Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios
Pese a que España ha conseguido reducir de forma importante la inflación tras la aplicación de la llamada “excepción ibérica” y sus efectos sobre la contención de precios energéticos, muchos de los productos básicos para los hogares siguen en niveles disparatados. A la vez, una buena parte de las personas trabajadoras de nuestro país sufren una importante merma de sus salarios reales, porque los sueldos suben de media bastante menos que la inflación. Corregir esta situación es la gran prioridad sindical en este año 2023.
Hace algo más de un año, el Gobierno planteó la necesidad de avanzar en un pacto de rentas. Aunque creemos que el Ejecutivo no supo liderar ese pacto, realmente la imposibilidad de avanzar por esa vía fue responsabilidad principal de las organizaciones empresariales. En la crisis pandémica, donde el reparto de los costes de la crisis por caída de la actividad se distribuyó de forma más equitativa que nunca (entre Estado, empresas y trabajadores) los resultados fueron mejores que nunca. Sin embargo, tras la guerra en Ucrania se trataba de repartir el impacto del aumento de costes entre excedente empresarial, salarios y recursos públicos. Y CEOE se borró de la ecuación en un ejercicio de irresponsabilidad con su país que hoy queremos volver a señalar y denunciar.
Llegados a este punto, y teniendo en cuenta que el Gobierno ha ido tomando medidas que han amortiguado una parte del impacto de la inflación —en nuestra opinión de forma insuficiente y a veces poco eficaz—, se antoja como una prioridad un acuerdo salarial que permita recuperar el poder de compra de millones de hogares en España.
De no llegar a tal acuerdo, los sindicatos intentaremos promover un escenario de creciente conflictividad laboral que trataremos que tome contundencia recurriendo a la movilización y la huelga, allá donde sea posible. La avaricia y el ventajismo de buena parte del empresariado merece el reproche y la acción sindical y política.
En ese sentido, hemos solicitado al Gobierno que facilite un indicador público para conocer los beneficios de las empresas de cada uno de los convenios colectivos sectoriales que se negocian. Ese indicador podría proceder del observatorio de excedentes empresariales reclamado por CCOO, que también podría ser muy oportuno para conocer cómo se imputan los costes dentro de las distintas cadenas de valor entre las empresas con capacidad de fijar precios y las que sufren esa fijación abusiva.
Muchas veces la libre competencia de oferta y demanda a la hora de fijar precios de transacciones es una quimera ante la asimetría de poder que existe en el mundo económico. Es llamativa la ausencia de mensajes en este sentido de las organizaciones de pequeñas empresas e incluso de algunas asociaciones de autónomos. Debieran ser las más interesadas en conocer si hay situaciones de excesivo poder de mercado o incluso de oligopolio que permiten imputar precios de forma abusiva. Cuando se sube el SMI o se incrementan levemente las cotizaciones sociales, esas organizaciones empresariales y de autónomos (con excepciones como la mayoritaria UATAE) ponen el grito en el cielo. Curioso criterio.
Muchas veces la libre competencia de oferta y demanda a la hora de fijar precios de transacciones es una quimera ante la asimetría de poder que existe en el mundo económico
CEOE debería hacer la lectura sobre el escenario que se puede abrir en un contexto de incertidumbre política en pleno ciclo electoral y despliegue de los recursos europeos y por tanto decisiones estratégicas de inversión privada y pública. ¿De verdad quiere afrontar una negociación colectiva con más de mil convenios a negociar con una clase trabajadora que tenga pérdidas de poder adquisitivo acumulado de más del 10 por ciento? Si este año no hay AENC, el instrumento se puede dar por enterrado. Ahora y en el futuro. Dar por amortizada la legislatura a la espera de un cambio de ciclo político y situarse en los márgenes de la negociación no ha sido lo más acertado para sus intereses en pensiones o en SMI.
Desde CCOO queremos cerrar el círculo de distribución de rentas a través de la negociación colectiva, tras una secuencia de acuerdos y éxitos importantes. Porque hoy en España y en un contexto de alta inflación ya descrito, más de 10 millones de pensionistas, más de dos millones de perceptores del salario mínimo, tres millones de empleadas y empleados públicos, y la parte más organizada de la clase trabajadora han visto protegidos sus ingresos reales. Los datos de convenios registrados nos dicen que 2.734.119 personas (el 30% de las que tenían su convenio renovado y vigente) habían tenido incrementos salariales prácticamente del 5%. Las bases de cotización medias en 2022, dentro del Régimen Especial de la Seguridad Social, son un 15,5% superiores a las que había en enero de 2018. Sin embargo, este incremento relevante es erosionado de forma importante por la inflación del último trimestre de 2021 y el año 2022.
