Como un bumerán

Era previsible que, más tarde o más temprano, lo ocurrido en su día con la plantilla del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Gijón, en un pleno del ayuntamiento en el que se votó la no remunicipalización de dicho servicio después de haber votado con anterioridad lo contrario, en otro pleno, se volvería al Ayuntamiento como un bumerán. Los concejales del PP, que votaron en contra de la remunicipalización, y los del PSOE e IU, que se abstuvieron, deben de estar satisfechos del protagonismo ejercido, añadiendo así un capítulo más a la telenovela interpretada tanto por la precedente corporación como por la actual.

Ya no solo por la declaración hecha a principios del mandato por la recién elegida alcaldesa Ana González –que acto seguido al anuncio de subirse el sueldo declaraba que el tema de la remunicipalización del SAD estaba zanjado–, sino también por el anuncio hecho por Aralia, empresa adjudicataria del SAD, el día 3 de este mes, en el que comunicaba que no abonaría ni la paga del mes, ni tampoco la extra de Navidad. Esta medida, según la empresa, concernía a las plantillas a nivel nacional, justificando la toma de esa decisión por una supuesta falta de liquidez.

En realidad, todo apunta, después de que las componentes del comité de empresa hayan comprobado que en otras provincias las plantillas estaban cobrando su salario con normalidad, a que Aralia decidió entablar una confrontación con el Ayuntamiento de Gijón, utilizando como rehén a la plantilla en esta ciudad. Confrontación iniciada prácticamente desde el comienzo ya que la empresa está incumpliendo, desde el 1 de julio del año pasado hasta hoy, el pliego de condiciones de obligado cumplimiento no pagando el complemento salarial previsto en dicho pliego de condiciones.

En este pulso entre Aralia y el Ayuntamiento, la primera intenta marcharse de Gijón borrando la deuda que tiene con la plantilla del SAD y obteniendo el perdón de las penalizaciones impuestas por el Ayuntamiento por su incumplimiento. Según las declaraciones en la prensa, la concejala de Bienestar Social y Derechos, Natalia González, los incumplimientos de Aralia no son un secreto para nadie y se comprobó que no solo no había problemas de pago en otros ayuntamientos, sino que Aralia consiguió otros contratos en otras ciudades.

Natalia González anunciaba el cese de la facturación de noviembre hasta que no se clarifique la situación y afirmaba que si Aralia incumpliera se iría a la rescisión del contrato (¿no lo tiene claro y cabría otra posibilidad?), como si esas medidas no fuesen evidentes. Añadía en sus declaraciones, “todos los escenarios son posibles”. ¿Incluso el de la remunicipalización del SAD? Sería sin duda alguna lo más indicado.

Respecto a ese tema, Ana Castaño, concejala de IU en la anterior corporación, una de las que se abstuvo para que la remunicipalización no se llevase a cabo, declaraba a principios de marzo de este año: "Celeridad y contundencia porque no se puede tolerar que pícaros y tramposos tengan cabida en el Ayuntamiento". ¡No me diga!

En este caso, como en muchos otros, cuando brillantes funcionarios, adalides de la privatización de los servicios públicos, ya estén al servicio de un Gobierno central, autonómico o local, como aquí, toman la decisión de privatizar un servicio público, las principales víctimas de tal desparpajo son las plantillas y los usuarios. No es extraño que después de tal culebrón en el que tanto la plantilla del SAD como los usuarios del servicio son los perjudicados, las trabajadoras del SAD anuncien protestas y movilizaciones.

Razón tienen, porque en esta sociedad capitalista en la que el dinero es rey, no existe ninguna posibilidad para los y las trabajadoras que solo disponen, en el mejor de los casos, de un salario para vivir. Los servicios públicos en ningún caso deben ser objeto de enriquecimiento, ni estar sometidos a las estúpidas e inhumanas leyes del mercado. Los servicios públicos deben servir esencialmente para satisfacer las necesidades colectivas. ____________

Mario Diego es socio de infoLibre