Contra la corrupción, ni nos indignamos
Ni las entregas de los audios de Villarejo —aquí lo último sabido— ni la multa a las seis principales constructoras por haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras han generado mayor escándalo. Es cierto que ni una cosa ni la otra nos sorprenden, pero lo obsceno de conocerlo de una forma tan evidente debería, al menos, siquiera fuese por estética democrática, provocarnos un intenso sarpullido moral. Vemos cómo se confirman de nuevo los viejos vicios que arrastra nuestro sistema político, una confirmación tan patente e indudable que no deja lugar a dudas.
Los audios de Villarejo dejan al descubierto, de momento, operaciones de espionaje a Bárcenas y una turbia red de mentiras para acabar con Podemos amasadas gracias a una comunión de intereses entre actores diversos. Con la cúpula del Partido Popular en el centro del escándalo, el omnipresente comisario Villarejo, junto a periodistas, jueces y altos funcionarios del Estado se interrelacionaron para sabotear los propios fundamentos de la democracia. Se corrobora así que los problemas de corrupción no responden a la metáfora de la “manzana podrida”, en alusión al corrupto como una excepción dentro de un entorno sano, sino a la de la “cesta de cerezas”, en la que tiras de una y acabas llevándote una red de, cuando menos, cooperadores necesarios.
De la misma manera, los acuerdos bajo mano de las seis grandes constructoras para repartirse licitaciones públicas burlando el sacrosanto principio de libre competencia confirma que en los grandes centros de poder conocen perfectamente que el principio de cooperación es mejor que el de competencia, por lo que se aplican el primero y apoyan fervientemente a las corrientes ideológicas que defienden el segundo para los demás. Es difícil imaginar mayor cinismo.
Los audios de Villarejo dejan al descubierto operaciones de espionaje a Bárcenas y una turbia red de mentiras para acabar con Podemos amasadas gracias a una comunión de intereses entre actores diversos
En uno y otro caso quedan al descubierto lagunas importantes de nuestro sistema jurídico y orden institucional que no pueden permanecer más tiempo así. Quizá, asustados como estamos por la inflación que ya supera el 10% y angustiados por la incertidumbre de no saber hasta dónde llegarán los efectos de la guerra de Ucrania, pueda pensarse que en estos momentos estas cuestiones pasan desapercibidas para la población. Sin embargo, una mirada a la demoscopia nos indica que la política sigue estando entre las principales preocupaciones de la ciudadanía, y la corrupción siempre es motivo de alerta, cabreo e indignación. Ocurrió en el 2011: el contexto era entonces una crisis financiera que empobreció al conjunto de la sociedad, incrementó la desigualdad y elevó el paro juvenil a más del 50%. Sin embargo, contra lo que se desató la ira fue contra unos políticos que o protagonizaban o permitían, mirando a otro lado, casos de corrupción, mientras eran incapaces de solucionar los problemas reales de la gente. Se llenaron las plazas, las calles, y el sistema de partidos saltó por los aires. No quiere decir que hoy vaya a pasar lo mismo porque la situación difiere en muchos aspectos, pero eso no significa que los obscenos audios que vamos descubriendo y lo burdo del apaño de los contratos públicos no hagan mella en el estado de ánimo de una sociedad cansada, pesimista y temerosa.
Estos desmanes tienen también efectos económicos concretos: se calcula que la corrupción le cuesta hoy a España del orden del 4,5% del PIB, cifra nada desdeñable. En relación al asunto de las constructoras, según afirma la CNMC como puede leerse aquí, “el hecho de compartir las ofertas técnicas y los intercambios de información entre licitadores incumple los deberes de proposición única y de secreto de las proposiciones y elimina la independencia exigida a las empresas en los procedimientos de contratación pública". El roto en ambos casos es significativo.
Existen, al menos, tres direcciones en las que actuar: la primera, la denuncia y publicación de los casos de corrupción de los que existen pruebas. Gracias a los periodistas y los medios que los van desvelando, porque cumplen con su función democrática y se alejan tajantemente de quienes no sólo no lo hacen, sino que alimentan la podredumbre de la corrupción.
La segunda apela a la sociedad y consiste en manifestar tolerancia cero con la corrupción. Tras la moción de censura que acabó con Rajoy una vez se conoció la sentencia del caso Gürtel, la ciudadanía parecía haber dado un puñetazo en la mesa y se mostraba menos tolerante ante los escándalos. Aquello pasó. Unos años después, varias elecciones han dejado de manifiesto que la corrupción ya no pasa factura, y es muy grave que así sea.
La tercera dirección tiene mucho que ver con la anterior, y apela a los poderes del Estado.
Al Judicial: ¿De verdad después de todo lo que se va escuchando en los audios de Villarejo no se va a reabrir ningún caso? Tras escuchar a Cospedal y comprobar cómo mintió en sus declaraciones ante los propios tribunales, ¿ningún juez va a retomar el tema?
Al Ejecutivo y al Legislativo cabe plantearles una pregunta clave: ¿Qué han hecho o qué piensan hacer para que estos casos no se vuelvan a dar?
Hoy la realidad es tibia. Un ejemplo: la trasposición de la directiva que protege a los alertadores de corrupción lleva siete meses de retraso, aún se encuentra en borrador de anteproyecto de ley y presenta importantes lagunas, como denuncia, entre otras organizaciones de la sociedad civil, la Fundación Hay Derecho, ver aquí. Tras entrevistar a alertadores y denunciantes de corrupción, han identificado mejoras para incorporar la directiva. Entre otras, el reconocimiento de ayuda psicológica y financiera para quienes alertan de casos de corrupción y que de inmediato van a ser sometidos a presiones de todo tipo, como muestran sus testimonios; la creación de una autoridad independiente de protección del informante; la garantía de una adecuada gestión de los canales internos de denuncia; y la extensión de la protección a personas que no tengan relación contractual con la institución o personas denunciadas.
La conclusión que sacan, aquí el debate al respecto, es demoledora. Así describen a los alertadores de casos de corrupción: “Desprotegidos, calumniados, arruinados y con problemas psicológicos ante la ausencia de una ley que les proteja”. No basta con saber que la corrupción está ahí, ni siquiera es suficiente con escandalizarse, aunque ni siquiera lo hagamos. Hay que poner todos los medios para perseguirla y evitar que se vuelva a repetir.
