Algo más que un presunto chantaje a Óscar López

El acoso y derribo contra el Gobierno progresista por la derecha no tiene parangón. Todos somos testigos de las técnicas que se emplean para conseguir el fin perseguido. El acoso a nuestra Constitución por el poder económico, tampoco.

Ahora vemos cómo las aseguradoras, y especialmente Adeslas (Segur-Caixa), mantienen en jaque al recién llegado Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, con un presunto chantaje: o me das lo que te pido o provocamos un colapso en la Sanidad Pública y de paso ponemos en peligro la salud de cientos de miles de personas que se verán afectadas. Otro intento de atacar para deteriorar nuestra joya de la corona: la Sanidad Pública

La Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) suele acordar mediante conciertos con las aseguradoras Adeslas, DKV y Asisa la asistencia médica de los empleados públicos en activo o jubilados y sus familiares, más o menos 1,5 millones de personas.

Toca firmar el nuevo concierto (accesible en el BOE) y el Estado pretende incrementar un 14% la asignación establecida por persona/año frente al 40% que exige Adeslas, que ha encabezado la reivindicación. Hablamos de la desdeñable cantidad de 984€ actuales (según la fundación IDIS) frente a 1.378€ por cada mutualista y año que pretende Adeslas, lo que supondría una asignación mensual por persona de más o menos 115€. A mi amigo Ricardo (mutualista jubilado) no le salen las cuentas porque su hija paga en Adeslas la prima de 41€/mes sin copago. Mi amigo es un poco RARO (como su acrónimo) y se pregunta: si esa cuota de 41€/mes le produce a la aseguradora beneficio por qué exige al Estado 114€/mes por mutualista?

Pueden acceder a sus calculadoras para comprobar el resultado final del concierto que se pretende obligar a firmar: DOS MIL SESENTA Y SIETE millones de euros.

La amenaza presunta, claro, radica en no presentarse a la licitación y dejar que 1,5 millones de empleados públicos se incorporen a la Seguridad Social y la colapsen del todo. Un millón y medio de asegurados con una tecnología burocrática arcaica que se incorporarían sin historial médico, con sus respectivos talonarios de recetas, al sistema público de salud. Me explico porque aquí radica el peligro. Estas 1,5 millones de personas no disponen de recetas electrónicas con tarjeta para que la farmacia le dispense cualquier medicación, ha de ir con su talonario al médico de medicina general (de libre elección) para que le firme cada vez que necesita medicarse. Las recetas manuales caducan a los 10 días. Los jubilados pagan igual que los que aún prestan servicio a los ciudadanos. En este sistema de salud, además, no existe el "historial clínico" centralizado en una base de datos como en el sistema público. El historial lo tiene el paciente si ha tenido el cuidado de ir confeccionándolo. Ni MUFACE ni la Aseguradora disponen de esos datos especialmente protegidos por las Leyes de Protección de Datos. Como se ha podido elegir médico y especialista en sus consultas privadas, al igual que clínica u hospital, cada uno de ellos dispone de información médica concreta sobre el motivo concreto de su consulta. Imaginemos por un momento lo que supondría para los enfermos crónicos (de entre esos 1,5 millones) tener que renovar sus respectivos fármacos al tener un médico de cabecera nuevo asignado (de la noche a la mañana) en un sistema público de por sí colapsado sin un historial médico que le pudiera facultar el poder recetarle. Imaginemos, por favor, una urgencia hospitalaria y que el facultativo no disponga de esa información vital como ofrece el historial clínico.

Imaginemos por un momento lo que supondría para los enfermos crónicos tener que renovar sus respectivos fármacos al tener un médico de cabecera nuevo asignado en un sistema público de por sí colapsado sin un historial médico

Para la reivindicación de incrementar el 40% la asignación, las aseguradoras utilizan la argumentación torticera de comparar cifras imposibles de emparejar. Se dice que 984€ es irrisorio con lo que se supone el coste (supuesto) del paciente/año en la sistema sanitario público: unos 1.608€, sin valorar varios aspectos que se me antojan importantes. Por ejemplo: los profesionales de la sanidad pública están mejor preparados que los privados, han pasado por diversos sistemas de selección y aunque sus sueldos por convenios aún no alcanzan lo deseado, están muy por encima de lo que se cobra en el sector privado. Por tanto en materia de personal los costes no se pueden comparar. De igual forma los costes de mantenimiento en infraestructuras y en equipos de diagnóstico, etc, tampoco son comparables.

Si se investigara lo que paga Adeslas, DKV o Asisa por consulta privada y hospitalaria en clínicas privadas nos daría la risa. Si a esto le añadimos que en el "negocio de la salud" todo vale, puede que esas clínicas en manos de grandes tenedores ahora (léase Vithas, Quirón, etc) para "sacar tajada" se podrían ver en la "obligación" de prescribir pruebas diagnósticas, digamos, con asiduidad para subir la minuta. Podríamos (supuestamente, claro) encontrarnos con que el chollo que tenían Adeslas, Asisa o DKV ya no es tanto y, como deben incrementar beneficios (lo contrario lo llaman pérdidas), le aprietan las clavijas a papá Estado y lo hacen de esta forma, con aliados políticos (léase CSIF) que amenazan con convocar huelgas si no incrementan la asignación.

Se me ocurre en síntesis una argumentación neocon: las multinacionales aprietan a sus correligionarias aseguradoras para que éstas lo hagan al Gobierno con un objetivo: la Sanidad Pública. Poniendo en peligro, jugando con la salud de millones de personas.

Ya se sabe que para ellos el fin económico justifica los medios.

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Joaquín Navas Cabezas es socio de infoLibre.