El decreto de Wert para que los becarios no coticen se atasca en el Consejo de Estado

El Consejo de Estado devolvió el pasado 31 de enero al Ministerio de Educación el proyecto de real decreto con el que pretende impedir que los becarios universitarios coticen a la Seguridad Social. Allí lo había enviado José Ignacio Wert el pasado mes de noviembre, obviando la oposición del Ministerio de Empleo, precisamente el departamento que les restituyó ese derecho el pasado agosto.

Ambos ministerios llevan desde entonces enfrentados por la cotización de los becarios. Educación, haciéndose eco de las presiones de los rectores universitarios, quiere que los “estudiantes que realicen prácticas académicas externas curriculares” dejen de cotizar a la Seguridad Social, alegando que éstas son únicamente “actividades integradas en el plan de estudios”. Por el contrario, la Tesorería de la Seguridad Social, para cumplir una sentencia del Tribunal Supremo del mes de mayo, dictó una instrucción en agosto que ha permitido hasta diciembre de 2013 la afiliación al sistema de 52.318 becarios: su número se duplicó en sólo tres meses.

El dictamen del Consejo de Estado es un trámite necesario, aunque no vinculante, para cualquier decreto del Gobierno. De hecho, la sentencia del Supremo que concedió a los becarios el derecho a cotizar tumbó un decreto anterior del Ministerio de Educación –pero del Gobierno del PSOE– por haber eludido el paso por este órgano consultivo del Estado. Lo preside el exministro del PP José Manuel Romay Beccaría.

Trámites incompletos

En este caso el problema estriba en que, casi dos meses después de que le llegara el proyecto de real decreto, el Consejo de Estado se lo ha devuelto a Wert porque la documentación adjunta está incompleta, aseguraron fuentes del órgano consultivo. Así que Educación ha comenzado a subsanar errores, entre ellos, pedir “formalmente” alegaciones a las partes interesadas –sindicatos, patronal, universidades–. Y lo hace ahora porque en su momento redujo la fase de “exposición pública” de la norma a colgar el texto en la página web del ministerio del 9 al 26 de octubre de 2013.

La batalla entre Educación y Empleo también saltó al Consejo de Ministros. Una “guerra fría”, en cualquier caso, que no es nueva. El rechazo de Educación a que los becarios coticen ya paralizó la aplicación de la sentencia del Supremo el año pasado. De forma que los becarios y las empresas permanecieron durante tres meses en una especie de limbo. Y, después de que Wert hiciera públicas sus intenciones con los becarios, Empleo llegó a elaborar un informe en contra, aseguran las fuentes consultadas. El departamento que dirige Fátima Báñez bendice la cotización de los becarios no sólo porque les da más derechos a los estudiantes, sino también porque aumenta los ingresos del sistema justo cuando más necesitado está de ellos por culpa de la crisis.

Las universidades, detrás de Educación

Además, el pulso reproduce exactamente el mantenido en 2011 entre ambos ministerios del Gobierno socialista. En noviembre de ese año, el Ministerio de Presidencia publicó, a instancias de Educación, un decreto que contradecía a otro anterior de Trabajo. Éste, sólo un mes antes, había asimilado a trabajadores por cuenta ajena a los participantes en programas de formación. Fue ese decreto de noviembre el que recurrió CCOO y dio lugar a la sentencia del Tribunal Supremo que devolvió a los becarios el derecho de cotizar.

El sindicato va a presentar en esta ocasión sus alegaciones: no sólo defiende el derecho de los becarios a cotizar, también niega que Educación sea el ministerio competente para excluirlos de la Seguridad Social.

CCOO responsabiliza a las universidades del contragolpe de Educación. A su juicio, los trámites de las altas suponen un problema de gestión para las empresas, y esas dificultades las retraerán a la hora de ofertar becas. Por tanto, temen que los proyectos académicos o científicos que éstas les financian cada año se vean afectados.

Sin embargo, aclara el sindicato, las empresas pagan a la Seguridad Social por cada becario sólo 34,72 euros al mes. El estudiante cotiza 6,09 euros. Además, apunta, “las empresas pueden desgravarse esa cuantía como gasto deducible”.