Díaz Ayuso y la banda

Hay cuestiones que en una democracia madura no deberían admitir la mínima discusión: alguien que no paga sus impuestos no puede ejercer un cargo público ni aspirar a él. Si además sobre ese "alguien" se acumulan evidencias de que ha buscado un trato de favor o de que ha podido cometer algún delito, lo exigible desde cualquier Parlamento, partido o medio de comunicación es que ese "alguien" afronte sus responsabilidades políticas, civiles o penales. Pues bien, estamos a punto de comprobar una vez más que España sufre un déficit de calidad democrática más que notable: PP, Ciudadanos y Vox van a nombrar presidenta de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso, ese “alguien” de la máxima confianza de Pablo Casado que debe al Ayuntamiento madrileño cinco años de IBI, que buscó tratos de favor utilizando su posición en el Gobierno de Esperanza Aguirre y que aceptó donaciones que cumplen todos los requisitos del delito de alzamiento de bienes.

Sobran motivos fundados para que Casado y Albert Rivera interrumpan sus vacaciones y eviten lo que será un nuevo episodio indigno desde un punto de vista democrático y supondrá una ofensa a sus propios votantes y a todos los contribuyentes:

1.- La investigación periodística realizada por Manuel Rico en infoLibre (ver aquí) ha documentado durante las últimas seis semanas todas las irregularidades citadas. En lugar de aclarar sus actuaciones sospechosas y sus gestiones en busca de favores o información privilegiada acerca de las empresas implicadas, Ayuso ha tirado del manual del que tanto han abusado las numerosas ranas de la charca que lideraba Aguirre en Madrid: intenta presentarse como víctima con la inestimable ayuda de medios aduladores que en lugar de comprobar la existencia de unas operaciones que afectan al dinero público de los madrileños prefieren maquillar a su Isabel la Católica (ver aquí) como perseguida por machistas y rojos peligrosos que violan su intimidad familiar.

2.- Ya que Díaz Ayuso se niega a responder a seis preguntas concretas para aclarar esas más que razonables sospechas que nada tienen que ver con asuntos privados (ver aquí), el primero que debería exigir esas respuestas es el propio Pablo Casado. Si de verdad quiere presidir un PP alejado por completo de las tramas corruptas que tanto han contribuido a su hundimiento electoral, tiene una ocasión única estos días para demostrarlo. Acepte la exigencia de los grupos de oposición que han solicitado un pleno extraordinario de la Asamblea para clarificar las actuaciones de Ayuso, de otros cargos de la Comunidad de Madrid y de la empresa semipública Avalmadrid. Pídale a Ayuso que dé la cara y asuma su responsabilidad, aplazando la sesión de investidura. En la muy improbable hipótesis de que su patrocinada demuestre que no cometió ninguna irregularidad, será elegida en fechas próximas con el ya comprometido apoyo de Ciudadanos y de Vox. Y si es incapaz de ofrecer respuestas no ya a infoLibre sino al Parlamento de todos los madrileños, la obligación de Casado no es renunciar a que su partido encabece el gobierno en Madrid, pero sí cambiar de candidata o candidato.

3.- Y ya que ni Ayuso ni Casado parecen dispuestos a hacer lo que democráticamente deben hacer, la máxima responsabilidad del disparate político que en las próximas horas se ejecutará en la Asamblea de Madrid recae en Albert Rivera, en Ciudadanos y en su líder madrileño Ignacio Aguado. ¿Qué entienden exactamente por regeneración? ¿Dónde ha quedado su compromiso con la transparencia? ¿Creen que pueden seguir escudándose eternamente en que no hay nada que aclarar mientras no haya una imputación judicial? ¿No recuerdan que ese fue siempre el escudo al que se aferró Rajoy hasta que el propio partido fue condenado como partícipe a título lucrativo de la corrupción? ¿No le parece ya a Ciudadanos que la verdadera “banda” que tanto le obsesiona es la que gobernó Madrid durante más de veinte años como si fuera un cortijo particular? La contestación interna que Rivera ha sufrido por sus pactos con la extrema derecha y por su negativa radical a hablar siquiera con el PSOE para facilitar la gobernabilidad puede ser sólo el anticipo de la factura que pagará en las urnas por tanto engaño, tanta contradicción y tanta hipocresía política. Quizás Rivera y Aguado apuestan por sostener a una presidenta débil que cargará con un lastre permanente, para dejarla en la estacada cuando lo estimen conveniente (para sus intereses, no para los de la ciudadanía madrileña).

4.- Aquí no se trata únicamente de dilucidar las responsabilidades de Ayuso por un presunto delito de alzamiento de bienes o por haber utilizado sus contactos en el gobierno madrileño buscando tratos de favor (ver aquí) sino también de que las instituciones implicadas en los hechos depuren también las responsabilidades oportunas. Y no hablamos de cuestiones prescritas ni de los tiempos de Isabel la Católica. ¿Cuándo piensa ordenar la presidenta del consejo de administración de Avalmadrid, empresa semipública controlada por la Comunidad, que se proceda contra los avalistas del préstamo de 400.000 euros impagado por los accionistas de la sociedad MC Infortécnica SL.? ¿Cuándo piensa el actual alcalde madrileño José Luis Martínez-Almeida ordenar la ejecución de la deuda (no prescrita) por los cinco años de IBI impagados por el local de oficinas propiedad en un 50% de su compañera Díaz Ayuso? (Como, por cierto, debería haber hecho el gobierno municipal anterior presidido por Manuela Carmena).

5.- Todo indica que PP, Ciudadanos y Vox (su socio y cooperador necesario para tomar el poder) pretenden enterrar el caso Ayuso con el conocido método de distorsionar los hechos probadoscaso Ayuso, establecer muros de opacidad y hacer muy complejo lo que es sencillo. Cualquier contribuyente madrileño puede hacerse tres simples preguntas: “¿Puedo yo obtener un préstamo de 400.000 euros, no devolverlo y que no me ocurra nada?”, “¿Puedo yo aceptar las donaciones de un piso y de un local de oficinas sabiendo (ver aquí) que la empresa que recibió el préstamo estaba “muerta” y que por tanto no podría devolver el dinero, de modo que me convertiría en cooperador necesario de un delito de alzamiento de bienes previsto por el artículo 257 del Código Penal?” “¿Puedo yo dejar de pagar el IBI durante cinco años sin que el Ayuntamiento me embargue para ejecutar la deuda acumulada con los intereses correspondientes?”. Las respuestas son evidentes: no, no y no.

Ya lo escribimos cuando comentamos las primeras informaciones sobre el caso Ayuso (ver aquí): un ciudadano particular puede verse envuelto, por circunstancias personales, familiares o empresariales, en irregularidades que, en todo o en parte, sean humanamente comprensibles. Lo impresentable es que alguien que haya actuado al borde o al otro lado de la ley pretenda hacer carrera política y hasta gobernar en la misma comunidad donde es morosa municipal. No busquen luego explicaciones complejas a esa galopante desafección de la ciudadanía hacia la política (ver aquí). Hacer presidenta a Isabel Díaz Ayuso, ante las evidencias ya publicadas, es un insulto a la inteligencia y un nuevo atropello a la higiene democrática.