Los ecologistas recuerdan que la medida más ambiciosa que puede tomar España por el clima es formar Gobierno

"Urgimos a la formación de un Gobierno y de un Parlamento que lo primero que haga sea aprobar la Ley de Cambio Climático. Tenemos los mimbres, pero necesitamos aprobarla".  Este martes ha coincidido la constitución de las Cortes y la segunda jornada de la cumbre del clima de Madrid, y los principales grupos ecologistas del país han decidido que Ifema sea el escenario para presentar sus prioridades de cara a la XIV Legislatura que recién acaba de comenzar. Y la prioridad más importante, a juicio de Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF es esa: constituir un Ejecutivo "que tome la lucha contra el cambio climático como un eje central de todas sus políticas". 

"Queremos que la primera medida que se tome sea aprobar esta ley de cambio climático", afirmó el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo. El Plan de Energía y Clima español (compuesto por el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático, la Estrategia de Transición Justa y el Plan Integrado de Energía y Clima) se terminó en marzo, pero la norma, que necesita el visto bueno del Congreso, se quedó en un cajón porque acto seguido se disolvieron las Cortes con la convocatoria de elecciones. Y desde entonces hemos tenido un Ejecutivo en funciones que, según la Constitución, no puede enviar a las cámaras proyectos de ley.

Tanto los ecologistas como las formaciones a la izquierda del partido que gobierna insistieron desde el primer día del nuevo Gobierno liderado por Pedro Sánchez en que el trámite era urgente: pero no llegó a tiempo. Desde entonces el Ejecutivo defiende su ambición climática, también ante el resto de países de Naciones Unidas presentes en la COP25, pero para llevar a cabo las medidas planeadas necesita, en primer lugar, dejar de ser provisional. 

"Estamos en un momento clave y no podemos perder más tiempo. Necesitamos que los políticos pongan las luces largas de una vez. La lucha climática no puede ser un objeto de lucha partidista", exhortó Del Olmo. Mario Rodríguez, director de Greenpeace España, pidió por su parte que España mejore sus compromisos de reducción de emisiones de cara a llegar a un país descarbonizado en 2040, diez años antes de la meta a la que plantea comprometerse la Unión Europea. "No sería comprensible que [los políticos] no sean consecuentes y honestos con la declaración de emergencia climática" aprobada al final de la pasada legislatura, juzgó. 

La sociedad civil intensifica sus demandas ante la evidencia de que 'los malos' van ganando en la cumbre del clima

Ver más

Por otro lado, Paco Segura (Ecologistas en Acción) y Blanca Ruibal (Amigos de la Tierra) se centraron en dos ámbitos clave, a su juicio, de la acción climática: el transporte y la fiscalidad. "El transporte es el sector que más gases de efecto invernadero genera", recordó el primero, que señaló que, en líneas generales, se necesita "más tren convencional [en contraposición al AVE], menos aviones, menos coches e ir abandonando los combustibles fósiles". Puso 2028 como una buena fecha para que dejen de comercializarse motores alimentados por gasolina o diésel, y defendió una fiscalidad que suba los impuestos a los SUV, cada vez más populares y siempre muy contaminantes. Otras prioridades son el "ferrocarril electrificado y sostenible", uno de los grandes olvidados a la hora de hablar de descarbonización, y un transporte aéreo sin subvenciones y con el queroseno gravado. 

Ruibal puso dos ejemplos de buenos impuestos verdes en uno de los países con la fiscalidad verde más baja de Europa, donde muy pocos recursos de este tipo se dedican al medioambiente: uno, el de electricidad, modificado pertinentemente "para que no paguemos todos por igual y se incentive el ahorro", y otro, el que podría gravar la ganadería industrial y especialmente "la inmensa producción de porcino", uno de los sectores que más emiten. "Que los impuestos contribuyan a que este sector no sea económicamente viable", defendió. 

Por su parte, Asunción Ruiz, de SEO/Birdlife, denunció que la biodiversidad es "la eterna olvidada en las políticas ambientales". En un contexto español en el que santuarios de la flora y la fauna como el Mar Menor o Doñana están en serio peligro, la ecologista pidió la creación de un "Consejo de Seguridad Ambiental" para que las medidas esenciales se mantengan al margen del cambio de color del Gobierno y que la cumbre del clima tenga en cuenta "las soluciones basadas en la naturaleza como la única posibilidad de que se cumpla el Acuerdo de París". "La biodiversidad no es un capricho, sino la única solución", reivindicó.