Ataques en Magdeburgo: la cautela como arma Ruth Ferrero-Turrión
Sobre el derecho al aborto
En Una canta, la otra no, Pomme, una de las protagonistas, recorre en un barco los canales de Ámsterdam rodeada de mujeres que, como ella, han tenido que viajar hasta allí para abortar. Mentalmente habla con su amiga Suzanne, a la que no ve hace años, y le dice: "sí, salí adelante, pero fue un alivio estar acompañada", en alusión a la soledad a la que esta se enfrentó cuando pasó por lo mismo. Sin apenas recursos económicos, tuvo que ser Pomme la que le prestara el dinero para que lo hiciera de manera clandestina. La cinta, dirigida en 1976 por Agnès Varda, está ambientada en la Francia de los primeros años sesenta, cuando el aborto estaba prohibido y era castigado con penas de prisión, lo que no impedía que muchas mujeres arriesgaran sus vidas para lograr su objetivo.
Ha pasado casi medio siglo y quizá por ello el argumento parezca antiguo, pero no lo es. Limitar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres para controlar sus cuerpos ha sido siempre una de las máximas del patriarcado. Con horror, asistimos al brutal retroceso que se vive en Norteamérica, donde recientemente varios estados gobernados por los republicanos han aprobado leyes que prohíben la interrupción voluntaria del embarazo, excepto en casos en los que la vida de la mujer corra peligro. La ofensiva antiabortista es tal que, además de castigar a las personas que presten ayuda a estas mujeres, en algunos casos la legislación prevé recompensas para las personas que las denuncien. No es una distopía, está pasando y tiene forma de ley. En Polonia, uno de los países más restrictivos de la Unión Europea, una activista se enfrenta a tres años de prisión por ayudar a una embarazada a abortar de manera segura. En los últimos años, hemos sido testigos de la incansable lucha que han protagonizado las mujeres de Argentina para conseguir una normativa garantista. Sin embargo, otros países latinoamericanos todavía no lo han conseguido. Por eso, no podemos olvidar que cualquier paso atrás en los derechos de las mujeres, por lejano que parezca, nos afecta a todas.
En España acaba de entrar en vigor la reforma del Código Penal, propuesta por el PSOE y apoyada por todos los grupos políticos excepto por el PP y VOX, que tipifica como delito el acoso a mujeres que deciden abortar. Tanto las pacientes como las trabajadoras de las clínicas llevan años denunciando el hostigamiento al que las someten los grupos antiabortistas cuando acuden a estos centros: furgonetas con ecógrafos, vigilias y rezos, lanzamiento de fetos de juguete y gritos de 'asesinas'. Hace poco más de un mes, la organización ultraconservadora Hazte Oír abrió un local, situado a tan solo 50 metros de la primera clínica autorizada para realizar este tipo de intervenciones, en cuya fachada se puede ver la enorme cara de un bebé que pregunta: '¿Te vas a perder mi sonrisa?'
La interrupción voluntaria del embarazo, la actual 'ley de plazos', es un derecho reconocido en nuestro país desde 2010. Afecta a las mujeres, la mitad de la población, y es un deber democrático que podamos decidir libremente sobre nuestra sexualidad y nuestra salud. El Ministerio de Igualdad ha planteado una modificación que amplíe la normativa y regule, entre otras medidas, la objeción de conciencia del personal sanitario para garantizar su acceso igualitario en todos los territorios. La maternidad, ya lo decían las compañeras argentinas, será deseada o no será. Como advirtió la periodista Susan Faludi, a toda conquista feminista le seguirá una reacción patriarcal y no podemos negar que el machismo se está organizando, ahora desde dentro de las instituciones. Si algo ha demostrado la ultraderecha es su capacidad para romper consensos en materia de igualdad. Hace años, ningún partido político habría negado la existencia de la violencia de género, sin embargo, en la actualidad varios dirigentes del PP hablan ya de violencia intrafamiliar, un concepto que desdibuja la realidad y del que Vox ha hecho su bandera.
La feminista estadounidense Gloria Steinem quiso comenzar su libro Mi vida en la carretera con un agradecimiento a John Sharpe, el médico que en 1957 le practicó un aborto cuando aún era ilegal en Reino Unido. Le prometió mantener su anonimato, así que lo escribió casi 60 años después de que ocurriera, cuando el profesional ya había muerto.
Muchas españolas tienen su particular doctor Sharpe, al igual que a otras tantas la historia de Suzanne y Pomme les hará recordar la suya propia. Es nuestra responsabilidad proteger un derecho que tantas décadas costó conseguir.
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