El Tribunal de Cuentas reclama una fianza a Artur Mas y altos cargos por el 9N y Puigdemont acusa al Gobierno de fomentar el miedo

El Tribunal de Cuentas ha citado para el próximo 25 de septiembre al expresident de la Generalitat Artur Mas Artur Masdentro de la investigación que tiene abierta para dilucidar responsabilidades por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 y, en su caso, reclamarle el dinero público que se gastó en aquella consulta, que podría superar los cinco millones de euros.

Según han informado a Europa Press fuentes del PDeCAT, la citación tiene como objetivo solicitarle el pago de una fianza para garantizar que podrá afrontar la condena en el caso de que ésta finalmente se produzca.

En concreto, el tribunal cita a Mas seis días antes del 1 de octubre, cuando está prevista una nueva consulta independentista en Cataluña. Junto al expresident catalán el Tribunal de Cuentas también investiga a su exvicepresidenta Joana Ortega, a la exconsejera de Eduación Irene Rigau y al exconsejero de Presidencia Francesc Homs.Francesc Homs

En el caso de que no abonen las cantidades que el tribunal les reclame, podrá procederse al embargo de los bienes de los investigados en esta causa.

Según informan varios medios de comunicación, además de a Mas, Ortega, Rigau y Homs, el tribunal ha citado para el mismo día y con el mismo fin a otros siete ex altos cargos de la Generalitat que participaron en la organización de los gastos para el referéndum del 9-N.

Se trata del exsecretario general de la Presidencia de la Generalitat Jordi Vilajoana y de Lluis Bertrán i Saura, Josefina Valls i Villa, Carolina Pardo Miguel, Jaume Domingo i Planas, lgnasi Genovés i Avellana, Jordi Serra i Catalán y Jordi Vilajoana i Rovira.

Una semana "decisiva e histórica"

La respuesta del president de la Generalitat no se ha hecho esperar: Puigdemont ha criticado la nueva citación del Tribunal de Cuentas y ha anunciado que la ley del referéndum se aprobará esta semana y que el Govern catalán lo convocará para que se celebre el 1 de octubre.

Lo ha dicho en una comparecencia extraordinaria desde el Palau de la Generalitat junto con el vicepresidente, Oriol Junqueras, donde ha concluido: "Es una semana decisiva e histórica. Aprobaremos la ley del referéndum y convocaremos los ciudadanos a votar".

Es la primera vez que el president catalán admite que la ley del referéndum se aprobará esta semana y también se convocará, y ha expresado su "total apoyo" a los afectados por la citación del Tribunal de Cuentas como el expresidente Artur Mas.

Lo que no ha detallado el presidente es si la ley se aprobará en el pleno ordinario de este miércoles y jueves, o en el pleno extraordinario que JxSí y la CUP han pedido para el viernes de esta misma semana.

Puigdemont se ha escudado en que no puede explicar cuándo se aprobará la ley por respeto al poder legislativo, al Parlament, pero ha asegurado que el decreto de convocatoria se firmará esta misma semana: "Como Govern estamos preparados para firmar la convocatoria cuando tengamos el texto legal. Va a ser esta semana".

Reunión extraordinaria

Tras conocer la citación del Tribunal de Cuentas, Puigdemont ha convocado una reunión extraordinaria en la Generalitat en que han participado varios consellers, Artur Mas y los presidentes de las entidades soberanistas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

En el encuentro han constatado que el Gobierno central se siente impotente y ha dado "un salto cualitativo en su estrategia desesperada para aumentar el miedo como único instrumento para intentar frenar" el 1-O, utilizando políticamente el Tribunal de Cuentas para perseguir a cargos soberanistas, según Puigdemont.

Según él, la decisión del tribunal se basa en una "interpretación sesgada de la normativa que se salta todas las garantías procesales". Según ha dicho, el propio ente había solicitado recientemente a la Generalitat unos informes para argumentar su citación y ni si quiera se habían llegado a enviar.

Esta premura, según Puigdemont, evidencia que no es casual que "la represalia y la incautación de patrimonio" efectuada por el Tribunal de Cuentas llegue la misma semana en que se convocará el 1-O.

Aun así, ha avisado de que ya nada podrá parar la votación: "La única respuesta a los excesos del Estado es decir democráticamente que este estilo de construir estados no es el que queremos".

De hecho, ha avisado de que decisiones como las del Tribunal de Cuentas "acaban de convencer a los que tienen dudas" ante el referéndum del 1-O, en el sentido de que cree que favorecen su participación y su apuesta por una Cataluña independiente.

"Votar no es ningún delito"

Junqueras ha asegurado que la decisión del Tribunal de Cuentas es un "intento del Gobierno del PP de impedir el derecho a voto de los ciudadanos" de Cataluña, y que evidencia que el Estado está abusando de los instrumentos del Estado de derecho para frenar el 1-O.

"Hace adoptar a las instituciones papeles que no les corresponden y las fuerza a interpretar sesgadamente la ley. Pero votar no es ningún delito" y el Govern seguirá defendiendo hasta las últimas consecuencias el derecho a decidir de los catalanes, ha añadido.

Como votar no es un delito —ha proseguido—, el Gobierno central "se ve obligado a usar las instituciones de su entorno" para perseguir a los cargos soberanistas, en un intento desesperado de evitar una votación el 1-O, ha expresado.

Considera que el derecho a voto que el Govern quiere garantizar con el 1-O está reconocido nacional e internacionalmente, y que es un grave atentado a los principios democráticos que el Gobierno del PP trate de "asaltarlo".

Por eso, ha llamado al conjunto de ciudadanos de España a estar alerta ante este tipo de prácticas: "¿Quién les garantiza que no se les aplicará también a ellos el abuso que hace el Gobierno del PP contra nosotros y nuestros derechos básicos?".

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El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, han pedido este martes a los catalanes que hagan aportaciones económicas a la caja de solidaridad que crearon meses atrás para ayudar a pagar las multas y fianzas vinculadas a la organización de la consulta del 9 de noviembre.

En declaraciones a los periodistas tras reunirse con el presidente de la Generalitat para abordar la nueva citación del Tribunal de Cuentas, han afirmado que con estas aportaciones quieren apoyar los cargos y excargos señalados por este tribunal para demostrar que "la democracia no tiene precio".

Los dos dirigentes soberanistas han explicado que aprovecharán la movilización que tienen prevista para la Diada de este año para concienciar a la ciudadanía de la importancia, a su juicio, de hacer estas aportaciones "solidarias".