Desinformación, bulos y amenazas a la democracia
La publicidad institucional siempre ha sido una vía efectiva para financiar a medios de comunicación afines a un partido político. Y una vez “comprados” es muy fácil promover desde ahí un tratamiento informativo a su favor y activar campañas contra los adversarios. De ahí la importancia de la transparencia ante la sociedad sobre la propiedad de todos los medios, sus vías de financiación y las campañas de publicidad institucional que reciben.
Con el paso del tiempo y la llegada de la era digital, esa realidad se ha multiplicado ante la proliferación de medios informativos digitales. Algunos de ellos, con el apoyo y la retroalimentación de las redes y de WhatsApp, utilizan la estrategia de la desinformación, con la proliferación de bulos, fake news e informaciones insidiosas. Asistimos a la erosión del Estado de Derecho y de la democracia desde medios y plataformas digitales que nada tienen que ver ni con la profesionalidad del periodismo ni con el ejercicio de la libertad de prensa, recogida con sus límites en el artículo 20 de la Constitución.
Un artículo que consagra el derecho a la libertad de expresión y opinión, recogiendo también el derecho a recibir una información veraz. En realidad, la libertad de expresión e información nunca es absoluta, por cuanto que dicho artículo señala que “estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”.
En favor de la calidad de los contenidos informativos y del derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz citando fuentes, es preciso conocer el alcance de las aportaciones económicas de empresas privadas así como las ayudas de instituciones y empresas públicas. No es admisible que se alimenten, con una financiación opaca y discriminatoria, la desinformación y las estrategias de manipulación de la opinión pública.
Esta situación adquiere mayor gravedad, en el marco de un clima político de polarización y hostilidad, si el medio de comunicación es público y dependiente de la financiación del Gobierno del Estado, de las CCAA, de los Ayuntamientos o de empresas del sector público.
La prensa es un pilar de la democracia y para fortalecer el Estado de Derecho resulta imprescindible que mantenga los valores de la independencia, libertad de opinión, veracidad, integridad y rigor editorial en un contexto de respeto al pluralismo informativo. Por eso necesitamos un marco regulatorio democrático.
Debemos dotar a nuestra democracia de las herramientas precisas para combatir la desinformación y garantizar la transparencia sobre la propiedad y financiación de los medios y plataformas on line
Al hilo de la reflexión expresada por Pedro Sánchez, y reconociendo que vamos con retraso en el objetivo de lograr la regeneración de la política en distintos frentes, debemos dotar a nuestra democracia de las herramientas precisas para combatir la desinformación y garantizar la transparencia sobre la propiedad y financiación de los medios y plataformas on line. La ciudadanía debe saber quién posee o controla los medios y qué intereses influyen en la información.
La reflexión sobre cómo defender la democracia casi coincide con la aprobación por el Europarlamento, en marzo de 2024, del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. En esa ley se abordan las injerencias políticas, la defensa del pluralismo informativo, la libertad de prensa, la salvaguarda de la independencia de los medios, la transparencia financiera y los riesgos de la desinformación. Pero este aspecto se recoge de manera muy limitada.
Por tanto, es necesaria la transposición y desarrollo de ese Reglamento en España, una tarea parlamentaria que exigirá la búsqueda del dificil consenso sobre la desinformación, un concepto complejo de definir y resbaladizo. Se trata de posibilitar el seguimiento, evaluación, adopción de dictámenes, medidas normativas y administrativas –siempre justificadas y proporcionadas para no afectar a la libertad de prensa– por parte de las autoridades y organismos reguladores competentes ante los infracciones que se produzcan.
También se debe plantear la creación de un Consejo de Medios de Comunicación que sea independiente del poder político y que esté formado por representantes de los colegios profesionales de periodistas y de los propios medios, expertos y representantes de la sociedad civil. El Consejo, desde su función deontológica profesional, actuaría como organismo regulador de la actividad de los medios desde una perspectiva ética y velaría por el cumplimiento de la normativa europea y española y los valores antes señalados.
La experiencia europea nos señala, además, la conveniencia de promover la existencia de un Código de Buenas Practicas, como medida de autorregulación por parte del sector de los medios de comunicación.
Ante la desinformación que muchas veces no sabemos distinguir, hay que favorecer desde los poderes públicos el acceso de la ciudadanía a las plataformas que se dedican al contraste y verificación de noticias. De ese modo se facilitará la capacitación y alfabetización mediática de la población, cooperando el Estado con dichas entidades con el objetivo de poner freno a la manipulación informativa.
