Cinco razones por las que Mazón debe dimitir

La primera consecuencia política de la gestión del desastre del 29 de octubre ha sido que el Partido Popular ha maniobrado en el seno de la Unión Europea para intentar perjudicar a Teresa Ribera, candidata a la vicepresidencia primera de la Comisión y la cartera de Competencia y transición energética. El movimiento ha provocado que la propia Ursula von der Leyen cancele su agenda y se implique en el trámite de elección de los comisarios, para así evitar que la mezquina actuación de la derecha española haga caer al nuevo Ejecutivo europeo.

Feijóo está siendo capaz de perjudicar los intereses de España, boicoteando a Ribera, que este martes ha sido elegida por la revista Time como una de las 100 líderes mundiales más influyentes en asuntos climáticos, para intentar imponer el relato de que la actual ministra actuó de manera “lamentable” durante la dana. Su objetivo no es salvar a una figura abrasada como Carlos Mazón, sino evitar que la ineptitud del mandatario valenciano le acabe salpicando a él mismo. ¿Por qué?

No hay que olvidar que Feijóo intoxicó a la población en la mañana del jueves 31 de octubre, cuando declaró que "un presidente autonómico gestiona en función de la información que recibe de los organismos estatales". Su objetivo fue culpar a los profesionales independientes de agencias públicas como la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar de la pésima actuación de su partido en Valencia. 

“Nadie puede tomar decisiones en función de una información que puede ser exacta, que puede ser inexacta o que puede ser mejorable”, deslizó Feijóo. Días después fuimos conociendo, por la secuencia de acontecimientos del martes 29, que la información proporcionada a Mazón fue precisa, puntual e insistente. Fueron otros los factores que llevaron a retrasar la alarma más allá de las ocho de la tarde, doce horas después de la primera alerta de la AEMET. Feijóo insinuó imprecisiones para no mentir abiertamente, en un terrible ejercicio de cinismo calculado.

Mazón debe dimitir. Ofrecer la cabeza de alguna de sus consejeras, algo que se espera que suceda este miércoles, no es suficiente. Génova ha tenido una actitud errática frente a Mazón, no así la ciudadanía valenciana, que se manifestó por centenares de miles en las principales ciudades de la comunidad pidiendo que Mazón renuncie a su cargo. Una protesta que el PP calificó de “politizada”, como si las razones detrás de la gestión ruinosa de la dana no fueran profundamente ideológicas.

La primera es la irresponsabilidad. Mazón pasó la tarde del día 29 de octubre comiendo con la periodista Maribel Vilaplana para, según la versión de los populares, ofrecerle la dirección de la televisión pública À Punt. Las evasivas, hasta que en la tarde del pasado viernes conocimos el lugar y el contenido de la cita, despertaron todo tipo de suspicacias, al pasar el encuentro de privado a la categoría de reunión de trabajo a pesar de no estar incluido en la agenda oficial de Mazón.

Todas las informaciones apuntan a que Mazón llegó al CECOPI, el centro de coordinación de emergencias, a las siete y media de la tarde, teniendo que recibir explicaciones de lo sucedido hasta el momento. Si el PP afirma que Mazón estuvo permanentemente localizado e informado, ¿por qué se le tuvo que poner al corriente de nuevo tras su llegada a la reunión? Lo cierto es que eso retrasó aún más el lanzamiento de la alerta vía móviles, que llegó, ya inútil, cuando muchos municipios estaban siendo arrasados por la riada.

En la dana del 2019, el Gobierno progresista del Botànic se anticipó 48 horas a aquel temporal. La diferencia no es sólo profesional, sino también aquella que marca creer en lo público para no dejar a nadie atrás

El segundo punto es la incompetencia. La empresa subcontratada por la Generalitat Valenciana para operar el 112 fue informada a las 18:10h. de que se mandaría el mensaje a través del sistema ES-Alert. Algo que no sucedió hasta dos horas después. La consellera de Justicia, Salomé Pradas, responsable del operativo, fue incapaz de tomar la decisión en ausencia de Mazón. La actitud de Pradas fue errática, abandonando la reunión en varias ocasiones, según los asistentes.

