Los CIE son "siniestros", "desproporcionados", "costosos" y no cumplen su función, según los jesuítas

Los Centros de Internamiento para Extranjeros  son "siniestros", "desproporcionados", "costosos" y no cumplen con la función principal para la que fueron creados, es decir, servir como medida cautelar ante una expulsión, según el Informe sobre los CIE 2016 '25,66: Media de repatriaciones diarias, elaborado por el Servicio Jesuita a Migrantes, una red impulsada por la Compañía de Jesús que trabaja por la defensa de los derechos de las personas migrantes y su pleno acceso a la ciudadanía.

El documento, además de recoger datos de fuentes oficiales y resoluciones judiciales, se apoya en la experiencia de haber realizado 1.741 visitas a 658 personas, en cuatro centros de internamiento para extranjeros diferentes (Madrid, Barcelona, Valencia y Tarifa), de las cuales un 36 por ciento acababa de llegar a España por vía marítima, un 33 por ciento llevaba residiendo en el país entre uno y quince años y un 26 por ciento, más de quince.

De los datos se desprende que 7.597 personas fueron internadas en los CIE españoles en 2016, 5.695 de ellas tras su llegada a las costas españolas en una zodiac o patera, y entre ellas, había 513 mujeres y 51 menores. De todas ellas, fueron expulsadas 2.205, y por tanto dos de cada tres (un 29 por ciento) quedaron en libertad.

"Estas cifras expresan lo gratuito del sufrimiento que se inflige a 2 de cada 3 personas internadas en España o, si se prefiere, lo desproporcionado de una medida cautelar tan costosa en términos económicos y humanos, siquiera sea en términos de eficiencia", precisan los autores del informe.

Tanto es así que uno de los autores del informe, Josep Buades, ha explicado que, hay ocasiones en que una persona ha entrado de manera irregular, no tiene domicilio conocido y no tiene arraigo y por lo tanto cumple todas las condiciones para ser internado, pero luego, por otras condiciones "es inexpulsable". En esos casos, según sostiene, si se dicta el internamiento no se está cumpliendo con el deber, porque, hay que atender al ordenamiento jurídico, no al criterio de un solo reglamento.

Por eso, recuerdan que, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el internamiento debería justificarse por la expulsión como finalidad, pero las cifras muestran que más del 70 por ciento de los internados no son finalmente expulsados. "Actúan más como siniestros centros de acogida en los que se encierra a personas a las que, luego, se dejará en libertad en un limbo jurídico, que como espacios destinados a asegurar la eficacia de la expulsión", denuncian.

Según informa Europa Press, el informe también alerta de que se ha triplicado el número de menores identificados en los CIE que ha ascendido de 19 en 2015 a 51 en 2016. "La identificación de estos menores, todos procedentes de entradas irregulares, cuestiona una vez más los procedimientos de determinación de la edad utilizados en España", advierten los autores del informe, que aseguran estar "estupefactos" por el incremento de un año a otro.

De hecho, el otro autor del informe, Santiago Yerga, ha incidido en que si la cifra del año pasado ya era mala, la de este año refleja "una situación de desvarío jurídico que las administraciones tienen que empezar a corregir".

"Refleja un paulatino fracaso de los sistemas de identificación, especialmente en el litoral", ha insistido.

El documento muestra la preocupación del SJM por el internamiento de personas susceptibles de que se les otorgue protección internacional, un fenómeno que han detectado, sobre todo, en los CIE de frontera y que consideran una "aberración". En concreto, en 2016 se presentaron 770 solicitudes de protección internacional, de las que se admitieron a trámite 158. En el caso de mujeres, alertan de que persiste la deficiente información en cuanto a supuestos de trata de seres humanos y violencia de género.

Por nacionalidades, el informe señala que más del 50 por ciento de personas internadas son africanas subsaharianas, origen geográfico "ampliamente predominante" en los CIE de Algeciras y Tarifa, seguidas por los magrebís, especialmente de Argelia. En este sentido, el SJM advierte de un "uso perverso" del CIE como recurso de primera acogida en el territorio de personas que, luego, quedarán en "un limbo jurídico" durante años.

Por otro lado, los autores del estudio denuncian que los CIE constituyen "una fuente de negocio económico" para las empresas a las que contratan la provisión de bienes y servicios: flete de vuelos, obras, prendas de vestir y artículos higiénicos, productos alimentarios y comidas o asistencia sanitaria.

Sobre los incidentes ocurridos durante 2016 en los diferentes CIE españoles, precisan que se trata de "protestas desesperadas de personas desesperadas" que revelan las condiciones en las que se encuentran las personas internas: sin información, asistencia jurídica efectiva, sin un vestuario digno y llenas de incertidumbre. "Desconocen cuánto tiempo van a estar en estas condiciones, si serán o no repatriadas", señalan, a lo que Yerga añade que "huyen de un infierno para acabar encerrados en otro infierno".

También advierten del "lamentable" estado de las instalaciones, en especial las de Algeciras, así como de las condiciones materiales en las que las personas internadas deben desarrollar su período de internamiento, "con celdas sin ducha ni retrete privado, con espacio para comunicaciones de carácter totalmente penitenciario o sin espacios donde poder realizar actividades lúdicas o deportivas". Asimismo, observan una disminución de las cuantías de los contratos para la atención sanitaria en los CIE.

En este sentido, han señalado el caso del CIE de Valencia, que el año pasado hubo que cerrar sus instalaciones debido a una plaga de chinches. "Nos parece insólito que en 2016 en un establecimiento público sometido a control sigan apareciendo plagas de chinches", subrayan.

En esta línea, el otro autor del informe, Josep Buades, ha explicado que las condiciones de vida en los centros son también una de las causas de las protestas en los CIE: "Son protestas desesperadas de personas desesperadas porque ven truncado su proyecto migratorio. Porque dicen "aquí se acaba", pero también por las condiciones de vida", ha indicado.

Además, sugieren una formación más específica para los operadores jurídicos para que no autoricen los internamientos de modo automático sino excepcionalmente, como último recurso, y en casos en los que sea plausible la ejecución de la expulsión o devolución.

Asimismo, recuerda a los jueces de instrucción que está en sus manos fijar la duración máxima de estancia en los CIE cuyo tope son 60 días e insta al Ministerio del Interior a agilizar las gestiones para comprobar la posibilidad o imposibilidad de ejecutar la orden de expulsión. En 2016, la duración media de los internamientos fue de 24,5 días.

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Según revela el informe del SJM, España llevó a cabo 25,6 repatriaciones forzosas de media al día en 2016, más de 9.200 migrantes en todo el año. En concreto, se ejecutaron 5.051 órdenes de expulsión y 4.190 devoluciones. "Pensamos que no es una cifra pequeña, más bien al contrario", ha advertido Yerga.

Sin embargo, de los datos se desprende que la gran mayoría de estas repatriaciones forzosas, un 76,1 por ciento, no correspondieron a personas internadas en un CIE.

El SJM asegura que en los últimos informes sobre CIE vienen constatando una tendencia que va "de menos internamientos a más expulsiones exprés", con el consiguiente "menoscabo en las garantías jurídicas" para estos migrantes. Por ello, piden que las Administraciones Públicas exploren alternativas que, según indican, en algunos casos están ya contempladas en la legislación española, así como otras que se emplean en otros países.