Romper un ejemplar de la Constitución: ¿libertad de expresión o “ignominia”?

La imagen del diputado de Amaiur Sabino Cuadraarrancando páginas de un ejemplar de la Constitución mientras intervenía en el pleno del Congreso en defensa del derecho de autodeterminación de Cataluña molestó a algunos grupos parlamentarios. PP, PSOE y UPyD consideran que ni la libertad de expresión ni la inviolabilidad parlamentaria pueden justificar una conducta como la de Cuadra. Y así se lo han hecho saber estos días al presidente de la Cámara, Jesús Posada, en sendas cartas en las que –aunque con diferentes matices– coinciden en pedir a la Mesa del Congreso que examine este conducta y decida tomando como referencia lo que marca el Reglamento de la Cámara. 

Posada, por su parte, solicitó un informe a los servicios jurídicos del Congreso. Y está previsto que la Mesa –el "órgano rector", según lo define la legislación– analice el asunto en su reunión del próximo jueves. En sus misivas, los citados grupos reclaman que conforme a lo previsto en el Reglamento se tomen las medidas oportunas para que lo que los conservadores definen como "ignominia" y "ultraje a la Constitución" no se vuelva a repetir. 

El Reglamento establece en su artículo 106 que el presidente puede suspender, durante hasta un mes, la condición de diputado a un parlamentario si considera que éste ha promovido "un desorden grave con conducta de obra o de palabra". No obstante, prevé también que esta sanción pueda ampliarse o agravarse si así lo decide la Cámara. En cualquier caso, el PP tiene mayoría absoluta tanto en la Mesa como en el pleno, así que bastarían sus votos para sancionar al parlamentario de Amaiur. 

Los socialistas, según confirma a infoLibre un portavoz, todavía no han decidido si respaldarán la petición de sanción de PP y UPyD. No obstante, en la carta enviada a Posada señalan que la "intolerable" conducta de Cuadra produjo "indudablemente" una "ofensa" a todos los ciudadanos españoles. E insisten en que ni la libertad de expresión ni la inviolabilidad parlamentaria pueden justificar la conducta del diputado abertzale ni favorecer que esos comportamientos puedan quedar fuera de las medidas de disciplina parlamentaria.

UPyD va más allá y reclama que se investiguen los hechos por si pudieran haber sido constitutivos de delito en base al artículo 543 del Código Penal, en el que se tipifican "las ofensas o ultrajes" a símbolos representativos de la nación. "A nuestro juicio, la prerrogativa de inmunidad de que gozan los diputados y la inviolabilidad por las expresiones proferidas en el ejercicio de sus funciones, bien entendida en un Estado democrático avanzado como debería ser el español, no puede servir de cobertura para la posible comisión de delitos, como lo es, en todos los órdenes, el atentado contra los símbolos de España", puede leerse en la carta que firma Rosa Díez.

Escasos precedentes 

No obstante, si llega a producirse, la sanción de Cuadra no sería la primera a un diputado del Congreso. Existe un precedente que data de 1991, cuando tres parlamentarios de Herri Batasuna vieron suspendidos durante un año sus derechos económicos "ante la reiterada y notoria falta de asistencia voluntaria a comisiones y plenos". La sanción permitía a los representantes abertzales seguir asistiendo al Parlamento, aunque sin recibir remuneración alguna. En esa ocasión la Mesa del Congreso lo decidió por unanimidad, aunque con la ausencia de Izquierda Unida. En esta ocasión, la formación de izquierdas ha dicho que el acto de Cuadra fue "un gesto político". De hecho, su portavoz en el Congreso, José Luis Centella, señaló que "quien ha roto la Carta Magna" ha sido el PP con sus reformas. 

Una situación similar de no asistencia a plenos se había planteado antes en la Cámara navarra y, entonces, los diputados de HB recurrieron al Tribunal Constitucional con el resultado de un auto desestimatorio. Cuando la situación se reprodujo en el Parlamento Vasco, no hubo recurso. De forma más reciente ha habido, aunque con motivos dispares, otros casos de sanciones en otras cámaras regionales.

Por ejemplo, la ahora vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mònica Oltra, fue expulsada en junio de 2014 de Les Corts por un periodo de un mes. La expulsión –decidida en un pleno que, por primera vez en 31 años, se celebró a puerta cerrada y sin la presencia de los medios de comunicación– fue el desenlace de un rifirrafe parlamentario que había tenido lugar un mes antes en el que Oltra se negó a abandonar el hemiciclo tras ser expulsada por el presidente de la Cámara, Juan Cotino, alegando que no había oído sus apercibimientos. Antes se había producido cruce de acusaciones entre ella y diputados del PP desde sus escaños. 

Un año antes, en 2013, había sido suspendida de sus funciones durante un mes la diputada socialista en la Asamblea de Madrid Maru Menéndez. El entonces presidente de la cámara regional madrileña, José Ignacio Echevarría, la sancionó después de que llamara "corrupto" al ahora ex presidente de la Comunidad, Ignacio González, durante un pleno del que también había resultada expulsada. Tras la decisión, IU reclamó la misma sanción para González, que también se había referido a la diputada como "corrupta". Tanto los socialistas como UPyD solicitaron la dimisión del presidente de la Asamblea. 

El Congreso intenta sancionar al diputado de Amaiur que arrancó páginas de la Constitución

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Las expulsiones de las cámaras, más recurrentes 

Más frecuentes han sido en los últimos años los episodios de expulsiones de diputados en sesiones parlamentarias. Ese fue el caso, por ejemplo, del parlamentario del PP Vicente Martínez Pujalte, que fue expulsado del Congreso en mayo de 2006 por proferir gritos en insultos contra el entonces ministro de Defensa, José Antonio Alonso. Aunque en esa sesión se debatía sí reforzar el contingente español en Afganistán, los conservadores, con Pujalte a la cabeza, organizaron una sonada bronca para boicotear la intervención Alonso, al que responsabilizaban de la detención de dos militantes del PP cuando era titular de Interior. Cuando tuvo lugar ese incidente, los servicios de prensa de la Cámara aseguraron que se trataba de un episodio inédito hasta la fecha. 

También tuvo que abandonar a la fuerza un parlamento –en este caso, el gallego– el diputado de Alternativa Galega de Esquerdas (AGE) David Fernández Calviño. Fue en febrero de 2013 después de ser llamado al orden tres veces por ironizar sobre la "corrupción" en el PP. Debido a lo ocurrido, el portavoz de AGE, Xosé Manuel Beiras, pidió la palabra para criticar la actuación de Santalices, tras lo que abandonó el hemiciclo. Tras ello, también dejaron el hemiciclo el resto de los parlamentarios de esta formación. El rércord, no onbstante, parece tenerlo Mònica Oltra que, según publicó el diario Levante, aglutinaba a fecha de junio de 2014 tres de las trece expulsiones que había registrado Les Corts en 31 años.