Y lo hacemos con la convicción de que las propuestas sindicales han visto la luz en este último periodo de una forma nítida y sus resultados son comparativamente mejores a los de otras situaciones de dificultad económica.
Es muy relevante señalar que en la secuencia de dos crisis inéditas —la pandémica y la de precios—, por primera vez no se han aplicado las viejas recetas del manual neoliberal. Es decir, la conocida fórmula de facilitar el despido para permitir el ajuste de las empresas al ciclo económico mediante la destrucción de puestos de trabajo; la precarización de la contratación para —se nos decía— facilitar la incorporación al mercado laboral en las fases de crecimiento; y, por supuesto, la rebaja de los salarios empezando por los más bajos para así ganar competitividad externa por la vía de reducir costes.
Por el contrario, se ha intervenido el mercado laboral con una socialización temporal de rentas (los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) priorizando el mantenimiento de los empleos, se ha incrementado un 47% el SMI y se ha reducido la temporalidad en términos históricos, ya que cada mes la contratación indefinida multiplica casi por cinco la que teníamos antes de la reforma laboral. Los resultados no son las catástrofes pronosticadas no hace tanto, sino que nuestra tasa de personas afiliadas a la Seguridad Social es la más alta de la historia, las horas trabajadas en el primer trimestre de 2023 superan a las del mismo trimestre del año 2019 y todo apunta a que este récord se superará ampliamente en este próximo trimestre.
Pero es que más dogmas y mantras han caído con estrépito. La respuesta a la crisis dada en Europa ha transitado desde las políticas de austeridad y devaluación de los países, hasta la puesta en marcha de un fondo sufragado con deuda común para impulsar las transformaciones de nuestro modelo energético y productivo. Y todo ello en medio de profundos movimientos tectónicos en el escenario geopolítico mundial. Momento de riesgos, muchas incertidumbres y también oportunidades. Se vuelve a hablar de política industrial, de desarrollo sectorial, de Estado emprendedor.
España tiene un reto decisivo en estos años, y por primera vez puede afrontar un momento de transiciones acumuladas —digital y energética— en una posición no estrictamente periférica. Sería una irresponsabilidad afrontar ese escenario con un marco de diálogo social empantanado e impracticable, por la avaricia de los peores proyectos empresariales y una guerra de guerrillas en la negociación colectiva; en un país donde se incrementen las desigualdades y se siga apostando por los bajos salarios como fórmula de competitividad y ganancia perversa de productividad. CEOE sabrá dónde quiere ir, si bien instamos a la organización empresarial a retomar una negociación posible para llegar a un acuerdo salarial que evite ese escenario.
También sería dramático, aunque esto es harina de otro costal, afrontar los retos, oportunidades y riesgos que se avecinan desde posiciones reaccionarias y negacionistas. ¿Alguien se imagina la Inglaterra del siglo XVII afrontando la revolución industrial gobernada por quien negase la utilidad de la electricidad, añorase el arado frente al ferrocarril o afirmase que la conversión de energía térmica en energía dinámica que posibilitó la máquina de vapor es un invento de las élites globalistas defensoras de la agenda 2030? Pues esto amenaza a España desde el negacionismo energético y ecológico, y también desde quienes aspiran al Estado mínimo. Políticas que coinciden en la intención de deteriorar la gestión de lo público y lo colectivo hasta hacerlo ineficaz, para abrir la puerta al expolio de recursos comunes a empresas privadas, que lejos de aportar cualquier valor, sólo aspiran a parasitar recursos públicos en mercados cautivos. Sea en educación, sanidad, gestión de bicicletas o el rentismo más improductivo. Sí, eso también está en juego en España.
El 1º de Mayo es una fecha referente para la clase trabajadora mundial, pero también debe ser una referencia en la defensa del progreso, la democracia, la igualdad y los valores de ciudadanía social, hoy amenazados en el mundo.
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Unai Sordo es secretario general de CCOO.
