40 años del 23F, una caja de Pandora sin abrir

Por momentos la democracia española entró en paro cardíaco. No había pasado ni siquiera media hora de la segunda votación para la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo (UCD), cuando el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero entró a punta de pistola en la Cámara Baja a grito de “¡Quieto todo el mundo!”. Eran las 18.23 horas. Aquella noche en Valencia el general Milans del Bosch impuso el toque de queda y sacó una columna de carros de combate que avanzaba por la Avenida del Puerto para controlar puntos estratégicos, como el Ayuntamiento o el Gobierno Civil. Mientras, Tejero mantenía secuestrados en Madrid a los parlamentarios en el Congreso de los Diputados, que no serían liberados hasta 17 horas después.

Antonio Montalbán, histórico dirigente de Comisiones Obreras (CCOO), relató cómo tuvo que desalojar a los trabajadores de la sede y llevarse los papeles más comprometedores del sindicato cuando vio acercarse por la calle del Doctor Vila Barberá la comitiva de tanques que había puesto en marcha Milans. A pesar de que han pasado cuarenta años de aquel fatídico 23 de febrero de 1981, sigue siendo una de las asignaturas pendientes del Estado en materia de memoria histórica. La vigente Ley de Secretos Oficiales –franquista por cierto, ya que data de 1968– bloquea cualquier intento de arrojar luz sobre estos hechos.

Dentro del hemiciclo la tensión estaba servida. El forcejeo del general Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente del Gobierno, con el teniente coronel Tejero, y la lluvia de disparos al techo realizados por los asaltantes, avivó el miedo entre unos diputados que se escondieron rápidamente debajo de sus escaños. Solo permanecieron sentados, desobedeciendo la orden de tirarse al suelo, el propio Gutiérrez Mellado, el presidente Suárez y el dirigente comunista Santiago Carrillo. Mientras tanto, en el Ministerio del Interior se formaba un Gobierno provisional formado por subsecretarios que asumió las funciones del ejecutivo secuestrado en las Cortes. Presidido por el director de la Seguridad del Estado, Francisco Laína, ordenó que la vida siguiera con normalidad y que no se organizaran manifestaciones ni huelgas generales, como planteaban los sindicatos UGT y CCOO. Pero era difícil que la sociedad española actuara como si no pasara nada, cuando los militares ocuparon las instalaciones de RTVE en Prado del Rey, interrumpiendo la señal de Madrid que informaba sobre los hechos y cambiando la programación habitual de Radio Nacional por marchas militares.

El general Alfonso Armada, entró en la Cámara Baja sobre las 23:50 horas para convencer a Tejero de formar un gobierno de concentración nacional, presidido por él mismo. Ante la negativa del teniente coronel que abogaba por la creación de una junta estrictamente militar, bajo las órdenes de Milans de Bosch, Armada salió del Congreso pasada la una de la madrugada para confirmar a la prensa que no había logrado un acuerdo con Tejero. El discurso del rey Juan Carlos –emitido en directo en TVE en torno a la una y cuarto– ordenando expresamente a los militares sublevados que se acuertelaran y la liberación de los diputados al día siguiente marcaron el final de aquella tortuosa jornada. No obstante, cuarenta años después aún siguen existiendo muchas incógnitas sobre el papel que tuvieron figuras como el rey emérito o el presidente del Gobierno de aquel entonces, Adolfo Suárez, entre otros.

El camino hacia la verdad

Las conversaciones mantenidas entre el Palacio de la Zarzuela y el Congreso de los Diputados aquel día, tal y como apunta el escritor Fernando J. Muniesa en su libro La cara oculta del Estado. Historia Crítica de los Servicios Secretos, podrían formar parte del listado de “materias clasificadas” que considera ahora la ley. Habrían sido grabadas por el entonces secretario de Estado del Ministerio del Interior, Francisco Laína. Pilar Urbano, una de las mayores especialistas del 23F, explicó que todo lo que se habló desde la Cámara Baja, la Zarzuela y la Junta de Jefes de Estado Mayor tuvo que quedar registrado. Según contó la periodista en una entrevista en El Español, Salvador Sánchez Terán, diputado de UCD y presidente de Telefónica, ordenó desde el Congreso a Julio Camuñas Fernández de Luna, entonces delegado del Gobierno en la compañía, que se grabaran todas las conversaciones desde una sede que tenían en la calle Huertas.

