6.000 firmas para que el nuevo Código Penal no “criminalice” el derecho de manifestación

La Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas (PDLD) entregará el martes 3 de septiembre más de 6.000 firmas para hacer constar su rechazo a la Reforma del Código Penal, que según afirman, busca “penalizar las protestas y movilizaciones sociales frente a las políticas de austeridad, recortes sociales y destrucción del Estado del Bienestar”.

La iniciativa –apoyada tanto por ciudadanos anónimos como por personajes públicos como la periodista Maruja Torres o el diputado Gaspar Llamazares– gira en torno a un manifiesto que exige la retirada del anteproyecto de Reforma del Código Penal, y que además expresa su preocupación ante lo que la plataforma considera “la deriva autoritaria y antidemocrática del Gobierno del PP”. De esta manera, PDLD asegura que las diferentes modificaciones que ha experimentado el texto inicial “han sido remitidas al Consejo de Estado sin pasar por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni por el Consejo Fiscal, como es preceptivo”, hecho que consideran contrario al artículo 108.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que además tachan de “grave precedente antidemocrático que pone en tela de juicio las bases legales en las que se asienta un Estado democrático”.

El manifiesto no se queda ahí y ofrece ejemplos concretos del articulado, que la plataforma considera pensado “para reprimir la protesta social ante las políticas de recortes de lo público”. Los firmantes aseguran que la modificación legislativa camina “hacia la igualación de las prácticas pacíficas en la protesta con las que no lo son”, argumentación que basan en “la desaparición de los términos "grave" y "activa", refiriéndose a las formas que ha de adoptar la resistencia a la autoridad policial para que ésta sea considerada delito de atentado”. “Al desaparecer el adjetivo 'activa' en relación a la resistencia a la acción policial”, aseguran, “se introduce un margen importante de discrecionalidad y subjetividad en casos de resistencia pasiva”, lo que según ellos favorecerá la “arbitrariedad” a la hora de que estas acciones sean juzgadas o reprimidas policialmente.

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De igual forma, los firmantes también denuncian la penalización para las personas que distribuyan o difundan "mensajes o consignas que inciten a la comisión de un delito de alteración del orden público", recogida en la nueva redacción del artículo 559 del Código. En su manifiesto, la plataforma asegura que "la vaguedad de la expresión 'mensajes o consignas que inciten' permite un margen de interpretación tan amplio que impide las exigencias de previsibilidad y precisión exigibles a la ley", resaltando igualmente que el agente de policía o el juez será quien finalmente decida en base a su subjetividad.

En este sentido, aseguran que "es indeterminable saber cuál es la intención del emisor del mensaje o consigna que se pretende castigar dentro del delito de alteración del orden público, pudiendo dichos mensajes o consignas ser simples exposiciones de opinión y no incitación específica al mismo". Por ello, penalizar estas acciones supone para la plataforma crear "un delito de opinión, algo incompatible con un Estado democrático, mucho más grave cuando el pretendido nuevo delito se sustenta sobre la genérica e indeterminada expresión de 'actos de violencia' del artículo 557".

Precisamente en este artículo 557 el Gobierno pretende, según la PDLD, "equiparar la violencia grupal con la individual, introduciendo a su vez un sesgo subjetivo respecto al ordenamiento aún vigente" –que señala resultados concretos para las acciones violentas–, ya que sustituyen "los actos concretos de la acción violenta por la genérica referencia a 'actos de violencia', que provocan auténtica inseguridad jurídica a la persona al no quedar aclarados qué actos son violentos y cuáles no, quedando al arbitrio judicial su determinación". La plataforma, que denuncia que esta medida tiene una pretensión "coactiva", argumenta que el cambio en la redacción del artículo tiene la intención de "criminalizar" las manifestaciones basándose en que el nuevo Código tipificará como alteración "agravada" del orden público –penada con hasta seis años de cárcel– aquella que se produzca "en una manifestación o reunión numerosa, o con ocasión de alguna de ellas".