El tercer aspecto son las mentiras. Tras el desastre, el Ejecutivo valenciano del PP ha dejado un reguero incontable de falsedades. Las más notorias la de Pradas, que negó conocer el sistema ES-Alert hasta las 20h. para luego desdecirse y afirmar que no estaba operativo, ambas cuestiones inciertas. Más grave resulta que la consellera negara que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, le ofreciera enviar a la UME mediante tres llamadas la mañana del martes 29. No sólo esas llamadas existieron, sino que la propia Pradas fue pillada admitiendo esas comunicaciones en una grabación de TVE.

La cuarta razón es la preponderancia de los intereses privados por encima de los públicos. Carlos Mazón criticó el cierre de la Universidad de Valencia en una reunión con los agentes sociales en la mañana del martes. Fuentes de esas reuniones califican sus comentarios como desdeñosos. Además, el presidente valenciano afirmó en rueda de prensa ese mismo día que la dana estaba perdiendo intensidad y se estaba alejando de la zona. ¿Por qué lo hizo? ¿De dónde sacó esa información? ¿Qué más le daba a Mazón que la universidad aplicara su protocolo ante eventos climáticos extremos?

No conocemos las respuestas porque Mazón ha sido incapaz de proporcionarnos una coherente. Sí sabemos, por contra, que se avecinaba un jugoso puente, clave para el poderoso sector turístico valenciano. Situar los intereses económicos por encima de la seguridad de todos. No es la primera vez que sucede. Ya vimos cómo actuó Ayuso en plena pandemia. Algo que, a la postre, le granjeó éxito electoral. 

El último motivo es la enorme lentitud para pedir y coordinar la ayuda del Gobierno central, otras comunidades e incluso los medios propios, que como los bomberos forestales, según denunció CCOO, fueron infrautilizados. El general Javier Marcos, jefe de la UME, tuvo que aclarar que sus unidades estaban listas desde primeras horas del martes, en un despliegue preventivo, incluso acuarteladas días antes, pero que no pudieron actuar hasta que la Generalitat controlada por el PP autorizó su uso.

La propia Teresa Ribera intentó contactar con Mazón infructuosamente en la tarde del martes. Sabemos que Mazón habló mediante mensaje con la vicepresidenta Maria Jesús Montero pasadas las nueve de la noche y con Pedro Sánchez, que estaba de vuelta de su viaje a la India, a las once menos diez. En ambos mensajes el presidente valenciano manifestó que la situación tenía “mala pinta”, solicitando recursos de Interior y Defensa.

Aunque el Gobierno central pensó en tomar el mando de la situación, consideró que un traslado de competencias en aquellos momentos, cambiar al jinete en plena carrera, podría haber resultado nocivo para la celeridad a la hora de rescatar a las víctimas. La cuestión es que el jinete dirigía a su montura en la dirección contraria a donde debería ir.

En las siguientes jornadas, la ayuda llegó con cuentagotas, no porque no existieran efectivos disponibles, sino porque la administración encargada de coordinarlos, la de Mazón, fue incapaz de hacerlo, como se vio con los voluntarios que acudieron de otros puntos a salvo de la propia Valencia. 

Nadie nos ha dado una explicación plausible para tal lentitud. Sí sabemos que los ultras aprovecharon esos días de estupefacción para lanzar sus campañas en contra del Estado y los impuestos y, más allá, contra el propio Gobierno central que, si ha pecado de algo en toda esta historia, ha sido de lealtad institucional con un dirigente autonómico irresponsable e incompetente y un líder del PP, Feijóo, que no ha dudado en utilizar la catástrofe para alimentar una inacabable campaña de acoso y derribo contra Sánchez.

Mazón debe dimitir y su sucesor convocar elecciones en cuanto la situación sobre el terreno las permita. Todo lo demás es estafar al pueblo valenciano, uno que ha sufrido doblemente, primero una catástrofe natural y luego una gestión catastrófica por parte de un Gobierno autonómico surgido al calor del “que te vote Txapote” y el bulo del pucherazo. En la dana del 2019, el Gobierno progresista del Botànic se anticipó 48 horas a aquel temporal. La diferencia no es sólo profesional, sino también aquella que marca creer en lo público para no dejar a nadie atrás.