POLÉMICA

IU pide “reforzar el control público” sobre la empresa de la vivienda

IU pide ahora que la privatizada Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas vuelva a manos públicas

Izquierda Unida reclama ahora que se refuerce el “control público efectivo” sobre la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Rivas Vaciamadrid, cuya el Ayuntamiento, gobernado por la propia federación, encomendó desde 2004 a una firma privada, Habyco. IU de Rivas quiere impulsar un “debate político y social” para “municipalizar” la EMV, “manteniendo y potenciando su naturaleza pública”. Afectada por el desplome del sector inmobiliario, Habyco acaba de ejecutar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha supuesto el despido de 15 de sus 57 trabajadores.

“Las empresas municipales son parte del sector público local a efectos económicos y financieros y están sujetas en los mismos términos a los mecanismos de control municipal”, proclama IU de Rivas en una nota de prensa, despues de que infoLibre desvelase las críticas internas y sindicales a la privatización de la EMV y los problemas económicos de la empresa adjudicataria.

Según IU, la gestión de Habyco ha sido “muy positiva” hasta ahora, pero la crisis económica y sus “problemas arrastrados en el último tiempo, como el anuncio de un ERE […] requieren que de una manera transparente se defina una estrategia global para la EMV”. De ahí que exija no sólo mayor control público “efectivo” sobre su gestión, sino también una “apuesta por la diversificación de su actividad, abriéndose a las nuevas necesidades económicas y sociales, y garantizando el modelo de empresa pública al servicio de la ciudadanía y sus necesidades básicas”.

El debate, explica la nota, deberá incluir la gestión de suelos para uso agrícola y de desarrollos industriales, la atención municipal a los desahucios, el alquiler social, una política urbanística “no exclusivamente productora de vivienda”, más inversión y nuevas fórmulas de impulso económico en las que participen los ciudadanos y las pymes.

El Ayuntamiento, “abierto a cambios”

Los despidos en Habyco se están ejecutando en el Ayuntamiento con mayor población que gobierna Izquierda Unida y que además es el estandarte de la política municipal de la federación desde hace años. Se trata de una empresa especializada en prestar servicios a administraciones y organismos públicos, así como en “colaboración público-privada en materia urbano-residencial”, según se publicita en su página web.

Su contrato sigue vigente hasta 2015 y puede prorrogarse otros dos años más. El primer teniente de alcalde de Rivas, Fausto Fernández, explica que se eligió a Habyco por su “modelo de gestión cooperativo, de la economía social”. Y defiende que la colaboración público-privada es válida “según a quién sirve”. Pero también dejó claro que ahora, con la crisis, “el escenario de demanda y de necesidades es distinto”, por lo que se mostró dispuesto a “replantear en cada momento los objetivos e instrumentos que utiliza el Ayuntamiento”. “Estamos abiertos a cambios”, adelantó.

En cualquier caso, destacó, los resultados de la EMV han sido hasta ahora positivos, “con 3.000 viviendas protegidas construidas, 600 en alquiler y la generación de unas plusvalías de 90 millones de euros para el Ayuntamiento”. En estos momentos Rivas busca financiación para construir 230 viviendas, de un plan de 517. Fausto Fernández confía en encontrarla, pese a la restricción general del crédito en España.

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Críticas de CGT y el PCM

Las críticas a la contratación de una empresa privada para gestionar la EMV y al ERE de Habyco parten de la CGT, representada en el comité de la firma, y del Partido Comunista de Madrid, integrante de IU, que ha llegado a pedir la dimisión de los responsables municipales de Rivas Vaciamadrid. También ha sido polémica la aparición en la nómina de trabajadores de Habyco de una asesora que cobra un sueldo sin tener un puesto asignado en la empresa, un hecho que tanto el Ayuntamiento como la adjudicataria desmienten.

Además, el comité negocia ahora una rebaja de salarios del 20% que la dirección quiere aplicar a la plantilla superviviente del ERE, 42 trabajadores. A los 15 despedidos, que en principio iban a ser 20, se les han pagado indemnizaciones de 33 días por año trabajado.

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