Abrir la caja de Pandora nunca ha sido tarea fácil. Para empezar ni siquiera existe un listado de los informes reservados que guarde relación con los documentos existentes o pérdidos. Eso ha conllevado a que todavía sea más complicado unir las piezas del puzzle que permitan ver con claridad qué pasó realmente. Pero, sobre todo, lo que ha faltado siempre ha sido voluntad política. En la actualidad solo existen dos órganos facultativos a la hora de calificar estas materias clasificadas como “secreto” o “reservado” según su nivel de protección, y de levantarlas cuando se considere: el Consejo de Ministro y el Consejo de Jefes de Estado Mayor (antigua Junta de Jefes de Estado Mayor). Es por ello, por lo que desde la instauración de la Constitución Española de 1978 han sido ya varios los intentos que se han hecho desde los grupos parlamentarios para modificar la ley vigente por una de plazos. Así ocurre en países como Estados Unidos donde el material reservado ve la luz cada 25 años.

El PNV lo lleva intentando desde 2016

El último intento llegó a través de una proposición no de ley aprobada el pasado mes de junio por el PSOE, Unidas Podemos y los partidos independentistas. Querían desclasificar y dar a conocer “los documentos escritos, sonoros o de vídeo” relativos al intento de golpe de Estado. Sin embargo, no hacía ni un año desde la última vez que el Congreso aprobaba tramitar una reforma de ley de estas características a propuesta del Grupo Parlamentario Vasco, en junio de 2020. La iniciativa de los nacionalistas abogaba por establecer un período de plazos para hacer públicas estas materias, no pudiendo superar los 25 años cuando se trate de “secretas” y los diez para las denominadas “reservadas”. Con la excepción de que las “secretas” podrían ampliarse a diez años más con una prórroga excepcional dictada por el Consejo de Ministros.

Sin embargo, los de Aitor Esteban ya están acostumbrados a que llueva sobre mojado cuando su formación registra propuestas de esta naturaleza. Lo llevan haciendo desde 2016 y la última que presentaron sigue congelada debido a las continuas prórrogas del plazo de enmiendas acordadas por la Mesa del Congreso. Un procedimiento parlamentario que permite suspender indefinidamente la tramitación de una norma y que fue utilizado por el Gobierno de Mariano Rajoy en la última legislatura. Durante el debate que tuvo lugar el pasado 16 de junio, donde quedó aprobada la última proposición que insta a reformar la Ley de Secretos, el portavoz del PNV aprovechó para poner en duda la verdadera voluntad del PSOE y Unidas Podemos, que no han utilizado su mayoría en la Mesa del Congreso para reactivar la tramitación de esa reforma. Además, les recordó que no hace falta modificar esa ley franquista si se quieren conocer determinados aspectos de la Transición, sino que bastaría con una decisión del Consejo de Ministros.

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Por su parte, el Gobierno ponía en marcha en abril su propia reforma de Ley de Secretos Oficiales, tras descartar el texto del PNV. Una comisión dirigida por el Ministerio de Presidencia (vicepresidencia primera) e integrada por representantes de los ministerios Defensa, Interior y Exteriores, ha sido la encargada de empezar a redactar el proyecto. No obstante, la reforma de la legislación franquista estaba prevista llevarla al Consejo de Ministros antes de 2020, tal y como establecía el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado.

En líneas generales, y a diferencia de lo que marcaban los peneuvistas, la idea del Ejecutivo es que no haya un límite de tiempo para hacer públicos automáticamente los documentos, sino plazos diferentes sujetos a cautelas según el grado de protección y secreto de estos. Esto choca directamente con las pretensiones de los jeltzales que dejaría al descubierto todo el material que se guarde sobre el 23F, si se llevara a cabo su ley de plazos, ya que no solo han pasado 25 años del golpe, sino los diez extra que podría ampliar el Consejo de Ministros. Aunque aún no hay una fecha clara para la conclusión de los trabajos, el compromiso del PSOE es que la nueva ley entre en vigor antes de que termine la legislatura, en noviembre de 2023. Pero desde el grupo de Esteban advierten que el camino escogido por Moncloa para llevar a cabo la norma, retrasará aún más este reclamo histórico, arriesgando a que no salga adelante en esta legislatura debido a los pasos que debe someterse un proyecto de ley y su posterior tramitación ordinaria en las Cortes.  ¿Llegará el Gobierno a tiempo antes de agotar su legislatura?