro días que se había iniciado la sexta ronda de negociaciones entre la Unión Europea y Marruecos, en la búsqueda de un acuerdo pesquero común. Pero ya parecía que las conversaciones no iban a llegar a buen puerto. "La inflexibilidad de Marruecos es, a juicio de fuentes cercanas a la negociación, la causa del estancamiento", explicaba el diario El País en portada. El país norteafricano reafirmaba su "pretensión de reducir en un 50%, como media, las capturas de la flota europea (sobre todo la española) en sus caladeros", concretaba El Mundo, que titulaba: "Marruecos no cede y apuesta por dilatar las negociaciones pesqueras con la UE". El efecto inmediato para la flota española era la pérdida de un tercio de los puestos de trabajo entre las flotas andaluza y gallega, tal como advertía Comisiones Obreras, y "la indignación por las malas expectativas ante la firma de un acuerdo" tenía en vilo a miles de familias españolas que vivían del mar.
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El País informaba de que "cada vez que la delegación marroquí flexibiliza su postura en alguna de las áreas de la negociación compensa esa apertura endureciendo en otros asuntos". El equipo negociador marroquí, por ejemplo, "estaría preparado para aceptar una reducción global del 50%, pero a cambio pide un incremento del canon de pesca [impuesto] del 50%". Desde la Interfederativa Andaluza de Cofradías de Pescadores, lo tenían claro: "Lo más factible en este momento sería que se ofreciera más dinero [a Marruecos]".
El conflicto por la repartición de las aguas para faenar sigue en pie a día de hoy, si bien con un tinte que ahora es −además de económico− político. El pasado 14 de julio, expiró el último acuerdo pesquero entre Marruecos y la Unión Europea. Los negociadores políticos europeos no habían conseguido un pacto con Rabat, pues desde la capital marroquí se negaban a liberar de su soberanía las aguas del Sáhara Occidental. Para Marruecos, "una línea roja". El conflicto sigue en pie, aunque el pasado 20 de julio, apenas seis días después de la expiración, la Unión Europea selló un nuevo acuerdo que mantenía las cuotas de pesca para la flota española, pero que el ministro de Agricultura y Pesca español ha pedido tomar con "prudencia", al tiempo que ha reclamado "ayudas al sector mientras no se ratifique el pacto".
